El PP critica que Susana Díaz “discrimine” a los sanitarios jubilados
Asegura que la congelación de sus pensiones afecta “a más de 800 profesionales sanitarios en Andalucía y casi 100 en la provincia de Córdoba”
El senador cordobés y coordinador de Política Sanitaria del PP-A, Jesús Aguirre, ha lamentado este viernes que el Gobierno que preside Susana Díaz “esté discriminando a los profesionales sanitarios jubilados”, asegurando que “llevan más de 20 años con sus pensiones congeladas”.
Aguirre, que este viernes ha mantenido un encuentro junto a la concejal popular Luisa María Arcas, con miembros de la plataforma de enfermeras y auxiliares jubiladas por el artículo 151, ha lamentando en una nota “el castigo de la Junta de Andalucía”, ya que, a su juicio, “durante 20 años los jubilados no han tenido ninguna subida retributiva en sus pensiones, a pesar de que el Gobierno de España ha subido año tras año su parte correspondiente”.
En este sentido, ha recordado que sus pensiones se componen de dos partes; una de ellas dependiente del Gobierno central, “que ha ido subiendo cada anualidad”, y la parte complementaria de la Junta de Andalucía que, “muy lejos de incrementarse, ha ido restando la subida conseguida por el Ejecutivo central”.
En su opinión, esta situación en “un completo disparate”, ya que está afectando “a más de 800 profesionales sanitarios en Andalucía y casi 100 en la provincia de Córdoba” que ven como, año tras año, “lo que les sube el Gobierno” en sus pensiones “se lo quita la Junta de Andalucía”.
En esta línea, el popular ha explicado que estos profesionales pudieron jubilarse con 60 años, habiendo tenido 25 años trabajados, pero que debido a un cambio normativo se produjo la congelación de sus pensiones, criticando que estas enfermeras y auxiliares “sufren discriminación porque esta congelación sólo continúa en Andalucía, puesto los gobierno autonómicos del resto de regiones han asumido esa revalorización”.
De esta forma, el PP ha apoyado una PNL por la que se insta al Gobierno andaluz a revalorizar las citadas pensiones y se ha comprometido a trabajar este asunto “de forma preferente”, con el objetivo de “terminar con el agravio de estos profesionales y poder revalorizarlas, al igual que las de cualquier otro trabajador jubilado”.
En este contexto, Jesús Aguirre ha apostillado que el PSOE en Andalucía “nunca ha apostado por la sanidad” y que muestra de ello es el “escaso compromiso de los presupuestos de la Junta”, que sólo destina el “30 por ciento” a políticas sanitarias.
Y es que, a su juicio, Andalucía es la comunidad autónoma “que menos invierte” por habitante en sanidad, “con sólo 1.034 euros por habitante y año” --cuando la media en España es de 1.275 euros por habitante y año--, lo que se traduce en “deficiencias, carencias y problemas” para los ciudadanos.
Además, ha lamentado que es en esta comunidad donde se encuentran los profesionales sanitarios “más denigrados económicamente”, indicando que “llevan dos años sin cobrar la paga extra además de ser los sanitarios que menos sueldo tienen de España --con contratos al 50 por ciento y 75 por ciento--, con mayor sobrecarga laboral y con peores condiciones”.
De esta forma, para el senador cordobés “el trienio negro” de Susana Díaz en la Junta “ha supuesto un castigo para la sanidad y para los profesionales sanitarios de nuestra tierra”.
TRABAJAR “POR LA SANIDAD Y POR SUS PROFESIONALES”
En este sentido, desde el PP han manifestado que trabajarán “por la sanidad y por sus profesionales, por la revalorización económica de los sanitarios y para equipararlos con los de otras comunidades autónomas”.
De esta manera, se han mostrado dispuestos a plasmar su compromiso con la sanidad en los presupuestos de la Junta “cuando lleguen al gobierno andaluz, de la mano de Juanma Moreno”.
Así las cosas, según ha sentenciado Aguirre, desde el PP “apostamos por la sanidad, no por la administración paralela del PSOE en la Junta, con fundaciones, instituciones y organismo que sólo buscan ser la agencia de colocación de algún allegado socialista”, lo que, según el popular, “tiene un coste 8.000 millones de euros para las arcas públicas de la Junta y para el bolsillo de todos los andaluces”.
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