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Los parcelistas volverán a protestar en el Pleno

Pleno del viernes de 16 de septiembre | MADERO CUBERO

Manuel J. Albert

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La Federación de Córdoba Extrarradioy la Asociación de Propietarios Nuevo Higuerón acuerdan manifestarse en la calle cada 15 días

La Federación de Córdoba Extrarradio y la Asociación de Propietarios Nuevo Higuerón han acordados este martes en una reunión seguir con la movilizaciones en demanda de servicios básicos con los que datar a sus urbanizaciones ilegales construidas fuera de ordenamiento. De esta forma, anuncian que acudirán a todos los plenos del Ayuntamiento de Córdoba “a protestar por la situación infrahumana” que dicen padecer. Asimismo, piensan convocar movilizaciones callejeras cada dos semanas. Los parcelistas avanzan que seguirán protestando “hasta que las administraciones competentes ponga fin al problema” que dicen sufrir 20.000 familias Cordobesas.

La reunión se ha tenido cuatro días después de alterar un Pleno del Ayuntamiento hasta el punto de suspenderlo varias horas por los gritos y protestas de una quincena de vecinos. Los parcelistas no se rindieron en ningún momento y protagonizaron momentos de una tensión más que elevada. Dos de ellos llegaron a sentarse en las sillas negándose al desalojo y otro incluso a saltar por encima de las sillas mientras la Policía Local trataba de calmar los ánimos. Entre gritos, reclamaban directamente porque se suspendiera la sesión y no se celebrara. En sus arengas, clamaban por que el equipo de gobierno se estaba comportando igual que el anterior del PP, cuando a la más mínima protesta se desalojaba el salón de plenos.

Tras estos altercados, los propietarios han anunciado que este martes han interpuesto una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, “por vulneración de derechos fundamentales para la vida: el agua, el saneamiento y la electricidad. ”El Estado Español tiene la obligación de obligar a la Comunidad Autonómica Andaluza al cumplimiento de estos derechos para sus ciudadanos y no de hacer oídos sordos como viene haciendo desde hace mas de 30 años“, dicen los parcelistas. Por eso, solicitan al Tribunal de Estrasburgo que ”condene al estado español por vulneración de derechos fundamentales para la vida y obligue al Estado Español a cumplir los tratados internacionales y el Convenio Europeo de derechos Humanos“.

Por último, los parcelistas han acordado reuniones con las distintas fuerzas políticas, “tanto a nivel local como andaluz para intentar llegar a un acuerdo urgente para la solución del problema que están sufriendo las distintas familias de las barriadas periféricas de Córdoba”. Los vecinos consideran que “es necesario para la solución del problema sentar a todas las partes implicadas, Gobierno Andaluz,

Delegado del Gobierno en Andalucia, Representantes de todas las Fuerzas Políticas Andaluzas, Defensor del Pueblo de Andalucia y Asociones de Vecinos afectadas“.

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