Las Marchas de la Dignidad denuncian las consecuencias del “colapso” de los juzgados de lo Social

Protesta de las Marchas de la Dignidad en la Ciudad de la Justicia | TONI BLANCO

Las Marchas de la Dignidad han denunciado este viernes con una protesta ante la Ciudad de la Justicia “el colapso” que sufren los juzgados de lo Social de Córdoba y las consecuencias de esta situación, por lo que han reclamado que se aumente el número de juzgados y del personal dedicado a este ámbito judicial.

Un grupo de integrantes de las Marchas de la Dignidad ha participado en la protesta, que han puesto en el retraso que conlleva la lentitud de la justicia en lo Social. “Procedimientos en materia de vulneración de derechos fundamentales, altas médicas, despidos o reclamaciones de cantidad que tardan más de dos años en obtener respuesta, y que producen tanto un efecto desmoralizador en los trabajadores, como un sentimiento de impunidad para los empresarios”, señalaban.

Desde las Marchas de la Dignidad se señala que “es habitual que las empresas, conocedoras de la situación, utilicen ésta para forzar acuerdos por debajo de ley o convenio bajo la advertencia de que la tardanza existente en los juzgados hará demorar gravemente la resolución del asunto. En definitiva, el retraso judicial se está convirtiendo en un factor más a la hora de negociar, el cual es utilizado por parte de las empresas con el fin de continuar precarizando aún más las condiciones de sus empleados”.

Denuncian que hay señalamiento hechos ya para el año 2023 y que existen otros procedimientos de vital importancia para el trabajador y que se enlazan directamente con su derecho a su salud e integridad física, como son los procedimientos de altas médicas o incapacidad permanente, también perjudicados por la situación de los juzgados.

“Pérdida de empleos”

“Trabajadores que son dados de alta por la inspección médica deben esperar entre seis meses y un año para obtener una resolución firme que diga si son aptos o no para trabajar, con la consiguiente repercusión económica que ello genera para el empleado que deja de percibir una prestación y que, en no pocas ocasiones, termina perdiendo injustamente su puesto de trabajo debido a su notoria incapacidad laboral”, aseguran.

Además, la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha ocasionado que este retraso judicial “se vea aún más agravado, con señalamientos más postergados en el tiempo, justo en una situación social en la que la clase trabajadora se encuentra aún más indefensa y en la que requiere del auxilio de unas instituciones que, ya sea para bien o para mal, responden extremadamente tarde a sus necesidades”.

Advierten igualmente, de que la situación de pandemia hace prever “que estamos cada vez más cerca de una avalancha de despidos ocasionados por la grave crisis económica que padecemos, lo que va a terminar de colapsar la agenda de los juzgados”.

“Si la justicia no es rápida, no es justicia. Si queremos evitar una degradación aún mayor de los derechos laborales es necesario que los juzgados de lo social de Córdoba tengan a su servicio a más personal. Asimismo, es urgente que se proceda a la creación de nuevos juzgados que sirvan tanto para descargar de trabajo al resto de juzgados, como para asumir la llevanza de nuevas reclamaciones, de manera que se reduzca el atraso en los señalamientos y, de esta manera, dar una solución real, efectiva y práctica a los trabajadores de la provincia”, concluyen.

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