Una trabajadora despedida tras denunciar acoso, a la espera año y medio después para cobrar la indemnización

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Una cordobesa, trabajadora de la cadena de supermercados Mas&Go, lleva año y medio esperando poder cobrar la indemnización que el juzgado estableció tras darle la razón en una demanda interpuesta por despido nulo, despido que se produjo después de que la empleada denunciara en su empresa haber sido objeto de acoso. El Juzgado de los Social número 1 de Córdoba declaró el despido nulo y estableció una indemnización para la trabajadora, pero la sentencia fue recurrida por la empresa y, desde entonces, la empleada se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía responda al recurso interpuesto y pueda cobrar la indemnización.

La trabajadora fue despedida en 2019. Meses antes, había denunciado ante su empresa haber sufrido acoso por parte de una de sus superioras. La empresa emitió un informe señalando que no se había producido tal acoso, pero la trasladó a otro establecimiento del que poco después, fue despedida. Y contra ese despido interpuso la demanda que ganó en los juzgados, por la que la empresa tuvo que readmitirla y el juez estableció, en la sentencia emitida en 2021, una indemnización que aún no ha cobrado, pendiente del recurso ante el TSJA. La afectada señala que la indemnización asciende a 20.000 euros.

Ante esta demora, la trabajadora ha decidido recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha aceptado su queja a trámite. Sin embargo, este mismo le ha transmitido a la solicitante que tampoco ha obtenido respuesta por parte del juzgado. Una situación en la que según asegura la cordobesa, “están incumpliendo la Constitución y por tanto, cometiendo también un delito por no contestar al Defensor del Pueblo”.

Según ha señalado, el plazo máximo para resolver un asunto relacionado con la vulneración de los Derechos Fundamentales “es de seis meses” y “tienen que tener prioridad”. Desde la administración le explican que hay “atasco y falta de personal”. El recurso, admitido por el TSJA en julio del pasado año, podría ser resuelto en un plazo entre 18 y 24 meses según le han trasladado a la afectada.

Además, la demora en la resolución del recurso, le afecta en su puesto de trabajo en el que fue readmitida en enero de 2021. “Los jefes no me pagan lo que pone en el convenio, me cambian las funciones”, explica. “Lo bueno es que mientras estén en procedimiento no me pueden echar, pero estoy cansada y yo tampoco me puedo ir con una mano delante y otra detrás”. Por último, aclara que no le han puesto al día con los salarios de tramitación, y que fue despedida “sin los papeles del paro y no pude cobrarlo”.

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