Intervención insta al Ayuntamiento a reclamar compensaciones por la “ocupación” de Caballerizas Reales

El órgano de control interno del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido un informe en el que advierte de la situación irregular en la que se encuentra el edificio de Caballerizas Reales y en el que insta al equipo de Gobierno a a regularizar de forma inmediata la “ocupación” de las Caballerizas Reales y a exigir a la Asociación Córdoba Ecuestre el abono de compensaciones económicas por el uso de este espacio de dominio público, sin título jurídico habilitante y sin contraprestación alguna.

El informe definitivo de control financiero, que se aprobó en el pasado Pleno Ordinario de marzo -días antes de que saliera a la luz el informe de los bomberos sobre el estado del emblemático edificio en términos de seguridad-, se centra en analizar el ejercicio 2022. Desde entonces, el Ayuntamiento ha asumido la propiedad sin que la cesión en precario del edificio haya cambiado.

Así, la auditoría pone de manifiesto que durante todo el año 2022 y en ejercicios posteriores la Asociación Córdoba Ecuestre ha continuado utilizando las instalaciones en una situación de precariedad jurídica. Además, el dictamen fiscalizador subraya la relevancia de este uso, al comprobar que la citada asociación realiza en su interior “actividades con aprovechamiento económico” que, además, “limitan el acceso de terceros al bien”.

Entre ellas, se enumeran las visitas turísticas a las Caballerizas Reales, cursos de formación y la organización de eventos de gran afluencia como Cabalcor (Feria del Caballo de Córdoba), la Copa de Navidad y la Marcha Hípica.

Ni canon ni renta

A juicio del órgano fiscalizador, estas actividades generan ingresos para la asociación privada (que está participada, recordemos, por el Ayuntamiento de Córdoba a nivel institucional), mientras que la ocupación del espacio de dominio público no reporta ningún ingreso al Ayuntamiento —ni en concepto de canon ni de renta—, lo que, según el informe, supone un “perjuicio económico” para las arcas municipales.

La Intervención destaca, además, que esta situación es de “público y notorio conocimiento”, como evidencian incluso los elementos de promoción de los propios eventos. Por ello, concluye de forma tajante que el Ayuntamiento debe “reclamar los conceptos que correspondan por el uso de un bien de dominio público municipal sin título jurídico habilitante”.

El informe detalla, además, que, durante el trámite de alegaciones a la auditoría provisional, los servicios gestores municipales —en concreto, la Dirección General de Gestión y Administración Pública— señalaron que se encuentra en tramitación una concesión demanial del inmueble a favor de la asociación. Según el Consistorio, este procedimiento está pendiente de informes de adecuación urbanística y de valoración por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y podría resolverse en el primer semestre de 2026.

Sin embargo, la Intervención General rechaza esta justificación. De hecho, el órgano de control señala que no se ha aportado documentación que acredite el estado real de dichos trámites. En consecuencia, aunque valora la intención de regularizar la situación, la Intervención mantiene en su informe definitivo tanto la existencia de la irregularidad como la sugerencia de reclamar las cantidades derivadas del uso en precario del inmueble.