El Ayuntamiento pierde ingresos por no controlar sus espacios municipales cedidos a terceros

La Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido un dictamen global desfavorable sobre la gestión que el Consistorio hace de una treintena de espacios o edificios municipales que tiene cedidos a terceros, ya sean empresas o asociaciones con o sin ánimo de lucro. El documento, el primero en el que el órgano fiscalizador se centra en este tipo de concesiones, analiza concretamente el ejercicio 2022, aunque poco ha cambiado desde entonces la situación en la mayoría de edificios que analiza.

A título general, el informe (de 175 páginas) es bastante duro, y advierte de que el Ayuntamiento sufre un claro perjuicio económico en 25 de los 30 expedientes analizados. Para la Intervención, la calidad de la gestión es mejorable en la mayoría de espacios propiedad del Ayuntamiento que gestionan otras empresas o asociaciones. El informe pasó por el último Pleno Ordinario. Una vez hecho público, se ha podido comprobar que, a juicio de este organismo, el Ayuntamiento o bien pierde o bien deja de generar ingresos en la inmensa mayoría de sus espacios públicos cedidos a empresas o asociaciones.

Se argumentan varios motivos. Entre ellos, el uso en precario de bienes municipales con el contrato caducado (lo que conlleva el cobro de rentas absolutamente desactualizadas), la ocupación directa sin ningún título jurídico (sin abonar cantidad alguna), los importantes retrasos en la liquidación y el cobro sin aplicar penalidades, y la falta absoluta de facturación de las rentas estipuladas.

El documento fiscalizador destapa situaciones de “ocupación irregular” -el término es literal- sumamente llamativas. Al ser de 2022, señala los casos de las Caballerizas Reales y el Estadio Municipal El Arcángel, en los que Córdoba Ecuestre y el Córdoba CF ejercían su actividad sin constancia de un título jurídico habilitante y sin pagar ningún canon o renta al Ayuntamiento. En el caso del estadio, esta “ocupación” ya se ha regularizado, mientras la situación en Caballerizas Reales, que data de hace 16 años, todavía puede tardar un tiempo en arreglarse.

Concesiones caducadas, pagos fuera de plazo

Por otro lado, la auditoría documenta una preocupante inacción municipal ante concesiones que caducaron hace años, pero que siguen operando con el consentimiento tácito del Ayuntamiento. Un claro ejemplo es el del quiosco en los Jardines de la Agricultura, conocido como Bar Playa, cuyo contrato expiró definitivamente en noviembre de 2014 tras agotar todas sus prórrogas, pero que el entonces adjudicatario sigue explotando a día de hoy en situación de precario.

En la misma situación de caducidad y continuidad en precario operan o han operado otros recintos como el Mirador del Río (que lleva una empresa a la que el Ayuntamiento intenta desalojar, de momento sin éxito) o el Bar Kamaleónika (a la que también se ha ordenado que desaloje).

Una buena parte de las irregularidades tienen que ver con retrasos en el cobro del canon o la renta por el uso de los espacios públicos cedidos. Es el caso del Mercado Victoria, un emblema de la gastronomía y el ocio en la capital y que, según refleja en su informe la Intervención, supone un claro perjuicio económico para el Ayuntamiento provocado por un cúmulo de irregularidades en su gestión.

Así, refleja el documento que, aunque durante las alegaciones se demostró que el Consistorio sí llegó a cobrar las doce mensualidades del canon correspondientes a 2022, se detecteó la falta de un acta de inicio formal de la actividad que determine los plazos exactos, la omisión en la repercusión del 21% de IVA exigible legalmente, deficiencias y falta de acuerdos expresos formales para la revisión de las cuotas, y el retraso sistemático en los pagos mensuales por parte del concesionario sin que el consistorio le aplique las penalizaciones de 2.000 euros estipuladas en el propio contrato.

Caos administrativo y falta de comunicación

En su análisis, la Intervención General evidencia la ausencia de un sistema de información centralizado para gestionar estas concesiones, advirtiendo de que los datos manejados por los distintos departamentos (Gestión Tributaria, Contratación y Patrimonio) resultan “incompletos, dispares e incluso contradictorios”. El informe expone que es una “práctica habitual” que el Ayuntamiento no levante actas de recepción o de entrega de llaves al finalizar los contratos, lo que fomenta que los empresarios prolonguen su estancia de forma irregular en los espacios de dominio público.

Además, se denuncia que los concesionarios acumulan retrasos de meses o incluso años en el pago de sus cánones sin que el Ayuntamiento ejecute las medidas correctivas, resuelva los contratos o imponga las penalizaciones que figuran por escrito en los propios pliegos.

Igualmente, cuando corresponde actualizar las rentas mediante el IPC u otros indicadores, en la inmensa mayoría de los casos el Ayuntamiento no realiza el trámite o lo hace de forma deficiente, cobrando cánones obsoletos y ajenos al valor de mercado.

Al final, la auditoría refleja que en aquel año, solo hubo cinco empresas u organizaciones que hicieron todo conforme al contrato. Son las siguientes: la Torre de La Calahorra, gestionada por la Fundación Paradigma, el Mercado Temático, los estacionamientos subterráneos de avenida del Aeropuerto, la tienda de recuerdos anexa a la Posada del Potro, y el Mercado de la Corredera.