Así serán los recortes en inversiones y gasto del Ayuntamiento de Córdoba en los dos próximos años

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado recientemente el Plan Económico Financiero (PEF) para el bienio 2026-2027, una maniobra obligada legalmente tras el incumplimiento de los objetivos de estabilidad y la regla de gasto durante el ejercicio 2025. Según el informe de Intervención que acompaña al decreto de liquidación, el Consistorio cerró el año anterior con una necesidad de financiación de 5,6 millones de euros y un exceso de gasto de 6,24 millones sobre el límite permitido. Este desajuste ha forzado un plan de choque que la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, define como “ajustes técnicos” para recuperar la estabilidad, aunque la oposición lo califica de “desaguisado” y critica los “recortes” en servicios e inversiones que conlleva.

Una de las medidas más contundentes del plan es la declaración de indisponibilidad de 13 millones de euros en créditos de inversión para 2026, reduciendo la partida inicial de 22 millones. El ajuste afecta de manera exhaustiva a casi todas las dependencias municipales. La Gerencia Municipal de Urbanismo lidera la lista con un recorte de 4,5 millones de euros en sus inversiones, seguida por la empresa pública Sadeco, que ve bloqueados dos millones de euros. El deporte también sufre una merma importante con 1,3 millones menos para las inversiones del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), mientras que el área de Inclusión y Accesibilidad experimentará una reducción de 1,17 millones de euros, de los cuales un millón correspondía a inversiones generales.

El goteo de fondos bloqueados se extiende al mantenimiento de edificios públicos y centros escolares, con una bajada de 721.086 euros, y al departamento de Presidencia, que pierde 508.000 euros de su presupuesto inversor. Por su parte, la seguridad ciudadana verá reducido su gasto en 351.000 euros, destinados mayoritariamente a la Policía Local. La cultura cordobesa también se ve afectada: el área general de Cultura pierde 300.000 euros, los Museos Municipales 250.000 euros y las Bibliotecas Municipales otros 166.000 euros. Áreas como el Alumbrado Público y el Zoológico Municipal también sufren un recorte de 300.000 euros cada una en sus planes de mejora.

La red de atención y servicios básicos no queda exenta del ajuste, con recortes de 250.000 euros en Servicios Sociales —centrados en la inversión en centros sociales— y de 192.300 euros en el área de Juventud. El fomento económico y el turismo aportan su parte con recortes de 103.274 euros en el Imdeec y de 17.000 euros en el Imtur. Además, se han declarado indisponibles 159.586 euros en Participación Ciudadana, 150.000 euros en el IMAE y 100.000 euros en Movilidad. Incluso las diez Juntas Municipales de Distrito (del Distrito 0 al 9) verán mermadas sus partidas para mobiliario, reparaciones e inversiones en una suma conjunta aproximada de 47.000 euros.

Otros ajustes detallados en el plan incluyen 20.000 euros menos para la televisión municipal (TVM), 15.000 euros en Comercio, 10.350 euros en Cooperación y Solidaridad, 9.000 euros en Educación y 6.600 euros en Vía Pública. Asimismo, se reducen fondos en Gestión (3.000 euros), Recursos Humanos (20.000 euros), Salud Laboral (24.000 euros) y la oficina de consumo OMIC (2.000 euros). A este escenario se suma la transferencia de liquidez desde las empresas y organismos municipales al Ayuntamiento para corregir sus ratios de ahorro: 6 millones de la Gerencia de Urbanismo, 1,38 millones del IMAE, 1,2 millones del Imgema, 820.000 euros del Imdeco y 500.000 euros del Imtur.

Finalmente, el gobierno municipal reducirá drásticamente su recurso al crédito bancario, pasando de los 22 millones de préstamos inicialmente presupuestados a solo 12,3 millones para el ejercicio 2026. Además, se ha prohibido el trasvase de ahorros en gastos de personal (capítulo uno) hacia otras partidas, lo que se espera que genere un ahorro de 5 millones de euros adicionales. Aunque Torrent insiste en que no se cancelan proyectos sino que se reprograman y se priorizan aquellos con financiación externa o ligados al programa Edilquivir, la oposición ha criticado duramente esta gestión que obliga a aplicar un plan de ajuste por haber incumplido la ley.