La Junta reclama al Ayuntamiento 7 millones por el Centro de Visitantes
Culmina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno andaluz y el Consistorio sobre la futura gestión del edificio construido en la Puerta del Puente
Las relaciones están rotas. La Junta y el Ayuntamiento de Córdoba no se han puesto de acuerdo tras la reunión mantenida ayer en la Delegación de Fomento y Vivienda para intentar buscar una solución que complazca a ambas partes, pero fue imposible. El Ayuntamiento sigue decidido a continuar con la adjudicación del edificio y la Junta convencida de que el convenio firmado entre ambas administraciones está roto. Por eso, el Gobierno andaluz reclamará la devolución del edificio y de los casi siete millones de euros que costó.
Ahora, la situación se complica. El Gobierno andaluz esgrime que la cláusula número 13 del convenio firmado entre ambas partes en 2006 considera que las incidencias pueden resolverse con el acuerdo de las partes y que de no lograrse, el Gobierno andaluz tiene la potestad de tomar una decisión. Ésta podrá ser reclamada por el Ayuntamiento, pero ya en los tribunales de lo Contencioso Administrativo. La Delegación de Fomento, por tanto, tendrá que comunicar su decisión a través de una resolución ejecutiva, es decir, de obligatorio cumplimiento por parte del Ayuntamiento.
Ayer, el Consistorio se negaba a dar su brazo a torcer y comunicaba que iba a seguir adelante con la cesión, según informó a través de una nota de prensa Rafael Navas.
“El edificio se destina a un uso distinto del previsto en el convenio, lo que obligaría al Ayuntamiento a reintegrar las cantidades aportadas para su construcción por la Junta de Andalucía, en caso de que no fuera posible el mutuo acuerdo al que se refiere la estipulación decimotercera del propio Convenio. Es decir, más de seis millones de euros”. Ésta es la conclusión de la Consejería de Fomento y Vivienda después de analizar el pliego del Ayuntamiento para la cesión y gestión del edificio del Centro de Visitantes de la Puerta del Puente, que ha pedido al Consistorio que paralice el trámite administrativo.
Este informe detalla que se ha producido una “desnaturalización del contenido del uso esencial y de la función social del edificio” ya que “los pliegos establecen una serie de usos para cada uno de los espacios del edificio que no se corresponden con los establecidos en el Proyecto aprobado por la Consejería y por el Ayuntamiento”, asegura el documento.
También se insiste en que se han desvirtuado “las funciones asignadas al Consorcio de Turismo de Córdoba respecto al Centro de Recepción de Visitantes” ya que no consta que se vaya a articular el preponderante papel del Consorcio de Turismo de Córdoba en la gestión del edificio en cuestión“.
En otro punto, el documento se centra en una “posible inadecuación de la figura contractual empleada para la explotación privada de los servicios y equipamientos acordes al uso del edificio”. En este sentido, precisa que “la fórmula empleada en la licitación municipal ha sido la de la concesión de dominio público, mediante procedimiento abierto y tramitación de urgencia, pretendiendo establecer sobre el edificio un uso privativo y temporal completo del mismo a través de una entidad o empresa particular durante 15 años, prorrogables a otros 15 más, en lugar de ser destinado a un uso público, como corresponde con su naturaleza de Equipamiento General”.
Por todo, el informe concluye que “consideramos que la tramitación urgente planteada por el Ayuntamiento limita el plazo para la concurrencia de propuestas, cuando no existe necesidad inaplazable o de adjudicación por la que sea necesario acelerar el proceso”.
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