El juez ordena investigar los contratos de un funcionario

El magistrado Rodríguez Lainz amplía la imputación contra el exjefe de mantenimiento y obras del Instituto Municipal de Deportes y ordena a la Policía Judicial nuevas diligencias de investicación | Se le acusa de un presunto delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”

El titular del juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha ampliado la imputación al que fuera jefe de servicios de mantenimiento y obras del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (MD), R. B., al que se le considera responsable de un presunto delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, y ha ordenado a la Policía Judicial a que investigue un numeroso número de contrataciones que este empleado habría llevado a cabo hace años. El juez sigue adelante así con una investigación que surgió tras una denuncia por las presuntas irregularidades y defectos en la obra del Complejo Deportivo Azahara.

El caso de las deficiencias en la obra del Complejo Deportivo Azahara se remonta a comienzos del 2009. Entonces, se denunció que este funcionario fue clave en la mesa de contratación para la adjudicación del contrato a una de las empresas. En una investigación posterior el Ayuntamiento constató “irregularidades en la adjudicación y control de éstas y otras obras en las que había intervenido este funcionario, y que habían sido adjudicadas a empresas con las que Arqtec (de la que el trabajador es administrador) había facturado supuestos trabajos”. De hecho, el Consistorio detectó deficiencias en la construcción del complejo deportivo. Los hechos se pusieron en conocimiento del Ministerio Fiscal, en noviembre de 2013, que estimó la posible comisión de un delito y cifra el quebranto económico a las arcas municipales entre 83.837 y 124.088 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

Ahora, y tras las primeras diligencias practicadas, el juez asegura que “se han podido constatar indicios que apuntan a que el encartado pudiera haber utilizado datos de identificación de empresas para las que previamente habría trabajado por diversos conceptos con la finalizada de convertirlas en licitadores ficticios que posteriormente obtenían la contrata probablemente, como será objeto de investigación, tras la emisión de informes favorables”. Rodríguez Laínz considera que este funcionario “no solo habría participado en esas supuestas operaciones, sino que falsificando documentos y simulando la participación en contratas municipales para nada relacionadas con el mundo de la obra civil, o incluso sí, habría conseguido convertirse en contratista de hecho”. El magistrado llega afirmar que el trabajador municipal habría obtenido “un beneficio ilícito por la contrata misma, aparte de imputar costes no precisamente escasos por asesoramiento o dirección técnica, que en ocasiones siquiera han sido declarados como IVA repercutido”, según la información facilitada por la Agencia Tributaria.

La investigación del juez se centra ahora en el periodo entre 2010 y 2012, cuando el imputado habría, supuestamente, favorecido la contratación de varios expedientes con diversas empresas. Así, el juez libra un oficio para que investigue un total de 17 contrataciones con otras tantas empresas, y tome declaración a los propietarios y trabajadores de las mismas para determinar si los contratos están bien hechos o no. Así, el juez quiere saber si todas esas empresas llegaron a participar efectivamente como licitadores (o sus datos fueron usados de forma fraudulenta), si llegaron facturar con la empresa propiedad del encartado y “determinar al contratista real” de las obras que se acometieron.

Por otra parte, el juez también ha librado un oficio a la Agencia Tributaria para que determine si ha podido existir algún tipo de fraude en la tramitación de las facturas de la empresa propiedad del imputado. Además, el magistrado reclama al Ayuntamiento de Córdoba los expedientes de contratación de obra civil en los que R. B. “hubiera emitido informe favorable para la concesión de la contrata a las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias”. Por último, lo cita a declarar en calidad de imputado y ante la ampliación de la causa el próximo 9 de septiembre ante el Juzgado.

Polémica readmisión

Estos hechos provocaron en su día un expediente disciplinario de tres años de suspensión de empleo y sueldo contra el responsable del servicio de Mantenimiento y Obras del organismo municipal que recurrió la sanción ante el juzgado de lo Social, número 2, que obligó al Ayuntamiento a su readmisión con una polémica sentencia en la que se llamaba burros a los políticos.

La sentencia, dictada a principios del año 2013, consideraba que R. B. no era sino una víctima del desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, y para demostrarlo utilizó un curioso símil equino: “Se cumple el proverbio que dice que cuando se pelean los burros, y eso es lo que da la impresión a este juzgador, que lo burros se han peleado y paga el arriero, que en este caso no es otro que el empleado público”. El TSJA ratificó el fallo meses después.