Un juez abre diligencias tras la denuncia de un socio del Parque Joyero

Fachada del Parque Joyero de Córdoba, que cumple diez años.
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba llama a declarar en noviembre a todo el comité directivo de la Agrupación de Interés Económico (AIE) del recinto

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha abierto diligencias tras la denuncia de uno de los socios expulsados en marzo de este año de la Agrupación de Interés Económico (AIE) del Parque Joyero de Córdoba. Según ha podido saber este periódico, el juez ha llamado a declarar a los 12 miembros del comité directivo de la AIE del Parque Joyero en calidad de imputados. El magistrado quiere saber si se ha podido cometer algún tipo de delito fiscal en la gestión de esta agrupación.

Según las fuentes consultadas, un socio expulsado de la Agrupación de Interés Económico del Parque Joyero interpuso una querella contra los gestores de la misma, acusándoles de haberle negado la posibilidad de consultar las cuentas de la entidad. Tras el análisis de la documentación presentada, el juez, lejos de archivar la denuncia, ha decidido abrir diligencias y aclarar si se ha producido algún tipo de irregularidad contable en la gestión, polémica tras la expulsión de 22 socios por impago (entre ellos Rafael Gómez Sánchez) en una asamblea en marzo.

Según adelantó ayer este periódico, formalmente, los 22 socios expulsados en marzo de este año de la Agrupación de Interés Económico (AIE) del Parque Joyero de Córdoba no lo están. Al menos, no lo están donde tienen que estar. El Registro Mercantil de la Provincia de Córdoba admite a través de un escrito, solicitado por un grupo de socios expulsados, que "no consta" "base documental" de la asamblea que se celebró el 31 de marzo.

El 31 de marzo pasado, la asamblea decidió expulsar a 22 de sus más de 100 socios (ahora apenas superan los 80) por impagos. Entre los expulsados estaba el joyero más famoso de la ciudad, y además el principal impulsor del recinto, Rafael Gómez Sánchez alias Sandokán. Desde entonces, un grupo de socios se ha unido al considerar injusta la expulsión y han reclamado, incluso, la celebración de una nueva asamblea. Sin éxito.

No obstante, el documento del Registro Mercantil de Córdoba abre un nuevo episodio. Las agrupaciones de interés económico de España están obligadas a registrar en documento público sus actos, como son, desde luego, las actas de una asamblea en la que acaban perdiendo su condición de socios 22 personas o entidades jurídicas.

El Reglamento del Registro Mercantil es claro en el asunto. El artículo 266 afirma que "la separación de un socio por mediar alguna justa causa prevista en el contrato, se hará constar en escritura pública otorgada por el propio interesado, en la que consten la causa alegada y la notificación fehaciente a la agrupación", algo que no ha ocurrido, según el documento del Registro Mercantil al que ha tenido acceso este periódico.

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22 de septiembre de 2014 - 07:23 h
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