Los jueces piden un juzgado “bis” ante la “avalancha” de las cláusulas suelo

Los jueces de Primera Instancia de Córdoba consideran que “no es una idea descabellada la especialización temporal” que plantea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la previsible “avalancha” de demandas sobre las cláusulas suelo, pero creen que “hay que crear un juzgado bis, en vez de descargar sobre un solo juzgado a nivel provincial, con la carga de trabajo que tiene”.

En declaraciones a los periodistas, el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, ha explicado que “para evitar que el juzgado ya existente se colapse, ante la carga de trabajo ordinaria, sería más razonable crear un juzgado bis, anejo al juzgado que se elija, que se encargara solo y exclusivamente de las impugnaciones de las condiciones generales de contrataciones”.

En este sentido, ha remarcado que los jueces de Primera Instancia “no difieren en el espíritu del plan para la solución ante las avalanchas, pero sí en la forma de ejecutar la medida”, puesto que se prevén “miles de demandas”, aunque es algo que “va a depender mucho de las negociaciones de los bancos con los clientes”, ha apostillado.

Al respecto, ha detallado que el año pasado hubo unas 800 demandas de nulidad de cláusulas suelo por condiciones generales de la contratación en la capital cordobesa, y en lo que va de año ya se superan las cien demandas y es poco más de un mes, de manera que “esto va en alza”, ha resaltado.

También, ha apuntado que “se presume que va a haber una cantidad de avalancha” en “las reclamaciones de los gastos de notaría, registros y gestoría de las hipotecas”, porque “en teoría, conforme a la ley, beneficiaban al banco”, aunque es “algo que está por discutir todavía”, ha apuntado el magistrado.

EL PLAN

La solución que contempla el CGPJ consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

El Consejo considera que el plan debería ponerse en marcha el día 1 de junio, de modo que los juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.

Según el CGPJ, el Juzgado de Primera Instancia elegido se reforzaría con los jueces de adscripción territorial temporal, los secretarios de la administración de justicia y los funcionarios que fuesen necesarios, porque “si no es así, sería imposible”, según ha explicado el juez decano.