IU alerta de que los nuevos precios de Emacsa conducen a su privatización

Instalaciones de Emacsa en la central de Villazul.
La coalición critica que la empresa haya pasado de las tasas anteriores a precios privados y denuncia que los cordobeses pagan entre un 15 y un 20% más en su factura de lo que deberían

IU alertó ayer de que los nuevos precios de la empresa municipal de aguas de Córdoba Emacsa “conducen a su privatización”, según su portavoz municipal, Francisco Tejada. El concejal denunció que “hasta ahora” las “tasas que aplicaba Emacsa se ajustaban al coste del servicio”, pero a partir de ahora ya no es necesario. En este sentido, Tejada acusó al alcalde, José Antonio Nieto, que es el alcalde de esta empresa pública de “meterle la mano en el bolsillo a los cordobeses” al “cobrarle por el agua más de lo que cuesta”.

De hecho, Tejada sostuvo que en 2012 y 2013 Emacsa presupuestó un coste del servicio muy superior para “inflar los ingresos”. Así, finalmente se lograron casi nueve millones de superávit en el último ejercicio “cuando la facturación es de 43 millones de euros”. Según Tejada, esto supone un “sobreprecio” en la factura a Emacsa de entre un 15 y un 20%.

Por otra parte, y como avanzó este periódico, sigue el enfrentamiento entre el Consejo Social y el Ayuntamiento, y más concretamente con la empresa municipal de aguas, Emacsa y la decisión para el próximo año de cambiar de tasa a precio privado la tarifa del recibo del agua. Esta discrepancia ya se expresó en el dictamen de las ordenanzas fiscales el pasado mes de julio y causó un importante enfado en el seno del gobierno municipal y de Emacsa. De hecho, el voto de los componentes del Consejo Social a aquel informe, tuvo como efecto colateral ya que CECO, representada por Carreto, también votó a favor, provocando la baja voluntaria de Emacsa como miembro de la Confederación de Empresarios, ya que no se sentían defendidos: “No pagamos a cambio de nada”, señaló Nieto.

En este nuevo informe se insiste en lo ya dicho en el informe del pasado mes de julio, y para ello se toma como base las recomendaciones del Consejo de Reclamaciones Económico Administrativas (CREA) según la cual  cualquier cambio que se afronte en cualquier ámbito de la gestión municipal, “debemos creer que todos los cambios tienen un sentido y buscan una finalidad: al de ofrecer una solución adecuada para el interés públicos y para los ciudadanos que la existente hasta ese momento”.

Y esto, con el cambio de tasa a precio privado, no está justificado, ya que “ni el Ayuntamiento ni Emacsa exponen en ningún momento cuáles son las soluciones o mejoras ofrecidas al interés público” algo que llama la atención de los miembros del consejo porque en el documento sobre los precios del agua para este año “se incorporó un informe de 66 páginas”; este hecho lleva al Consejo, según sus palabras a posicionarse en el “escepticismo” y a reclamar que “si los cambios tendrán lugar en el futuro estos deben ser explicados cuando se produce la modificación-esto es ahora-”  porque “una actuación contraria hace que los ciudadanos desconozcan los motivos que los han propiciado”.

Junto a esto, el dictamen ahonda en la falta de explicaciones del Consistorio y de Emacsa y reclama “el preceptivo informe Económico-Financiero que ponga de manifiesto los costes y los rendimientos de los servicios”. El dictamen del Consejo Social reclama que se le remita este documento y, una vez que lo tenga en su poder anuncia que elaborará un nuevo informe para valorar los efectos sobre los contribuyentes.

Y es que la indefensión a la que se aludió en el informe de julio vuelve a ponerse encima de la mesa en este nuevo dictamen en el que el Consejo Social “considera que deben tenerse en cuenta los perjuicios que pueden sufrir las familias más desfavorecidas por el corte de un suministro básico”. Es por esto que el informe del órgano consultivo solicita de nuevo al Ayuntamiento que “con la finalidad de evitar el perjuicio a las familias más desfavorecidas” se ponga en marcha un mecanismo alternativo que evite el corte del suministro para aquellas economías domésticas cuya renta no supere el umbral de un tercio del IPREM por miembro de la unidad familiar“.

Al final, la conclusión es la misma que en el mes de julio: “El Consejo Social sigue pensando que hubiera sido mejor que las prestaciones de estos servicios se regularan como tasa. Fundamentalmente por las mayores garantías para los ciudadanos”.

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