Lo que Gómez oculta en su caja fuerte

Rafael Gómez, Carlos Baquerín y Alburquerque, el día en que tomaron posesión como concejales, en junio de 2011. | MADERO CUBERO
Un documento desvela el “compromiso confidencial de lealtad” que los miembros de la lista de UCOR firmaron antes de las municipales y en el que se fijaban los 100 millones de euros de cláusula

La traición se paga. Y en el caso del partido de Rafael Gómez, la cifra es mareante: 100 millones de euros. Fichar a un concejal de Unión Cordobesa solamente es equiparable a los traspasos de los Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Neymar y, como si del contrato de un megacrack futbolero se tratase, los acuerdos de lealtad de todos los miembros de la lista de UCOR se guardan a buen recaudo en la caja fuerte de Arenal 2000, sede del partido.

Del compromiso entre Gómez y sus leales se conocían sus líneas básicas, en especial la multimillonaria cláusula, pero ésta es la primera vez que el documento sale a la luz. Este periódico ha tenido acceso al borrador del acuerdo privado que, junto a un compromiso notarial, llevan tres años ocultos en la caja fuerte de Unión Cordobesa y que han servido, entre otras cuestiones, para frenar la escisión del grupo municipal, y sus consecuencias en materia de voto y retribuciones. Volviendo al símil futbolístico: si el jugador se quiere ir el presidente se remite a su cláusula de rescisión. Con Gómez no hay negociación posible.

Pero más allá de la locura de los 100 millones de euros, los cinco párrafos que conforman el “compromiso confidencial de lealtad de los concejales de Unión Cordobesa” dejan muy a las claras que Rafael Gómez estaba absolutamente convencido de que iba a ganar las elecciones municipales de 2011 y no quería cabos sueltos en su equipo. Así se recoge en el documento en el que los firmantes se comprometen a “(...) nunca pactar con otras fuerzas políticas en contra de los criterios fijados por su Grupo Municipal y en especial, para cambiar o mantener la mayoría gobernante en el Ayuntamiento de Córdoba o dificultar o hacer imposible a dicha mayoría, el gobierno o la representatividad en la Corporación Municipal”. Gómez no quiere problemas en “su” gobierno.

Pese a lo firmado, los problemas le han llegado a Gómez en bancada de la oposición, la disciplina de voto hace tiempo que saltó por los aires. Así ha quedado de manifiesto en asuntos tan polémicos como las naves y su multa o en el apoyo, en algunos casos en el último segundo, de Gómez al gobierno municipal. Secundado por sus concejales leales y cuestionado por los rebeldes que precisamente también han apelado a la lealtad a sus votantes por encima de la voluntad de su líder.

La firma del acuerdo es propia de Gómez. Tras recordarles a los miembros de su equipo que “la lealtad política supone la necesidad de no defraudar la confianza de los ciudadanos y de garantizar la voluntad de los grupos políticos”, Gómez pone a prueba su fidelidad y, a pocos días para la votación del 22 de mayo, los convoca a todos en la sede de UCOR. Allí, sin tiempo para la reflexión y acompañado por un notario, el líder les reclama la prueba de fe y exhibe un documento notarial en el que, curiosamente, no figuran los 100 millones de penalización. Junto a éste, el acuerdo de carácter privado y confidencial en el que sí se pone cifra a esa lealtad. “El incumplimiento de los citados compromisos dará lugar a la apertura de un expediente disciplinario que supondrá, en el caso que corresponda, la inmediata expulsión de Unión Cordobesa, y en todo caso, a entregar a Unión Cordobesa (sic), en concepto de indemnización, la cantidad de 100 millones de euros, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar”.

La ceremonia es sencilla, pero reveladora. Gómez firma el primero y se forma una cola en la que, uno a uno, los miembros de la lista pasan ante el notario y firman ambos documentos. El notarial, una copia por persona, y el acuerdo privado, una sola copia con la firma de todos. En la cola, solo una queja por las condiciones del acuerdo de los 100 millones que, según las fuentes consultadas, provoca la inmediata pérdida de confianza y que a esta persona se le pusiera la “cruz y la raya” para cualquier cargo. Tras la firma, los documentos se guardan en la caja fuerte y comienzan a cumplir con su cometido: frenar cualquier intento de deserción en las filas de la “marabunta”.

Las fuentes consultadas indican que la cantidad que reclama UCOR en concepto de indemnización, aparte de disparatada, es indefendible ante un tribunal, pero tratándose de Gómez, éste la va a llevar hasta la última sala de vistas. Lo mismo ocurre con otro de los puntos del acuerdo, el que se refiere a la obligación de entregar el acta de concejal, que es personal e intransferible, en caso de abandono de la condición de afiliado, por voluntad propia o tras expulsión. Si este punto fuese viable, hace dos años que Unión Cordobesa sólo tendría tres concejales en el Ayuntamiento de Córdoba.

El acuerdo concluye como empieza: reiterando la importancia de la lealtad y de la confidencialidad de todo lo que se refiere al funcionamiento interno de UCOR. El borrador del acuerdo obliga al firmante a asegurar la custodia y el secreto de los puntos que conforman su compromiso de lealtad. Algo que tampoco se ha cumplido.

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