El Gobierno dice que adjudicó directamente la limpieza del río porque era urgente

La Confederación encargó las obras a Viguecons Estévez por un millón de euros sin convocar un concurso público debido a que se trataban trabajos de emergencia

“Las obras para la 'Adecuación y Recuperación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba' fueron declaradas como obras de emergencia por la Presidencia de la Confederación el 4 de septiembre de 2013”. A través de una respuesta parlamentaria por escrito a preguntas del senador del PSOE por Andalucía Juan Pablo Durán, el Gobierno ha asegurado que adjudicó las obras de limpieza del río de forma directa a la empresa Viguecons Estévez, que percibió por los trabajos un total de un millón de euros.

“Al tratarse de Obras de Emergencia, es de aplicación el artículo 113 del Real Decreto-Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se señala que 'el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente”, señala el Gobierno.

El PSOE se hizo eco en su día de una información publicada por el digital El Confidencial en el que aseguraba que el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Rafael Álvarez Giménez, infló en 1,3 millones la limpieza del río a su paso por Córdoba “para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones”, según anunció el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado mes de mayo. Álvarez Giménez, según la citada publicación, encargó esta obra, localizada en ocho hectáreas, a una empresa amiga: Viguecons Estévez. Costó 1,8 millones de euros, frente a la mitad que podría haber costado, según las tarifas de Tragsa, el holding público especializado en obras dependiente de la SEPI.

El Gobierno justifica que la actuación de emergencia vino motivada como consecuencia del “extraordinario año hidrológico 2012-2013, en el que las precipitaciones fueron excepcionales, muy superiores a la media y concentradas en la parte alta de la cuenca, por lo que se produjeron avenidas e inundaciones de la llanura de inundación del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba y aguas arriba de la misma, dando lugar a arrastres de lodo y vegetación, los cuales se depositaron en el entorno de la ciudad tanto en las márgenes del cauce como en las pilas de los distintos puentes que hay sobre el río”.

“Dado que, tras los episodios de inundaciones, hubo que desembalsar agua para mantener los resguardos de seguridad en las presas, situación a la que habría que sumar las escorrentías naturales producidas por la fuerte saturación del terreno, el caudal del río se mantuvo durante todo el año muy elevado, solapándose esta situación con la campaña de riegos que obligaba a seguir desembalsando y manteniendo al caudal del río en un valor compatible para atender las demandas. Esta situación provocó que el Ayuntamiento de Córdoba no pudiese hacer su labor de limpieza y conservación a causa de la compleja situación hidrológica que presentaba el río”, concluye el Ejecutivo para justificar la premura con la que se contrató esta obra.

“En cuanto a las irregularidades en la adjudicación o en la ejecución, se señala que no se ha detectado ninguna”, concluye el Gobierno en su respuesta al senador Juan Pablo Durán, que es secretario provincial del PSOE en Córdoba. No obstante, en su respuesta, el Gobierno agrega que “en cuanto a los costes de la actuación, cabe señalar que no pueden ser comparados ya que parte de los trabajos se centraban en la reparación del puente de El Arenal, lo que supone una alta especialización técnica y las tarifas oficiales de Tragsa no recogen dichos precios”.

En su pregunta en el Senado, Durán también se interesó por la retirada de sedimentos que se realizó durante las obras de limpieza del cauce del Guadalquivir. Así, asegura que en el anexo del contrato se describe un proyecto “de retirada de los materiales a un lugar concreto ni a vertedero autorizado, sino a cualquier lugar apto y que no perjudique al dominio público hidráulico o a terceros”. De esta manera, según el Gobierno, “la mayor parte del material extraído del cauce fue extendido en terrenos privados de ambas márgenes del río Guadalquivir, aguas arriba de la actuación de emergencia y contando con el consentimiento previo de los propietarios. Se desconoce adonde fue el resto de material, del cual el contratista puede hacer el uso que le convenga siempre que no comprometa a la administración promotora”.

“Las unidades de obra establecidas para estas tareas contemplaban la retirada y transporte a vertedero incluido canon, y así se actuó. Parte de los residuos orgánicos fueron depositados en los contenedores de la empresa municipal de saneamiento Sadeco. Otros fueron quemados o triturados para su incorporación al suelo, tal y como indicaba la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en su autorización de fecha 26 de septiembre de 2013, para los referidos trabajos”, describe el Ejecutivo. Por otra parte, los residuos inertes fueron trasladados a vertedero autorizado.