El futuro de las prestaciones a parados de larga duración, en peligro

El futuro del cobro de las prestaciones a parados de larga duración está en peligro si no se alcanza un acuerdo entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los sindicatos antes del próximo día 30 de abril. En esa fecha expira el plazo. La Junta de Andalucía y otras ocho comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra- ha denunciado que la actual propuesta del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social en la que se reformulan varios programas destinados a parados de larga duración (Prepara, Programa de Activación de empleo, PAE, y la Renta Activa de Inserción, RAI) “provocará que decenas de miles de personas vean peligrar la percepción de su prestación”. La propuesta cuenta también con la oposición de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.

Dos sentencias de Tribunal Constitucional del año pasado cuestionaron la gestión de estas ayudas por invadir competencias autonómicas. El pasado verano, ante la premura de prorrogar estas prestaciones, las comunidades acordaron ceder la gestión al Estado de forma temporal y hasta que se encontrara una nueva fórmula y diseño de estas ayudas. La fecha tope para alcanzar un acuerdo es el próximo 30 de abril.

Las nueve comunidades autónomas que rechazan esta reforma han presentado una propuesta para modificar el sistema de prestaciones por desempleo, que integre los programas destinados a parados de larga duración (Prepara, PAE y RAI) en el sistema de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, garantizando, con su nueva formulación, que estas ayudas queden en la estructura del sistema de prestaciones.

Las comunidades consideran que, con la actual propuesta del Ministerio, un alto porcentaje de los beneficiarios de estos tres programas, que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018, corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda, un riesgo que es especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superaban en febrero los 178.000 beneficiarios.

Según las nueve comunidades, la propuesta del Ministerio pone en grave riesgo a buena parte de los perceptores de estos programas, por pasar a plantear ahora requisitos más exigentes entre los posibles beneficiarios. El coste anual de estos tres programas asciende actualmente a 1.200 millones de euros, que con los recortes propuestos por el Ministerio deberían ser financiados por las comunidades autónomas, a través de sus respectivas competencias sociales, para mantener el nivel de cobertura.

Ante este hecho, Andalucía y las otras ocho comunidades han presentado un texto alternativo para garantizar la percepción de estas ayudas y también solicitarán la convocatoria extraordinaria de una conferencia sectorial monográfica para tratar esta cuestión, dado que este colectivo es el que mayores dificultades de inserción laboral y vulnerabilidad presenta. El planteamiento de las autonomías es hallar una solución de consenso que asegure la cobertura actual y que se amplíe en futuros ejercicios.

Además, la contrapropuesta de las nueve comunidades autónomas incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, de modo que estas últimas podrán complementar a las prestaciones.

Las nueve comunidades firmantes lamentan la total ausencia de diálogo por parte del Ministerio para resolver esta cuestión; recuerdan que en la Conferencia sectorial del 18 de septiembre de 2017 se acordó unánimemente revisar la reformulación de estos programas para mantener y mejorar el nivel de cobertura, entre representantes del Ministerio y las comunidades autónomas, dándose un plazo de siete meses para ello.

Pese a la trascendencia de estas medidas, Andalucía y las ocho comunidades denuncian la total ausencia de diálogo por parte del Ministerio, quien sólo ha convocado una vez a los consejeros de Trabajo o Empleo (el pasado 17 de abril) para debatir esta cuestión, sin hablar realmente de las propuestas que se han hecho desde el ámbito autonómico. A juicio de las citadas comunidades, esto demuestra la nula intención del Ministerio para trabajar de forma conjunta y tratar de hallar una solución consensuada.