La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la interventora de Obejo

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de cinco años y tres meses de cárcel para la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Obejo, M. S. Á. L., por dos presuntos delitos, uno de falsedad documental y otro de estafa por los que será juzgada este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Según consta en la calificación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el mes de octubre de 2015. Siempre según el relato de la Fiscalía, el 2 de octubre la secretaria-interventora recibió la documentación para que fiscalizara el expediente de nóminas de septiembre. Sin embargo, el 8 de octubre la procesada elaboró un reparo que fue levantado por la Alcaldía a fin de que se pudieran abonar las nóminas.

Según relata el ministerio fiscal, la acusada interventora municipal “pone a la firma de la señora alcaldesa una orden de pago confeccionada por ella misma” en la mañana del 8 de octubre “y teniendo en cuanta que ésta debía corresponderse con toda la documental entregada a la acusada con anterioridad” la regidora firmó el documento, creyendo que “la interventora municipal no alteraría los datos ya consignados en la resolución de fecha de 1 de octubre”.

No obstante, con posterioridad se observó “un desnudare bancario y la indicación de que una de las trabajadoras del Ayuntamiento” de Obejo “no había percibido su liquidación referente al mes de septiembre”. Así, se detectó que la interventora “había elaborado la aludida orden de pago que no se correspondía con los datos de la documental entregada para la confección de las nóminas”.

La Fiscalía afirma que en ese documento, la acusada “se había concedido y abonado a sí misma como anticipo de nómina del mes de octubre un importe de 1.000 euros, todo ello sin tener resolución”. El 15 de octubre se le notificó a la interventora que devolviera el anticipo, “sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a dicha orden”.

Por todo ello, la Fiscalía reclama que se le imponga una pena de cuatro años de cárcel por el delito de falsedad en documento público oficial, más una multa de 3.650 euros y tres años más de inhabilitación. Por el presunto delito de estafa se le reclama la pena de un año y tres meses de cárcel, más inhabilitación.