El exalcalde de Montalbán se enfrenta a 18 años por 16 delitos de prevaricación

La vista oral se celebrará en el juzgado de lo Penal 4 de Córdoba y, junto a la pena de cárcel, se solicitan ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público y cerca de 4.000 euros de multa.

El exalcalde del municipio de Montalbán, el socialista Florencio Ruz, se enfrenta a una pena de cárcel de 18 años y ocho meses de prisión por 16 delitos de prevaricación. Así consta en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal para la vista oral que se celebrará en el juzgado de lo Penal, número 4, de Córdoba, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Las mismas fuentes señalaron que los hechos que se enjuicirán se refieren a las decisiones que adoptó Ruz en materia urbanística en el periodo comprendido entre junio de 2003 y junio de 2007, fechas de su mandato en la localidad de Montalbán. Según el escrito del Ministerio Público, Florencio Ruz “se ha dedicado a dictar resoluciones y decretos por los que se concedían licencias para construir viviendas, naves y otras instalaciones a determinados promotores a sabiendas de su ilegalidad”.

Esta supuesta ilegalidad a la que se refiere el escrito de acusación se sustenta en el hecho de que las edificaciones se realizan en suelo no urbanizable y además contaban con los informes negativos y la oposición de los arquitectos municipales y de los servicios jurídicos de la entidad local. Pese a ello, el alcalde se saltó los reparos y concedió las licencias para que las obras se llevaran a cabo.

En su escrito de acusación el Ministerio Fiscal aporta los expedientes de los 16 casos por los que se sienta a Ruz en el banquillo. Se trata de naves para una freiduría de patatas, para la crianza de ovejas, para el almacenamiento de aperos de labranza, cuadras para caballos, instalación de postes y mallas perimetrales, cobertizos, ampliaciones de naves o proyectos que primero eran de carácter industrial y, tras la oportuna licencia, se acababan convirtiendo en proyectos residenciales. En todos los casos, las obras se realizaron en suelos no urbanizales y contaron con los reparos y los informes contrarios de los servicios jurídicos y técnicos del Consistorio.

Por todo esto, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cárcel de un año y dos meses por cada uno de los dieciséis delitos de prevaricación de los que se acusa al exprimer edil. La pena suma 18 años y 8 meses de cárcel a la que hay que añadir, caso de que se atienda la reclamación del fiscal, ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público y una multa de 16 meses a razón de ocho euros al día; cerca de 4.000 euros.