La ex presidenta de la Unión de Empresarias dice al juez que “estaba poco en la sede”

La expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC), que está acusada junto a la ex secretaria general de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por cerca de 200.000 euros, ha manifestado este jueves ante el tribunal que le “costó mucho trabajo levantar” la entidad.

Durante su declaración en el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que se retomará el miércoles de la próxima semana, ha explicado que “los pagos se comunicaban y aprobaban por la junta directiva”, a lo que ha agregado que “la tesorera no aparecía por allí”, aunque “se le insistía que fuera”, según la expresidenta, quien ha remarcado que ella “normalmente estaba poco tiempo en la sede”.

Mientras, ha señalado que entró como presidenta en el año 2002 hasta 2007 y ella es la que proponía los cargos que luego ratificaba la junta directiva, de manera que eligió a la ex secretaria general, a quien no le renovaron el contrato en 2007 después de haber tenido la presidenta “un problema” con ella y perder la confianza “completamente”, según su relato.

Por su parte, la ex secretaria general ha expresado este miércoles que ella “no manejaba el dinero”, ni llevaba “el control de fondos”, al tiempo que se ha declarado “totalmente inocente” de los hechos por los que está acusada.

En este sentido, ha detallado que ella se fue de la asociación con “cero documento” después de unos meses de “guerra”, entre ello en la relación con la expresidenta, y ha aclarado que ella no asumió “funciones de tesorera”, aunque le ordenaban los pagos corrientes con talones, que firmaba “mancomunados” junto a la expresidenta, después de que se consultara a ésta última sobre las cantidades, según su testimonio.

En cuanto a las dietas, ha comentado que la expresidenta le dijo que le debían de años atrás y que “había que hacer frente a los pagos”, de modo que algunas veces se firmaron talones de hasta 2.000 euros en dietas, dado que ella estaba “continuamente fuera”, según ha indicado la procesada, quien ha remarcado que no se podía “negar a pagar dietas” sobre la actividad de su exjefa, entre otros aspectos que ha citado.

Al respecto, las acusaciones solicitan para cada una de ellas penas de cuatro años de prisión y multas de 10.800 euros. El juicio continuará los días 31 de enero y 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero.

Ilícito beneficio

Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, durante los años 2006 y 2007 ambas acusadas ostentaron los citados cargos y en el transcurso de los dos años, supuestamente “actuaban de mutuo acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio”, durante la gestión de la asociación de manera “caótica”, según el fiscal.

Así, relata que “incumplieron la obligación estatutaria de llevar un libro de cuentas, sin llevar un control de la contabilidad, ni libros de ingresos y gastos, cuentas anuales, cuentas de pérdidas y ganancias ni balance ni tampoco hojas de dietas”, al tiempo que, según el Ministerio Público, realizaron “numerosas operaciones en efectivo o con talones al portador”.

Además, explica que ambas acusadas, “partiendo de que las cuentas bancarias que tenía la UMEC eran mancomunadas con dos firmas autorizadas de la presidenta y secretaria”, supuestamente aprovecharon “la inexistencia del más mínimo control” de la situación económica de la asociación y “fueron incorporando a su patrimonio importantes cantidades de dinero sin justificación alguna”.

Así, por ejemplo, y a pesar de que el cargo de presidenta “no era retribuido”, esta decidió, “unilateralmente y con conocimiento y consentimiento de la otra acusada”, asignarse unos ingresos mensuales de 2000 euros para lo cual cada mes extendía un talón bancario contra las cuentas de la UMEC, por la mencionada cantidad, que era firmado por ambas acusadas y cobrado íntegramente por la primera, “disfrazando el ingreso de esa cantidad mensual como cobro de dietas”, según el fiscal.

Asimismo, la acusada supuestamente ordenó que el día de su cumpleaños se le ingresara la cantidad de 1.500 euros e incluso ordenó que la factura de reparación de su vehículo particular fuera abonada por la UMEC, ascendiendo a mil euros el importe de la factura.

FACTURAS DE SOCIEDADES

Igualmente, la procesada presentó al cobro por la UMEC facturas emitidas por sociedades de las que era titular. Por ejemplo, según relata el fiscal, cobró una factura por muebles de segunda mano por 9.960 euros, factura que fue emitida por una empresa de su propiedad; dos facturas emitidas por una sociedad, que es una comunidad de bienes de ambas acusadas por importe de 4.060 y 2.320 euros, y cuatro facturas emitidas por otra empresa, también propiedad de la expresidenta.

En relación a esta última sociedad, el fiscal destaca que siendo única socia la acusada, “el importe de 3.000 euros desembolsado para constituir la sociedad en noviembre de 2006 fue abonado mediante un cheque emitido por la UMEC el día anterior a la constitución de la sociedad”.

La acusada, como presidenta, era usuaria de una tarjeta de crédito de la UMEC, con la que supuestamente realizó gastos y extracciones, “sin justificación alguna”, que ascienden a unos 6.341 euros, “pese a que no se autorizara a la presidenta para obtener una tarjeta de crédito para extracción de dinero”.

En definitiva, el Ministerio Público detalla que debido a las “fraudulentas maniobras” resultó que en el año 2006 ambas acusadas “desviaron fondos de la UMEC” en una cantidad de 23.545 euros. En el año 2007 las cantidades desviadas al patrimonio de las acusadas ascienden a 75.795 euros. En relación al año 2007, hasta el 29 de marzo de 2007, fecha de cese de la secretaria, las diferencias desviadas ascienden a 48.554 euros. Y desde esa fecha hasta el 28 de septiembre de 2007, fecha de cese de la presidenta, las diferencias ascienden a 48.776 euros.

Suspendido

Cabe recordar que dicho juicio fue suspendido en mayo del año 2014 después de que las defensas presentaron actas de las asambleas con la aprobación de cuentas de 2006 y 2007, con la valoración de “la posible ausencia de perjuicios”, por lo que la causa fue devuelta al Juzgado de Instrucción.

Al respecto, según indicaron desde la defensa de la expresidenta, “no hay nadie perjudicado” en este caso por una supuesta apropiación indebida, al tiempo que apoyaron el archivo o dictar “una resolución absolutoria”.