Denuncian casos de maltrato infantil sobre 313 niños en Córdoba

Un menor, en una imagen difuminada | MADERO CUBERO

Un total de 313 niños de Córdoba fueron objeto de denuncias de casos por malos tratos en el teléfono que la Junta de Andalucía tiene establecido para denunciar específicamente situaciones de maltrato a menores en la comunidad autónoma.

El teléfono 900851818 es un servicio público y gratuito de atención a la ciudadanía, disponible durante las 24 horas de los 365 días del año, atendido por un equipo de profesionales especializados, con el que se intenta facilitar la comunicación de los posibles casos de malos tratos a niños, niñas y adolescentes que se conozcan, de modo que se pongan en marcha las actuaciones precisas por los servicios sociales a fin de garantizar su bienestar.

Así, según los datos publicados en una respuesta parlamentaria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), en Córdoba se recibieron durante el pasado año 283 llamadas comunicando posibles situaciones de malos tratos, que dieron lugar a la tramitación de 238 notificaciones relativas a 313 niños, niñas y adolescentes.

De ellos, 169 eran chicos (53,99%) y 128 son chicas (40,90%), desconociéndose

el sexo de 16 menores (5,11%). Respecto a la edad, 120 menores tenían entre 0-5 años (38,34%), 100 tenían entre 6-11 años (31,95%), 72 estaban entre los 12-17 años (23,00%), y se desconocía la edad de 21 menores (6,71%).

Abandono y maltrato psicológico

En relación a las tipologías de maltrato comunicadas, y teniendo en cuenta que una misma persona menor de edad ha podido sufrir varios tipos -la suma de tipos será mayor que el número de notificaciones y menores-, la negligencia y el abandono tanto físico como cognitivo ha sido la tipología más notificada, en 149 casos, que suponen el 36,70% del total.

Le siguen el maltrato psicológico y emocional, en 101 casos (24,88%), y el maltrato físico en 94 casos (23,15%). El resto de tipologías de maltrato han sido notificadas con bastante menor frecuencia: corrupción en 20 casos (4,93%), abandono psicológico/emocional en 19 casos (68%), el abuso sexual en 12 casos, (2,95%), en 8 casos por explotación laboral (1,97%), y maltrato prenatal en tres casos (0,74%).

En cuanto al nivel de gravedad de los posibles casos notificados, 178 han sido valorados en un nivel leve o moderado, mientras que 60 han sido valorados como graves.

Con respecto a las personas responsables del posible maltrato, y teniendo en cuenta que un mismo niño, niña o adolescente ha podido sufrir maltrato por varias personas -la suma de posibles personas responsables será mayor que el número de notificaciones y menores-, la madre ha podido ocasionar algún daño en 129 de los casos notificados (33,86%), el padre y la madre en 120 casos (31,50%), el padre en 52 (13,65%), otros familiares en 47 casos (12,33%), y se desconoce este dato en 33 casos (8,66%).

En cuanto al sexo de las personas responsables del posible maltrato, y teniendo en cuenta que un mismo niño, niña o adolescente ha podido sufrir maltrato por varias personas de distinto sexo,  en 179 casos son mujeres (61,51%), en 103 casos son hombres (35,40%), desconociéndose este dato en 9 casos (3,09%).

Sobre la identidad de las personas informantes de las posibles situaciones de maltrato, los datos del Gobierno andaluz dice que éstas se identificaron en 106 llamadas (43,09%), mientras que prefirieron el anonimato en 140 ocasiones (56,91%). En 12 llamadas (4,88%) la persona informante fue el propio niño, niña o adolescente afectado. Por último, en lo que se refiere al sexo de las personas informantes, 110 son mujeres (44,72%), 77 son hombres (31,30%) y 59 (23,98%) no dieron esa información.

El teléfono de notificación de posibles situaciones de maltrato infantil sigue un protocolo tras la recepción de cada llamada, en función de la valoración de la gravedad de la situación comunicada, notificando los hechos a los servicios sociales correspondientes. A

partir de ese momento se inicia un proceso de investigación de las circunstancias  sociofamiliares a fin de movilizar los recursos necesarios que aseguren la integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes implicados, y planificar la intervención profesional más adecuada.

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