El Defensor llama la atención a La Carlota por las denuncias urbanísticas

La Oficina apremia al Ayuntamiento para que las quejas presentadas sean objeto del debido impulso en su tramitación

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, recomienda al Ayuntamiento de La Carlota que realice las actuaciones necesarias para que las denuncias urbanísticas sean objeto del debido impulso en su tramitación, conforme al modelo constitucional de administración al servicio de la ciudadanía. Así lo recoge un escrito publicado por la oficina en el que se hace eco de las quejas que una vecina del municipio lleva presentando desde 2008.

La mujer denunció en el Ayuntamiento las obras ejecutadas en la fachada de un edificio al no adecuarse a la licencia concedida y por afectar a elementos comunes del edificio. Aunque el Ayuntamiento ordenó la restitución, lo cierto, siempre según la interesada, era que el infractor no acataba la resolución. Y tampoco el Consistorio exigía su cumplimiento.

“Motivado por esta denuncia administrativa, que el ayuntamiento no termina de ejecutar y llegar hasta el final (dada su extensión en el tiempo), este señor me está causando más problemas. El vecino me ha llegado a chantajear para que la retire, llegando incluso a no dejarme arreglar un bajante comunitario y provocando el desalojo de mi vivienda”, se quejaba la vecina al defensor del Pueblo. “Actualmente, mi vivienda está declarada inhabitable por problemas de salubridad y vacía desde entonces (…) Sólo quiero que se ejecute la resolución de restitución de la fachada, sin tener que estar llamando, preguntando, porque es un gran desgaste psicológico, mucha impotencia y frustación, viendo que hablas con unos y con otros, presento escritos, a los que no me responden y no me dan una solución”. La mujer se quejaba a la Oficina de que “es más fácil realizar una obra ilegal que ir con la ley, me parece indignante. Encima, se me cae la cara de vergüenza cada vez que llamo y pregunto, porque parece que la que ha hecho algo mal he sido yo, pero llevo años y el asunto sigue siendo el mismo, sufriendo las consecuencias de esta denuncia pero sin solución”.

La respuesta del Ayuntamiento de La Carlota al Defensor no llegó hasta julio de 2015, después de que la Oficina reactivase el caso tras haber sido judicializado uno de sus aspectos. El arquitecto municipal defendió la procedencia y el ajuste a la legalidad de las obras realizadas en la planta baja del edificio. Pero la denunciante respondió que a su juicio se habían incorporado elementos a la fachada que no existían y que, además, no se había aportado proyecto técnico para la legalización pretendida.

A la vista de la alegación de la interesada el Defensor pidió un informe aclaratorio al Ayuntamiento “con objeto de poder dictar una resolución definitiva”. Pero nunca más se supo. “Esta nueva petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en Noviembre y Diciembre de 2015, pero ello no ha motivado que nos fuera remitida la misma, ni siquiera a pesar del contacto telefónico que, para interesar su emisión, mantuvo personal de esta Institución con ese Ayuntamiento el pasado 15 de febrero de 2016”, señala la Oficina del Defensor.

“Ello nos ha privado conocer si, finalmente y atendiendo a la pretensión de la afectada, se ha procedido a abrir expediente de restauración de la legalidad urbanística ante una posible ejecución de obras no ajustadas a licencia o, de no ser así, de las razones por las que ello no se ha estimado procedente”, termina.

Por tanto, el Defensor del Pueblo andaluz concluye recomendado que “se realicen cuantas actuaciones sean necesarias para que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas formulada por la interesada sea objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que esa Corporación Municipal va ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística en este asunto”. Ello supone “implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan”.