Defensa decidirá si se puede ceder o no la gestión de Caballerizas

El Ayuntamiento hipoteca la resolución del contrato que estuvo a punto de adjudicar a una futura decisión del Ministerio dirigido por Pedro Morenés

El futuro de la gestión de Caballerizas Reales ya no depende del Ayuntamiento, sino que está hipotecado a lo que decida el Ministerio de Defensa, presidido por Pedro Morenés. El alcalde, José Antonio Nieto, ha confirmado esta mañana que el Ayuntamiento ha iniciado las conversaciones con la Subdelegación de Defensa en Córdoba para intentar reconducir el expediente que ya estaba casi adjudicado y que por un “pequeño error” hubo que dar marcha atrás. El Consistorio no podía adjudicar la gestión o la cesión de la gestión a una empresa que no fuera municipal debido a que lo firmó en el año 2000 en un convenio con el Ministerio de Defensa, cuando éste departamento abandonó las cuadras que había ocupado en pleno centro de Córdoba desde hace varios siglos.

Defensa acordó con el Consistorio la cesión de toda la zona (son más de 50.000 metros cuadrados en el corazón del casco histórico cordobés) con la condición de que la gestión del monumento siempre fuese llevada a cabo por el propio Ayuntamiento, y nunca por una empresa privada o cualquier otra entidad. Por ese convenio, el Ayuntamiento cedía una parcela en la zona de la Albaida para que Defensa construyera un club para los militares, algo que no se ha hecho en estos 13 años.

Ahora, la intención municipal pasa por intentar negociar una addenda a este convenio con el Ministerio de Defensa, y conseguir que se permita la cesión de la gestión a una empresa. Ayer mismo hubo una primera toma de contacto y ahora el Ayuntamiento está a la espera de lo que decida el Ministerio de Defensa. Mientras tanto, se ha tenido que suspender la adjudicación del contrato, que ya estaba cerrado y al que se habían presentado tres entidades (entre ellas Córdoba Ecuestre, que es quien actualmente explota, aunque en precario, las Caballerizas Reales con espectáculos turísticos).

La publicación del pliego de licitación de este contrato fue fuertemente criticada por IU, ya que denunciaba que salía a concurso con una escasa repercusión económica favorable a las arcas municipales. Así, el pliego establecía un canon anual de 7.256 euros, que suponía un alquiler mensual de 605 euros.