La Junta acumula más de 2.000 expedientes sin resolver en Córdoba para la ampliación de la ayuda a domicilio

Más de 2.000 personas en situación de dependencia en la provincia de Córdoba están a la espera de que la Junta de Andalucía resuelva su solicitud de revisión del Programa Individual de Atención (PIA), el documento que reconoce oficialmente el derecho a recibir ayuda a domicilio en mayor intensidad. Este retraso, que supera el plazo legal de tres meses establecido por el Decreto-ley 3/2024, ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a abrir una investigación de oficio por posible vulneración de derechos fundamentales.

La situación afecta especialmente a personas con grado I de dependencia (moderada), que a raíz del nuevo Real Decreto, tienen derecho a recibir un mínimo de 20 horas mensuales de ayuda, frente a las 10 que venían recibiendo. Sin embargo, la aplicación de esta mejora exige una revisión formal del PIA, y los retrasos generalizados en su tramitación han bloqueado el acceso efectivo al nuevo derecho.

Según los datos aportados por la Delegación Territorial de Inclusión Social en Córdoba al Defensor del Pueblo Andaluz, el volumen de solicitudes en tramitación es considerable: Más de 1.100 expedientes de personas con dependencia moderada (Grado I), aproximadamente 500 expedientes en revisión para dependencia severa (Grado II) y 417 expedientes pendientes para personas con gran dependencia (Grado III).

En total, 2.017 expedientes están sin resolver, a pesar de que muchas de estas personas iniciaron el procedimiento entre enero y marzo de este año. Según la normativa vigente, la administración autonómica tenía un plazo máximo de tres meses para resolver, algo que claramente no se está cumpliendo.

Posible vulneración de derechos

Ante el aluvión de quejas recibidas desde distintas provincias —con Córdoba entre las más afectadas—, el Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido abrir una investigación de oficio. El objetivo es valorar si los retrasos suponen una vulneración del derecho a una administración eficaz y a la atención social reconocida legalmente.

“Es inaceptable que cientos de personas sigan esperando una resolución que debe dictarse en tres meses por ley. En muchos casos, hablamos de personas mayores que han fallecido sin haber recibido nunca la ampliación de horas que les correspondía”, señala el informe del Defensor.

Además, se ha requerido a la Junta que aporte información precisa y detallada sobre: el número de solicitudes por tipo de dependencia, las fases de tramitación en las que se encuentran (valoración, informe, validación), los recursos presupuestarios y personales destinados a la resolución de los expedientes y las medidas correctoras o de refuerzo previstas.

Las familias, al límite

Organizaciones sociales y asociaciones de familiares denuncian que el retraso en la adecuación del servicio está dejando a muchas personas sin cobertura suficiente, obligando a las familias a asumir la atención directa o a contratar servicios privados.

La Junta de Andalucía admite que los retrasos existen, pero los atribuye a un “colapso administrativo sobrevenido” por la entrada en vigor del nuevo decreto, que ha generado una “avalancha” de solicitudes difícil de absorber con los recursos actuales.

Fuentes de la Delegación Territorial explican que la tramitación se realiza en varias fases —valoración técnica, propuesta municipal, validación final— y que la validación es el cuello de botella más crítico, debido a la falta de personal administrativo para revisar los expedientes.

Desde el Gobierno autonómico aseguran que se están tomando medidas para agilizar el procedimiento, entre ellas, el refuerzo de personal en las delegaciones territoriales, la digitalización de parte de los procesos de validación y la reducción de la documentación requerida para casos repetidos.

Un problema estructural

Esta situación no afecta solo a Córdoba, sino que tiene alcance regional, y pone de manifiesto una debilidad estructural en el sistema de atención a la dependencia en Andalucía. Según el Defensor del Pueblo, la administración debe revisar su capacidad de respuesta ante reformas normativas que generan derechos subjetivos inmediatos, como es el caso del aumento de horas mínimas para dependencia moderada.

Además, el informe alerta sobre la brecha de desigualdad territorial, ya que no todas las provincias están igual de afectadas, y algunos municipios —por falta de recursos o de coordinación— presentan tasas de tramitación mucho más bajas que otros.