El decreto que abre la puerta a suprimir licencias de VTC afronta su examen en el Congreso

El Real Decreto Ley que abre la puerta a suprimir licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las que usan Uber y Cabify, afronta este jueves, 25 de octubre, su examen en el Congreso. La nueva norma sobre este transporte urbano debe recabar el respaldo de la mayoría de la Cámara Baja, que determirá también si se tramita como proyecto de ley.

El texto pasará su reválida parlamentaria in extremis, al final del preceptivo plazo de treinta días, toda vez que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de septiembre. El Decreto abre la puerta a que, dentro de cuatro años, los ayuntamientos puedan limitar, e incluso suprimir, a los vehículos de VTC en cada una de sus ciudades.

Además, permite a comunidades autónomas y consistorios, en este caso desde el momento en que se aprobó, a entrar a regular la prestación de los servicios de las empresas como Uber y Cabify al igual que ya hacen con el taxi.

Así, podrán determinar sus recorridos máximos y mínimos, los horarios, las condiciones de precontratación de los trayectos e incluso las características de sus vehículos. En cuanto a la gestión del número de vehículos de VTC, las administraciones locales sólo podrán comenzar a gestionarlo en cuatro años.

El Decreto establece que en ese plazo todas las actuales licencias de VTC perderán la habilitación para prestar servicio urbano, su principal negocio y en el que compiten con el taxi, y sólo quedarán capacitadas para trayectos entre ciudades, una actividad que apenas realizan actualmente.

En ese momento, corresponderá a cada Ayuntamiento decidir si otorga licencias urbanas de VTC y en qué cuantía, y las empresas del ramo deberán solicitar esas autorizaciones para operar en ciudades. El Decreto establece esta moratoria de cuatro años a modo de indemnización para los titulares de las actuales licencias de este tipo de vehículo.

El Ministerio de Fomento considera que este es el tiempo necesario para amortizar la inversión realiza por los propietarios de las VTC y se blinda ante eventuales reclamaciones económicas del sector. De hecho, las reclamaciones que prosperen contarán con un máximo de dos años más de moratoria, adicionales a los cuatro iniciales.

En plena batalla VTC-taxi

El Gobierno aprobó y ahora somete a reválida parlamentaria esta nueva normativa en plena 'batalla' abierta entre el sector del taxi y de las VTC ante el incremento de licencias que ese tipo de vehículos, que en la actualidad sobrepasada la proporción de uno por cada treinta taxis que desde 2015 establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El aumento de licencias se registra no obstante por vía judicial, como consecuencia del vacío legal que el sector registró hace unos años, entre 2009, cuando fue liberalizado por un Gobierno del PSOE, y 2015, cuando se volvió a regular de forma efectiva por un Ejecutivo del PP.

En la actualidad, tras lograr un millar de nuevas licencias en septiembre, las VTC cuenta con un total de 12.142 autorizaciones, lo que supone una proporción de uno de estos coches por cada cinco taxis. Esta relación se estrecha en Madrid, ciudad que copa la mitad de todas las licencias del país, con 6.076 coches, esto es, una por cada algo más de dos taxis.