Facua eleva a 25 las personas que se intoxicaron tras comer en La Sacristía sin haber participado en el cumpleaños

Facua ha elevado a 25 los casos de intoxicación alimentaria relacionados con el consumo de montaditos de pringá en la taberna La Sacristía y que no están relacionados con el cumpleaños celebrado el 4 de enero en el mismo establecimiento y que afectó a 44 personas, según ha podido confirmar el análisis realizado por la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Según los datos de la asociación, estos 25 presuntos casos de intoxicación se sumarían a los que investiga la Delegación de Salud y Consumo de la Junta, que confirmó 44 -relacionados con el citado cumpleaños-, aunque también estudiaba otros 28 posibles cuadros clínicos vinculados a una cena, celebrada en el mismo local el 4 de enero.

Rubén Sánchez, secretario general de la organización, ha señalado que estos nuevos casos corresponden a personas que no participaron en la celebración de cumpleaños, pero que visitaron el local en esos días a principios de enero. Ninguno de ellos buscó atención médica en su momento, pero todos aseguran haber consumido el mismo producto.

“Esto confirma una vez más que fue el consumo de este producto lo que provocó la intoxicación”, ha declarado Sánchez, quien también acusa al empresario responsable de La Sacristía de haber intentado minimizar la situación. “El empresario aseguró que no había personas intoxicadas fuera del cumpleaños, lo que no solo no era cierto, sino que según los afectados, mintió al afirmar que no había otros casos”, ha dicho.

En este sentido, ha expuesto que La Sacristía habría sido consciente de otros casos de intoxicación antes de que se investigaran oficialmente los primeros casos por parte de las autoridades. Sánchez citó una conversación en Instagram en la que una persona informó de haber sufrido una intoxicación el 8 de enero. “Los responsables del perfil respondieron negando los hechos y asegurando que se trataba de un bulo”, afirma el portavoz de Facua. “Este empresario se ha lanzado a hablar de bulos y mentiras, pero ahora se demuestra que sabía que había otros afectados”, ha enfatizado Sánchez.

Permisos del local de la Hermandad

Además, Facua ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que informe sobre los permisos y la legalidad del local de la Hermandad donde se celebró el evento. La organización cuestiona si el espacio estaba autorizado para llevar a cabo actividades gastronómicas como catering.

“La Hermandad ya dijo que lo ocurrido era responsabilidad del empresario, pero queremos saber si el local contaba con los permisos necesarios”, señaló Sánchez.

Críticas a los hospitales y a la Junta

Facua también reiteró sus denuncias contra los hospitales privados de la Cruz Roja y San Juan de Dios, acusándolos de no haber activado los protocolos correspondientes al tratar a varios afectados. Sánchez pidió que se sancione a ambos centros por infracciones graves y aseguró que la Junta de Andalucía debe investigar si este tipo de negligencias se repiten en otros casos.

El portavoz también se refirió a un supuesto ingreso ocurrido el 8 de enero en un hospital privado de Córdoba por síntomas similares de diarrea y vómitos, que tampoco habría sido comunicado a las autoridades sanitarias.

Además, criticó la “opacidad” de la Delegación de Salud y Consumo en la investigación del brote. “El 14 de enero, un día después de iniciarse la investigación, un inspector ya visitó el local, pero no recogió muestras. Se hizo un día después, el 15 de enero, nueve días después del brote. Esto resulta incomprensible, y seguimos sin recibir explicaciones claras”, lamentó Sánchez. También instó a la Junta a revisar las llamadas recibidas por el 061 entre el 4 y el 13 de enero para determinar si se activaron los protocolos adecuadamente.

Facua ha exigido la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo en el Parlamento de Andalucía para aclarar todos los detalles de este caso y pide a los grupos políticos que respalden esta solicitud. Además, ha criticado que el Gobierno andaluz continúa sin revelar el nombre del establecimiento, pese a que las muestras analizadas por la Delegación de Salud y Consumo han dado positivo en contaminación.

“La Junta está primando la protección a los intereses del empresario, lo que a su vez desprotege a los consumidores”, concluyó Sánchez, que ha recordado a los afectados que pueden reclamar una indemnización económica a La Sacristía.

No obstante, advirtió de que el empresario podría requerir partes médicos y facturas de compra como prueba. “Es importante contar con documentación médica para garantizar sus derechos en caso de que el asunto se judicialice”, explicó Sánchez.