Cuevas de Altázar supera el último trámite para convertirse en la primera parcelación en ser legalizada

La historia de Cuevas de Altázar pasa por ser, quizás, uno de los emblemas del parcelismo cordobés que quiere dejar de ser irregular. Sus más de 560 propietarios que viven en unas 460 parcelas en la zona de Villarrubia llevan desde 1986 buscando el camino correcto para que sus propiedades sean suelo urbano de pleno derecho. En estos 30 años, sus vecinos se han enfrentado a varios cambios de la normativa urbanística, pero ninguno de ellos, hasta ahora, les condujo a su legalización. Hasta ahora.

Este martes, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba que el “proyecto de urbanización” de Cuevas de Altázar había recibido la Autorización Ambiental Integrada, un trámite que sus promotores desconocían pero que descubrieron que era necesario antes de obtener el permiso necesario para la legalización de estos 386.000 metros cuadrados de viviendas que siempre quisieron pagar por recibir servicios básicos, como luz y agua, además de saneamientos.

De hecho, en marzo del año pasado sus propietarios entregaron un cheque en la Gerencia de Urbanismo de 700.000 euros. Ese dinero serviría para compensar al Ayuntamiento por la reparcelación de esta urbanización, requisito indispensable en el proceso de legalización que se vio frenado cuando sus dueños descubrieron que les hacía falta un último papel: la Autorización Ambiental Integrada (lo mismo que, por ejemplo, tiene Cementos Cosmos).

Cuevas de Altázar es una urbanización construida en los años setenta, pero que fue clasificada como suelo urbano por el PGOU en 1986 junto a varias más. Su junta de compensación se constituyó en el año 2010. Ocho años de trámites después, su futuro parece más despejado.