Cuatro exalcaldes denuncian a Nieto y al obispo por el Triunfo

Herminio Trigo, Julio Anguita y Manuel Pérez, con la denuncia. | MADERO CUBERO
Cordobeses por el patrimonio acusa ante los juzgados a Demetrio Fernández por usurpación y a José Antonio Nieto de consentimeinto por la inmatriculación del Triunfod e San Rafael

Un total de 206 ciudadanos agrupados en el colectivo Cordobeses por el Patrimonio y encabezados por los exalcaldes Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, ha presentado esta mañana una denuncia contra el obsipo de Córdoba, Demetrio Fernández, por la “usurpación” del Triunfo de San Rafael. La denuncia se extiende al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, por consentir ese presunto delito.

“Traemos una propuesta ciudadana que apoyan 206 personas que es exactamente el número del artículo [de la Ley Hipotecaria] que está en medio de toda esta acusación que presentamos hoy”, ha señalado Julio Anguita en la puerta de los juzgados. “Y lo traemos hoy porque los responsables de esta iniciativa nos los han pedido como exalcaldes de esta ciudad”, ha subrayado el exalcalde.

La denuncia relata que el espacio que hoy se conoce como Plaza del Triunfo de San Rafael “se cedió por el Cabildo Municipal en sesión de 3 de marzo de 1735 al rector y colegio de San Pelagio para construir unas caballerizas. Dicho proyecto no se llevó a cabo y el espacio revertió al Ayuntamiento”. Un año después, un grupo de vecinos solicitó al Ayuntamiento licencia para construir un monumento a San Rafael en el mismo lugar antes dicho, y le pididió que colaborase con los gastos. El Ayuntamiento accedió y libró dinero y piedras para contribuir a su levantamiento.

“En 1850, el estado de conservación del monumento no era bueno, por lo que el Ayuntamiento escribió al Obispo para que le devolviese los derechos que tuviese sobre el Triunfo, con el fin de hacerse cargo de su mantenimiento. El Obispado manifestó que no tenía derechos ni título sobre el mismo, aceptó la decisión municipal y prestó su conformidad”, sostiene el escrito. Desde 1850 hasta el día de hoy se han producido 12 actuaciones de mantenimiento y restauración del monumento, incluido el cerramiento de la plaza, realizado en 1867, prosigue la denuncia. “Todas estas actuaciones han corrido a cargo del Ayuntamiento con fondos públicos, sin que haya participado la Diócesis de Córdoba”, concluye.

En Córdoba no se realizó inventario de esculturas o monumentos en las vías públicas hasta 1984. En esa fecha aparece ya el Triunfo de San Rafael en el inventario municipal, en el epígrafe Estatuas, bustos, monumentos y fuentes públicas. Desde ese año aparece ininterrumpidamente en el inventario municipal. En 1988 se detalla también en el epígrafe de Fuentes públicas, el Jardín cerramiento del Triunfo y la Fuente.

Pero “el 8 de abril de 2011, la Diócesis de Córdoba inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por certificación del propio Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González”, recuerda la denuncia. El documento entregado en los juzgados critica que “la escritura” de la Iglesia, “no justifica el método de adquisición de la propiedad, señalando únicamente algunos datos históricos sobre su origen. También guarda silencio sobre el hecho de tratarse de un bien público según consta en el inventario municipal vigente en el momento de la inmatriculación. Acaba señalando que es un inmueble destinado al culto católico y la caridad para ampararse en el privilegio contenido en el art. 206 LH y 304 RH. Todos estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación y de falsedad en documento público”.

“Consideramos que se ha usurpado un bien de Córdoba pero es que además, el Ayuntamiento, la corporación municipal, ha incurrido en algo bastante grave al no haber estado a la altura y no defender el patrimonio de todos los cordobeses”, lamenta Anguita. “Porque cuando en una corporación municipal alguien se apodera de un bien de los que ellos tienen que defender, y no se actúa, están de manera pasiva colaborando. Por eso, denunciamos al obispo de Córdoba y al alcalde. Al primero por usurpación y al segundo por consentimiento expreso o tácito”.

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