Crespín no ve electoralismo en la vuelta a las 35 horas de la Junta

La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba sostiene que si fuese una medida que buscase impacto en las urnas los sindicatos no la habrían firmado

La delegada de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, no ve electoralismo por el anuncio de la semana pasada de la Junta de volver a las 35 horas semanales de trabajo para los funcionarios autonómicos. “De ser así, los sindicatos mayoritarios no habrían firmado el acuerdo con la Junta”, ha destacado. “Esto no se hace para buscar rédito electoral”, ha remarcado. Y lo ha hecho junto a los representantes de los tres sindicatos mayoritarios en la Junta: CSIF, CCOO y UGT, quienes han apoyado el acuerdo al tiempo que han pedido que empiece a aplicarse antes del 1 de enero de 2017 y que abarque un mayor espectro de trabajadores incluyendo, por ejemplo, a los docentes de la Educación concertada.

“Lo que hacemos con este acuerdo no es sino dar cumplimiento al compromiso de julio de 2015 de la presidenta Susana Díaz”, ha subrayado Crespín. “Si el gobierno en funciones de Mariano Rajoy no pone trabas podremos dar cumplimiento a esta nueva prioridad de la Junta: restablecer los derechos laborales y salariales perdidos por los trabajadores”.

Crespín no ha detallado lo que supondrá para las arcas autonómicas esta medida ni si sus partidas se retraerán de otras áreas: “La financiación de la Junta sigue siendo la misma y se gasta en función de prioridades” que marca la Junta, ha zanjado.

Detalles del acuerdo

Según este acuerdo, la Junta de Andalucía recuperará la jornada laboral de 35 horas y devolverá a los 26.773 empleados públicos la paga extra completa de 2012, así como el resto de derechos suspendidos, desde este mismo año y a lo largo de la legislatura. Todos los colectivos de personal al servicio del sector público andaluz, es decir, tanto los profesionales de la administración general como del ámbito sanitario y educativo, recuperarán la jornada laboral de 35 horas semanales a partir de 2017.

Una vez abonados en febrero los primeros 44 días correspondientes a la paga extra de diciembre de 2012, el acuerdo ahora suscrito recoge la recuperación este mismo año de otros 48 días que serán percibidos en la nómina de septiembre, mientras que las cantidades restantes hasta completar su total devolución serán efectivas en las nóminas de febrero de 2017 (46 días) y 2018 (45 días).

También desde este mismo año, se recuperan los días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados, de modo que a partir de los 15 años de antigüedad serán 23 días hábiles de vacaciones anuales, que se incrementarán en un día más a los 20, 25 y 30 años de trabajo, respectivamente. En 2016, el personal con derecho a estos días podrá disfrutar de dos días adicionales como máximo y, en 2017, se ampliarán hasta cuatro días.

El acuerdo también prevé la restitución de la totalidad de las retribuciones económicas de los empleados públicos. A partir de 2018 se iniciará la recuperación del 10% de las retribuciones variables de la nómina asociadas a la consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, atención continuada o de carrera profesional, entre otros. La restitución se realizará en dos tramos, a razón de un 5% en el ejercicio de 2018 y el otro 5% en 2019, en que la nómina quedará completada en todas las retribuciones.

Finalmente, completando el calendario de restablecimiento de derechos, los empleados públicos de la Junta también recuperarán en 2019 las ayudas de acción social que quedaron suspendidas en 2012.