Córdoba pide que se actualice su catastro, inalterado desde 1995

Planta baja del Ayuntamiento de Córdoba | MADERO CUBERO
El Ayuntamiento comunica al Ministerio de Hacienda su intención de poner al día los valores catastrales con los que se calcula lo que cada vecino tiene que pagar por IBI

El Ayuntamiento de Córdoba, junto 2.451 municipios más, ha reclamado al Gobierno la actualización de los valores catastrales, que están inalterados desde hace 21 años. En 1995, durante el último año de mandato del alcalde Herminio Trigo, el Ayuntamiento actualizó los valores catastrales de las viviendas de la ciudad, que le sirven como base para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En estos 21 años los valores no han subido, pese al fuerte incremento que hubo del precio de la vivienda hasta 2008, cuando comenzó a depreciarse.

La revisión del catastro y sus valores es la apertura de un melón presupuestario que desde el gobierno de Rafael Merino ningún gobierno local ha querido asumir. Una actualización implica una subida de lo que el Ayuntamiento cobra por IBI (su principal fuente de financiación) notable. El Ministerio de Hacienda obligó a todos los ayuntamientos a revisar los valores de su catastro en 2012 y dio tres años de plazo para hacerlo: de 2013 a 2016. Éste es el último año que el Ayuntamiento de Córdoba puede hacerlo.

El objetivo de la ley aprobada por el Ministerio de Hacienda era aumentar la recaudación de los ayuntamientos y favorecer de esta manera que enjugaran su deuda para cumplir con los criterios de déficit impuestos por Europa. Es decir, a la vez que los ayuntamientos recortan gastos (se ahorran nóminas, ya que solo pueden reponer a uno de cada diez funcionarios jubilados) aumentan ingresos. El objetivo, enjugar la deuda de muchos consistorios.

La actualización del catastro en Córdoba elevará lo que los vecinos pagan por IBI, en caso de que finalmente (como está previsto que ocurra) se determine que las casas valen más que en 1995.

Además del Ayuntamiento de Córdoba, varios municipios de la provincia han pedido la revisión, tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estos ayuntamientos son el de Almedinilla (su última revisión fue en 1998), Encinas Reales (2001), Fuente Palmera (2010), Guadalcázar (2008), Iznájar (2001), La Victoria (2008), Luque (1998), Montalbán (1998), Montemayor (1998), Montilla (1997), Nueva Carteya (2003), Palenciana (2001), Palma del Río (2009), Puente Genil (1996) y San Sebastián de los Ballesteros (2008).

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