Condenan a Guadalquivir Futuro a devolver a tres empleados 5.755 euros de mordidas

El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha condenado a la Fundación Guadalquivir Futuro, presidida por Ángeles Muñoz, a devolver 5.755 euros a tres extrabajadores acogidos a un programa de promoción del empleo juvenil de la Junta de Andalucía y que entregaron parte de su sueldo a la citada entidad, dentro del caso de supuestas mordidas.

Según recoge la sentencia, adelantada por El Día de Córdoba y a la que ha tenido acceso Europa Press, las cantidades que la fundación ha de reintegrar a las personas demandantes son 1.932, 1.587 y 2.236 euros. Dicha resolución, la primera en relación con el citado caso en el que están investigados Ángeles Muñoz y su hijo Cristian Menacho, presidente de Jóvenes Hacia el Futuro, entre otros, es firme.

En concreto, se da por probado que la fundación procedió al “desvío de la parte de la subvención obtenida para el pago de los salarios” a favor “de la propia empresa” mediante “un sistema que pretendía dar apariencia de legalidad a la actividad” para, “de manera fraudulenta, conseguir el fin prohibido por la norma”.

A pesar de los argumentos de la fundación, que afirma que solo existen “donaciones voluntarias”, el juez percibe “comportamiento doloso del empresario”, que, “de manera intencionada”, aprovechando su “superioridad”, “maquina un sistema que obliga” a aceptar “donar un 25%” del salario, y los empleados, “por miedo a perder su puesto”, no tuvieron “más remedio que aceptar”. El magistrado dice que “el documento de donación voluntaria” es “parte del fraude”.

La sentencia relata que a los trabajadores se les explicaba que, aunque el contrato reflejaba una jornada de 40 horas, trabajarían 30, información “facilitada por Cristian Menacho” en una entrevista. Según el fallo, Menacho “les manifestó que tenían que aceptar la devolución de las cantidades previamente percibidas si querían conservar su trabajo”.

Además, la resolución indica que los que no aceptaron fueron amenazados o despedidos, y los que sí, “lo entendieron como una condición necesaria si querían trabajar”, a lo que añade que cuando recibieron el primer salario, la empresa les pidió que devolvieran en mano el 25% y, a los que exigieron pruebas, les entregó “un documento de donación cuyo beneficiario era la fundación”.