La cárcel de Córdoba, la más atestada de Andalucía y segunda de España

Responsables de CCOO, en su denuncia pública.

La prisión provincial de Córdoba es la que más reclusos acoge de toda Andalucía y la segunda de toda España, según ha denunciado este jueves el sindicato CCOO. De hecho, la cárcel de Córdoba está ahora mismo muy por encima de su capacidad. Según CCOO, la capacidad óptima en número de reclusos es de 1.008 internos. Sin embargo, este lunes alojaba a un total de 1.410 presidiarios.

Solo la cárcel de Zuera en Zaragoza tiene más presos en sus instalaciones que la prisión cordobesa, según ha informado CCOO en una rueda de prensa en la que además ha denunciado la situación que atraviesan los trabajadores cordobeses. Córdoba tiene más presidiarios que Soto del Real, en Madrid.

El responsable de Instituciones Penitenciarias en CCOO a nivel nacional, Ángel Moreno, ha denunciado que “se está explotando a los trabajadores” y que la ratio de presos por cada funcionario de prisiones se ha disparado. Así, en el centro penitenciario de Alcolea hay tres presos por cada funcionario, cuando la ratio europea es de 1,5. En concreto, ha cifrado el déficit de la plantilla en un 10%. En total, en la prisión debería haber contratadas 515 personas para poder atender a esta enorme población de reclusos, que no para de aumentar. CCOO asegura que la superpoblación en la prisión cordobesa es de un 25%.

El sindicato asegura que la solución pasa por que el Gobierno decida abrir la cárcel de Archidona (Málaga), que está acabada pero cerrada y sin personal. Según CCOO, así acabaría el “hacinamiento” de Córdoba y también el de la prisión de Albolote (Granada). Córdoba acoge a muchos presos procedentes de Málaga que podrían ser derivados a Archidona.

Por otra parte, CCOO ha denunciado el aumento de los “accidentes laborales” en Córdoba con un total de 11 agresiones “graves”, con daños físicos, en lo que va de año a los funcionarios de prisiones. También ha criticado que “las prisiones se están convirtiendo en psiquiátricos” ya que “la mayoría de los jueces catalogan a los enfermos mentales como imputables” y acaban ingresando en unas prisiones que no están preparadas para atenderlos adecuadamente.

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