El Ayuntamiento retira los cargos contra los activistas del Rey Heredia

La causa judicial contra los que iniciaron la ocupación del colegio sigue en marcha mientras la Fiscalía no secunde al Consistorio y reclame al juez el archivo de la causa

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado esta mañana la retirada de los cargos contra la decena de activistas de la Acampada Dignidad que están procesados por haber ocupado el antiguo colegio Rey Heredia. Esta mañana, los concejales Emilio Aumente y Alba Doblas han detallado que el Consistorio ha asumido un informe de la asesoría jurídica para la retirada de estos cargos judiciales, que actualmente seguían en vigor y que mantienen imputados en el Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Provincial de Córdoba a estos activistas.

La retirada de los cargos era una de las demandas de los miembros de la Acampada Dignidad, después de que el Ayuntamiento haya aprobado también la cesión del antiguo colegio Rey Heredia a una entidad creada por los vecinos del Distrito Sur, para su autogestión.

El pasado mes de noviembre, la asesoría jurídica del Ayuntamiento presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba por el que se adhería a la calificación de la Fiscalía Provincial de Córdoba en el caso de la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia. Así, y al igual que solicitó la Fiscalía, el Ayuntamiento reclamó el desalojo del antiguo grupo escolar Rey Heredia, ocupado desde octubre de 2013 por la Acampada Dignidad. A la petición de desalojo se sumó la de una sanción a los diez imputados en la ocupación, que tendrían que pagar 720 euros de multa cada uno. Ahora, la pelota está en el tejado de la Fiscalía. Si el Ministerio Fiscal decide mantener los cargos contra los activistas, pese a que ya se ha resuelto la cesión del antiguo colegio, o por el contrario opta por pedir al juez que archive la causa abierta tras la ocupación del Rey Heredia, algo en lo que el Ayuntamiento ya no podrá hacer nada.

No ha sido la primera vez que se ha pedido u ordenado el desalojo de Rey Heredia. El propio Rodríguez Lainz ya dictó un auto reclamándalo. El escrito fue recurrido por los abogados de la Acampada Dignidad y finalmente tumbado por la Audiencia Provincial de Córdoba. Los tres jueces de la Sección Segunda resumían en tres puntos por qué suspenden el desalojo, tumbaban el auto de Rodríguez Laínz y el recurso presentado por el Ayuntamiento de Córdoba. Así, sostenían en primer lugar que “no se ha acreditado la urgencia para la adopción de la medida de desalojo”; en segundo lugar, que “no se ha acreditado perjuicio alguno por parte del titular del bien objeto de litigio, puesto que conforme a la prueba practicada” (se refiere a la visita de agentes de la Policía Nacional) “el inmueble en cuestión no era utilizado, explotado, arrendado ni objeto de ninguna actividad que se haya interrumpido por la presencia de los denunciados en el lugar”.

La tercera causa que argumentaban los jueces es que “dado el estado de la causa es previsible una inmediata o próxima resolución que dé paso a la celebración del juicio oral”. Por eso, “la conclusión no puede ser otra que la de entender que no existe proporcionalidad ni necesidad urgente para la adopción de la medida cautelar, y procede por ello revocar la resolución de instancia y dejar sin efecto el desalojo acordado”. Ahora es el turno del juicio oral.