El Ayuntamiento prevé recaudar 26 millones más en impuestos que el año pasado

El Consejo Social de la Ciudad (CSC) ha advertido al Ayuntamiento de Córdoba sobre la previsión de ingresos a través de impuestos directos que ha realizado en su proyecto de presupuestos para 2017. De hecho, en su informe el CSC considera que quizás el cogobierno ha “sobreestimado” la previsión de unos ingresos por la diferencia de recaudación prevista con respecto a años anteriores. En su informe, llega a ponerle nombre a la cifra: 26,1 millones de euros más que lo recaudado en los ejercicios de 2015 y 2014.

El Consejo Social ya ha entregado al Ayuntamiento su informe sobre el proyecto de presupuestos. Aunque el cogobierno aún no tiene mayoría para sacarlos adelante (Ganemos mantiene su no), el proceso sigue su trámite, tras la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno Local. El informe, considerado vinculante aunque no lo sea legalmente, realiza varias advertencias, más en el capítulo de ingresos que en el de gastos.

Así, valora que finalmente se congelara el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero critica que sí que esté previsto subirlo en aquellas propiedades no residenciales. De hecho, le pone cifra a esa subida: 12,7 millones de euros. Además, asegura que también se refleja otra subida más en el Impuesto sobre el Aumento del Valor de los Terrenos Urbanos, fijada en 6,5 millones de euros.

“Llama la atención a este Consejo el informe rectificando el importe del IBI urbano por la bajada de tipo impositivo en las ordenanzas fiscales y su impacto en los ingresos tributarios de 2017 realizado por el Órgano de Gestión Tributaria”, critica este órgano asesor. “En el mencionado informe se recoge que no se aplicará la bajada de tipos para compensar el aumento de los valores catastrales para los inmuebles que ya tienen un tipo diferenciado y cuyo uso no sea residencial. Entendemos que esta aplicación supone un incremento adicional de la imposición sobre la mayor tributación que ya soportan estos inmuebles y que además no coincide con la manifestación del equipo de gobierno de mantenimiento de la presión fiscal por este concepto”, inciden.

Precisamente, este mismo viernes, en Comisión de Hacienda, el PP volvió a reclamar en sus alegaciones la retirada de este recargo en el IBI para el suelo no residencial de alto valor, algo que de momento no está previsto por el cogobierno.

También advierte el Consejo en la previsión de ingresos a través del ICIO (el impuesto de obras y construcciones), fijado en 400.000 euros más que en ejercicios anteriores, “lo que supone igualmente un considerable incremento que puede comprometer la liquidación final y con ello la estabilidad presupuestaria”.

En el capítulo de gastos, el Consejo Social valora que los presupuestos del Ayuntamiento tengan un marcado carácter social. También destacan que en el capítulo de Personal se haya reservado un incremento para una posible subida del 1% en las nóminas de los trabajadores, prevista para 2017.

En cuanto al gasto corriente se critica que suponga el 18% del total y que gran parte vaya a pagar una importante factura de la luz. Por eso, reclaman al Ayuntamiento que siga trabajando en las políticas de eficiencia energética.

Por otra parte, el Consejo Social también denuncia que se prevean importantes partidas presupuestarias para asumir el pago de competencias que corresponden a la Junta de Andalucía. Así, alude al pago de 2,5 millones de euros por el servicio de ayuda a domicilio, que demuestra “la apuesta municipal por el gasto social” pero que correspondería al “ámbito autonómico”, señala el informe.

El documento también echa en falta “el apoyo necesario al comercio de cercanía” a las “actuaciones de peatonalización en las distintas zonas de centros comerciales abiertos” de la ciudad. También reclaman que se mantenga el programa de Mi Barrio es Córdoba y apuntan que “algunos de los capítulos consignados no ofrecen la apariencia de nuevas inversiones sino de mantenimiento, compras y gastos de carácter corriente”.

El Consejo Social entra en harina también para hablar de las empresas municipales y organismos autónomos. Destaca los incrementos en la inversión del Imdeec o Emacsa (que dispara su gasto para un ambicioso programa de sustitución de tuberías valorado en 18 millones de euros), pero critica también las importantes aportaciones municipales que se hace a empresas como Aucorsa, a la que se destinan 18 millones para garantizar su supervivencia. Ante ello, el Consejo reclama que a “medio plazo” comiencen a desarrollarse políticas de contención de gasto y de sostenibilidad autónoma de estos organismos.