El Ayuntamiento podrá regular el precio del alquiler si es abusivo

El Ayuntamiento de Córdoba podrá regular el precio de los alquileres de inmuebles en la ciudad si considera que estos son abusivos. El pacto entre el PSOE y Podemos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2019 establece el diseño de una normativa específica y hasta ahora inaudita que le daría a gobiernos locales como el de Córdoba una competencia absoluta para evitar que el mercado inmobiliario en la ciudad se desmadre.

En concreto, el acuerdo señala que el Gobierno se compromete a diseñar una normativa que se tiene que aprobar en el año 2019 y que dará esta competencia específica a ayuntamientos y comunidades autónomas. El Ejecutivo, que es quien tiene más competencias en este asunto, no tiene medios materiales para vigilar y controlar el precio de las viviendas de alquiler en los municipios. Por eso, el acuerdo entre el PSOE y Podemos pasa precisamente por ceder la competencia de vigilancia y regulación en casos extremos a los ayuntamientos.

En concreto, los ayuntamientos tendrán que elaborar un índice de precios de alquiler de referencia. En Córdoba, según el último informe, en septiembre el alquiler medio para un piso de 90 metros cuadrados rondó los 540 euros. Se considerará abusivos a aquellos alquileres que “obstaculicen” a los ciudadanos acceder a la vivienda. Pero, ¿cuál es un precio abusivo? El pacto de PSOE y Podemos no lo detalla, pero sí que se señala que no se pueden repetir situaciones como que los precios suban por encima de los dos dígitos (más de un 10%) en un trimestre.

“El objetivo de los índices de referencia es que los ayuntamientos o las comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”, señala el acuerdo entre las dos formaciones.

El sector inmobiliario en Córdoba ha sufrido grandes vaivenes en los últimos años, principalmente por la irrupción del alquiler turístico. Sin embargo, últimamente los precios han sufrido un desplome de hasta el 15%, según el portal inmobiliario pisos.com.

Otras medidas

Asimismo, el pacto entre Podemos y el PSOE incluye que para evitar que se reduzca la oferta de alquileres para vivienda, el texto menciona que se impulsará la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan prohibir los pisos de uso turístico en sus inmuebles, algo que ya han regulado puntualmente algunas comunidades autónomas.

Sobre los contratos de alquiler, el acuerdo también recoge que se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos para incrementar tanto de la duración de los mismos como de las prórrogas, recuperando la fórmula que modificó el Gobierno anterior. La duración del contrato se amplía de tres a cinco años, y la prórroga tácita de uno a tres. No obstante, en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, los plazos se dilatan más: la duración se eleva a siete años y la prórroga tácita a tres.

Una vez pasados los cinco o siete años y si ninguna de las partes notifica, al menos con seis meses de antelación, la voluntad de no renovarlo, el contrato se prolongará por otros tres años más. Si el arrendador quiere recuperar su vivienda antes del plazo estipulado por ley, deberá constar expresamente en el contrato.

Solo se podrá pedir como máximo una fianza equivalente a dos mensualidades y se prohíben otro tipo de garantías adicionales. Además, en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, éste deberá correr a cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Cuando la vivienda alquilada se venda conjuntamente con otras que formen parte del mismo inmueble, el acuerdo otorga a las administraciones públicas competentes la competencia para ejercer sus derechos de tanteo y retracto.

Parque de viviendas y presupuesto

En paralelo, se ampliará en 20.000 el número de viviendas con alquiler asequible en cuatro años para personas especialmente vulnerables y se prohibirá por ley que puedan ser vendidas o explotadas a fondos buitre o enajenadas con ánimo de lucro.

También se dotará de mayor presupuesto al Plan Estatal de Vivienda, que aumentará un 38% en 2019 hasta los 630 millones de euros, y que se ampliará progresivamente hasta los 1.000 millones en 2021. El plan otorgará financiación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan ejercer los mencionados derechos de tanteo y retracto, así como ayudas para que los pequeños propietarios puedan rehabilitar sus viviendas y alquilarlas a precios asequibles.

Además, el acuerdo recoge que se definirá por ley los conceptos de “vivienda vacía” y de “gran tenedor de vivienda” y que se habilitarán mecanismos para que las administraciones locales puedan detectarlas y poner en marcha medidas para reducir su número. Según el último censo elaborado por el INE en 2011, se calcula que el 13,7% de las viviendas en España están desocupadas, lo que equivaldría a 3,4 millones.

Desahucios

El texto se compromete a impulsar en el Congreso una regulación que dote de mayor protección a las personas hipotecadas, atendiendo a las condiciones que suscriben en los préstamos hipotecarios, y obligando a que se emita antes de un desahucio un informe a los servicios sociales para garantizar una alternativa habitacional a las personas afectadas.