El Ayuntamiento aplica la sentencia que vuelve a ampliar la jornada laboral a sus empleados

Este viernes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha acatado la sentencia de un juez que ha anulado un acuerdo de Pleno por el que se reducía voluntariamente la jornada laboral entre la plantilla municipal. La sentencia fue dictada en junio después de un recurso planteado por la Subdelegación del Gobierno.

Desde el 1 de enero de 2017, el Ayuntamiento estaba aplicando esta reducción de jornada. A partir de este momento, los trabajadores volverán a sus turnos anteriores. El Consistorio dio la posibilidad de que los empleados entraran un cuarto de hora después y salieran un cuarto de hora antes para “conciliar” su vida laboral y familiar.

En su recurso, el Gobierno consideraba que el acuerdo del Pleno “vulnera la normativa estatal de carácter básico” ya que “en la práctica” supone un reconocimiento de las 35 horas semanales entre los trabajadores del Ayuntamiento. De hecho, el Ejecutivo insiste en que “la competencia” para regular la jornada laboral de los trabajadores públicos es exclusiva de la Administración General del Estado.

El Pleno del pasado mes de noviembre de 2016 aprobó la medida, propuesta por el PSOE, no sin polémica. El PP se preguntaba si la misma se iba a aplicar entre toda la plantilla municipal o exclusivamente en los servicios centrales del Ayuntamiento. Finalmente la iniciativa fue aprobada por el Pleno, con los votos a favor de los socialistas, de IU y de Ganemos. El PP, Ciudadanos y UCOR se abstuvieron.

La Subdelegación del Gobierno ya anunció que pediría un informe para determinar la legalidad de la aplicación de las 35 horas en el Ayuntamiento. El Gobierno sostiene que se trata de una medida aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de enjugar el déficit público, con un aumento de la jornada laboral de los funcionarios y por tanto de su productividad. Sin embargo, los sindicatos han defendido justo lo contrario: que a mejores servicios horarios más flexibles que faciliten, a su vez, la contratación de más personal.

Las 35 horas semanales también se estaban aplicando entre todo el personal de la Junta de Andalucía, tras un acuerdo del gobierno presidido por Susana Díaz. El Gobierno decidió llevar a los tribunales esta medida, que acaba de ser anulada también.

No es la primera vez que el Ejecutivo impugna acuerdos asumidos por el Ayuntamiento de Córdoba. Ya lo hizo (y los jueces le dieron la razón) con la decisión de que casi todos los servicios municipales fueran considerados como esenciales y así facilitar la contratación de personal.