El alcalde de Aguilar se escuda en los técnicos para defenderse ante el juez

Francisco Paniagua está siendo juzgado por un delito contra la ordenación del territorio supuestamente cometido en 2006 con la concesión de una licencia para una ITV

“Si los informes suben a la comisión de gobierno es que no tienen ninguna pega”. El alcalde de Aguilar de la Frontera, Francisco Paniagua (PSOE), ha defendido ante el juez que las decisiones que toma las hace confiando en los servicios técnicos del Ayuntamiento. Paniagua se ha defendido de esta manera de la acusación que pesa sobre él, su teniente de alcalde de Urbanismo en 2006 y el secretario del Ayuntamiento de haber cometido un presunto delito contra la ordenación del territorio al conceder licencia para la construcción de una nave industrial que iba a acoger una Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El fiscal solicita un año de prisión y siete de inhabilitación a cada uno de los tres acusados.

En el juicio, en el que sorprendentemente no ha sido citado ni en calidad de testigo el constructor, el alcalde ha insistido en que concedió la licencia de obras por que contaba con el visto bueno de la arquitecta y la abogada del Ayuntamiento, y que ademas la instalación disponía de un informe de declaración de interés público (la construcción de la ITV) desde el año 2002 por parte de la anterior Corporación municipal y firmada por la anterior alcaldesa, Carmen Flores (IU). Flores también acudió a declarar como testigo y pese a ser interrogada por el juez de lo Penal número 2 dijo no recordar a quién había enviado la declaración de interés público de la ITV pese a que el documento incorporado al sumario cuenta con registro de salida. El magistrado considero “muy importante” para la causa saber a dónde se envió esa declaración.

Actualmente, la nave construida con su correspondiente licencia de obras está acabada pero no abierta. Interrogado por el fiscal, el alcalde reconoció que hace poco se reunió con el actual secretario municipal “para ver qué problema había y me dijo que faltaba la licencia de apertura o actividad o algo de eso”. El fiscal también preguntó al regidor si sabía que en Andalucía existe una empresa pública llamada Veiasa que es la encargada de gestionar las ITVs de toda la región, a lo que Paniagua respondió que lo desconocía.

En el juicio no han declarado ni la arquitecta ni la abogada municipal que el alcalde nombró para defender que había concedido la licencia de obras siguiendo sus recomendaciones. Sí lo ha hecho un perito de la Consejería de Obras Públicas para afirmar que el expediente de urbanización era correcto, y otros dos técnicos más que han avalado sus informes favorables anteriores. Tanto el ex teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Palma, como el ex secretario municipal han defendido también su inocencia.