La acusación pide al juez el desahucio de Lourdes y sus hijos de su casa

La mujer, que ha sido juzgada esta mañana, ocupa su propia vivienda después de que fuera desalojada por la empresa que compró el inmueble en una subasta del Banco Santander

Visto para sentencia. Lourdes Castro ha sido juzgada esta mañana en la sala de lo Penal 2 de Córdoba por la usurpación de su propia vivienda. La mujer y sus dos hijos fueron desahuciados el 19 de octubre de 2012 por el impago de una hipoteca al Banco de Santander por valor de 72.000 euros. Solo unos días después, Lourdes recibió la llamada de un vecino diciéndole que la puerta de su casa, en la calle Evaristo Espino, 51, en el Campo de la Verdad, estaba abierta. Lourdes cogió a sus hijos y ocupó de nuevo la vivienda. La acusación particular solicita el desalojo de la familia y una multa de seis euros al día durante un año y al pago de 3.000 euros por daños y perjuicios.

La Fiscalía le acusa de un delito de usurpación y le pide una multa de tres euros al día durante tres meses. La nueva cerradura instalada por los compradores de la vivienda tras la subasta (una empresa con sede en Luxemburgo llamada Propiedades Residenciales) apareció intacta y las llaves dentro de la casa. Nadie forzó la entrada

El juez no ha atendido la solicitud de la abogada de Lourdes Castro, que solicitaba suspender el procedimiento al haber solicitado su defendida la expropiación de la casa acogiéndose a la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta. Como se preveía, la solicitud ha caído en saco roto porque la ley autonómica se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno central, que la recurrió.

Durante la vista, Lourdes Castro ha explicado a la sala que dejó de pagar la hipoteca tras quedarse en paro y cuando el subsidio de 426 euros solo le daba para su manutención propia y de los niños. La mujer ha alegado que todos sus intentos de negociación con la empresa fracasaron debido a su insistente petición de dinero. Junto a la Plataforma Stop Desahucios afirma que llegó casi a acordar con Propiedades Residenciales el pago de 4.000 euros más un contrato de alquiler social con futura opción de compra. Pero en el último momento, la empresa pidió más dinero y ella no pudo hacer frente al mismo.

Poco después, se produjo el primer intento de desahucio, el 18 de julio de 2012. La comitiva judicial no pudo ejecutar el lanzamiento de la familia porque un centenar de personas de Stop Desahucios rodearon la casa e impidieron su acceso. Tres meses después, por sorpresa y aprovechando que Lourdes volvía de llevar a sus hijos al colegio, la mujer fue desahuciada sin dejarle sacar sus pertenencias de casa. Tres días después, Lourdes y sus dos hijos volvieron a casa tras encontrar la puerta abierta.

La Fiscalía y la acusación particular destacan que Lourdes ocupa una propiedad que legalmente no es suya a sabiendas y critican que, hasta marzo de 2013, la mujer no buscase una solución para encontrar otra vivienda a través de la Junta de Andalucía, dando por sentado que Lourdes aceptaba la ocupación, sin más. Ella, por contra afirma que su situación es temporal y que está abierta a encontrar una solución a través de un alquiler social “que pueda pagar en función de mi situación actual”.

En sus conclusiones finales la defensa ha pedido que se tenga en cuenta que Lourdes no tiene trabajo ni ayudas sociales de ningún tipo, más allá de la pensión alimenticia de sus hijos. “La alternativa a la situación actual es que ella se quede en la calle y Asuntos Sociales se quede con sus hijos”. En la calle, Lourdes ha insistido en que “resistiré”. Y un portavoz de la plataforma Stop Desahucios ha añadido, “resistiremos con ella”.