Casco histórico: movilidad casi inamovible

Desde una perspectiva turística, Córdoba tiene la suerte de disfrutar de uno de los cascos históricos con mayor extensión no sólo de nuestro país, sino de toda Europa. Aunque este hecho supone un motivo de orgullo y regocijo para la ciudadanía, al mismo tiempo, también supone un verdadero reto a superar para nuestros responsables municipales cuando llega el momento de definir la política de movilidad sostenible que ha de imperar en las calles de la urbe. Además, desde 1994, la dificultad del desafío aumentó exponencialmente cuando gran parte del Casco Antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, siguiendo así la estela de la Mezquita-Catedral que diez años antes ya había recibido tal reconocimiento.

La referida declaración convierte la movilidad no en una recomendación, sino en un imperativo, ya que la Unesco demanda a las ciudades que disfrutan de un enclave tan relevante la elaboración de un Plan de Usos y Gestión que contemple, entre otros aspectos, dicha cuestión. La demanda de dicho instrumento por la referida organización internacional es mucho más intensa a partir del 2006. En dicho año y por primera vez desde 1994, la Unesco realizó un informe de evaluación sobre el Casco Histórico de nuestra ciudad que contemplaba un apartado denominado emergency measures, es decir, medidas urgentes. En el citado epígrafe, la Unesco mostraba su preocupación por una serie de cuestiones que podrían repercutir negativamente sobre el Casco Histórico, tales como el impacto de la actividad turística, la protección de los espacios públicos y edificios catalogados y el excesivo desarrollo de actividades encuadradas en el sector terciario, como la hostelería y el comercio. Además, la Unesco también reclamaba un Plan de Movilidad específico para la zona declarada Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de reducir el tráfico a motor en la zona. A pesar de la existencia del informe de evaluación y de los deseos finalmente frustrados de esta ciudad por ser Capitalidad Cultural Europea en el 2016, los distintos gobiernos municipales de esta ciudad sólo han llegado a aprobar un Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PECH) y algunos planes de movilidad. El primero se torna insuficiente para cubrir las demandas de la Unesco, pues su contenido sólo se centra en medidas de carácter urbanístico, y los segundos sólo han servido para cubrir muy parcialmente las recomendaciones que la organización internacional llegó a reflejar en su informe de evaluación aunque, en descarga de nuestros representantes públicos, hay que argumentar que, a diferencia de la mayoría de nuestros vecinos europeos, la ciudadanía aún no está totalmente concienciada sobre la restricción del uso del automóvil y las ventajas sociales y económicas derivadas de la total peatonalización de los principales enclaves turísticos.

En esta coyuntura, el gobierno municipal del Partido Popular ha anunciado un nuevo plan de movilidad para el Casco Histórico que introduce como principales novedades la ampliación de la zona ACIRE (Área de Circulación Reducida) al entorno de la Calle Lucano y Ronda de Insasa, la creación de los llamados “Entornos Especiales” -nueva figura jurídica que establece una serie de limitaciones en determinadas zonas que no son ACIRE pero que se hallan próximas a ésta- y la sustitución de las tradicionales pilonas por cámaras de seguridad que controlen las entradas y salidas  en el Casco Histórico de aquellos vehículos previamente autorizados –sólo se mantendrán las pilonas ubicadas en la Puerta de Sevilla y calle Cárcamo-.

Sin lugar a dudas, ha sido esta última medida la que ha generado más debate en los medios de comunicación. Desde mi punto de vista, la referida sustitución es acertada ya que ofrece una imagen del Casco Histórico menos agresiva y evita que, por los propios efectos de la pilona, se produzcan daños en las personas y los bienes. En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba ya se ha visto obligado a abonar una indemnización cuya cuantía asciende a 4.000 euros por los perjuicios que el mal funcionamiento del citado artilugio generó en el vehículo de un ciudadano. No obstante, este hecho es una nimiedad con lo acontecido en el municipio gallego de Piloña donde dos vecinos perdieron la vida por esta causa. El único recelo que me produce esta iniciativa reside en la garantía del buen funcionamiento y de la plena operatividad de las cámaras que se instalen, circunstancia que habrá de ser supervisada por los servicios municipales competentes si se pretende que el Plan de Movilidad sea realmente efectivo.

Tal como sus predecesores, el nuevo Plan de Movilidad tampoco cumple en su totalidad las recomendaciones que sobre esta materia efectuó la Unesco aunque sí supone un paso más para alcanzarlas. En cualquier caso, tal como adelanté más arriba, la lentitud en la consecución de los objetivos de movilidad no puede ser achacada en exclusividad a los dirigentes municipales sino que todos, posiblemente yo el primero, debemos concienciarnos de que la peatonalización del Casco Histórico supone una oportunidad para el desarrollo de la ciudad en todas sus facetas y, por tanto, debemos asumir las consecuencias derivadas de su aplicación superponiendo el bien general a cualquier tipo de comodidad o interés particular.