En la década de los 80 el Partido Socialista Obrero Español decidía generar un nuevo sujeto educativo dando el pistoletazo de salida para, bajo la connivencia de lo público, crear el modelo de escuela concertada. La intención aparentemente, y siempre en apariencia, bajo la que se intentó justificar estos centros ya construidos (anteriormente privados), fue la de permitir al Estado hacer frente al potencial alumnado que en España necesitaba escolarización. En teoría era para subsanar la falta de colegios públicos teniendo fecha de caducidad en la futura construcción de nuevos centros educativos públicos.
Hoy en día la escuela concertada es un negocio enorme que engulle miles de millones de euros al año y que bajo la apariencia de una construcción público/privada tiene garantizada una colegiación obligatoria (disponiendo de un bien esencial), asegurado el flujo de clientes y cuyos beneficios, que dan seguridad a ese negocio, pagado desde lo público. ¿Quién no querría montar un negocio así?
No contentos con recibir dinero público para el desarrollo de la actividad educativa acordada por ley, los centros educativos concertados reciben ingentes cuantías económicas procedentes de las cuotas de los alumnos que son obligatorias en el 90% de los casos, incumpliendo así el Real Decreto sobre Reglamento de Conciertos Educativos, por el que queda prohibido percibir contrapartida económica por dicha actividad. Estas cuotas suponen una vulneración del derecho de las familias a una educación gratuita y fraude para la administración pública. Porque, si bien la ley determina una educación pública gratuita, que nadie se lleve a engaño: en absoluto lo es.
Si poco a poco vamos reduciendo la dotación económica que vamos realizando a los sectores estratégicos como la sanidad y la educación, alegando que no se dispone de suficientes medios y recursos, lograrán privatizar el país. La derivación de servicios públicos a la privada, o directamente la privatización de los servicios, atiende a un claro objetivo: desmantelar servicios públicos esenciales. Nos hacen creer que la gestión privada es siempre mejor que la pública, que simplemente nombrando el término empresa o el término gestión privada vamos a asumir que los perfiles que la dirigen son más profesionales con vagas y falsas promesas de que mejorará la gestión del servicio, cuando la realidad es que nos van a ofrecer un resultado no superior y como mínimo más caro para el contribuyente.
Poco a poco la educación pública simplemente se va quedando como algo residual, escuelas low cost para barrios marginales, para pueblos de las zonas rurales en claro retroceso demográfico sin prácticamente recursos y sabiendo que cuando salgan al exterior, serán carne de cañón.
Rafael Estévez Garrido
Coordinador Provincial
Podemos Córdoba
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