El derecho a enfermar sin ser sospechoso

El 24 de julio de 2026, José María Triper publicó en elEconomista.es una columna titulada «El deporte nacional del absentismo». El artículo sitúa en 1,6 millones las ausencias diarias al trabajo y añade que cerca de 400.000 se producirían sin justificación médica, según datos de las mutuas. Son cifras que merecen examen. Pero también lo merece el modo de nombrarlas: si el propio texto distingue entre ausencias justificadas y no justificadas, ¿por qué reunirlas bajo una metáfora que remite de antemano a la picaresca, la voluntad y el abuso? Hay palabras que describen y palabras que juzgan. A veces basta con cambiar el nombre de las cosas para cambiar también quién parece culpable.

«Incapacidad temporal» nombra una situación de salud acreditada y sometida a control. «Absentismo», empleado sin matices, evoca desentendimiento y falta moral. Fundir ambas realidades borra la frontera entre quien engaña y quien está enfermo, y extiende sobre todos una sospecha que solo debería recaer, con pruebas, sobre conductas concretas. Las palabras importan porque reparten responsabilidades: la primera nos obliga a preguntar qué le ha ocurrido al trabajador; la segunda nos predispone a preguntar qué está haciendo mal. Así se desplaza el debate desde la prevención, las cargas de trabajo, las plantillas insuficientes, la salud mental o la organización del empleo hacia el carácter moral de quien no ha podido acudir. No toda enfermedad nace en el trabajo, desde luego; pero ninguna sociedad seria puede expulsar las condiciones de trabajo de la conversación cuando crecen las bajas. Confundir el efecto con la causa produce titulares; no produce diagnósticos.

El fraude existe. Negarlo sería tan poco honrado como convertirlo en explicación general. Debe perseguirse individualmente, con pruebas, controles y garantías, porque el abuso de un derecho perjudica a quienes sí lo necesitan. Pero un Estado de derecho no puede transformar la excepción en una presunción colectiva. Quien recibe una baja médica ha pasado por una valoración facultativa y queda sujeto a los mecanismos de seguimiento previstos. No tendría, además, que comparecer ante un tribunal difuso de tertulias, columnas y conversaciones de oficina para acreditar su inocencia moral. Una baja no es una recompensa, unas vacaciones ni una dispensa del deber: es una medida temporal para que la salud no termine pagando el precio de continuar cuando ya no se puede.

Escribo como trabajador actualmente en situación de incapacidad temporal. No lo hago contra la empresa que me dio trabajo ni para llevar una relación concreta a la plaza pública. Tampoco pretendo convertir a empresarios y autónomos en caricaturas: ellos conocen, muchas veces de forma directa, el coste humano y económico de sostener una actividad. Mi objeción es otra, y es cívica. El respeto debido a quien nos da trabajo no exige callar cuando el lenguaje público convierte un derecho en motivo de vergüenza. Valorar el trabajo no consiste en santificar el sufrimiento. La vieja dignidad obrera nunca significó aguantar hasta romperse; significó que la vida y la salud de quien trabaja no podían tratarse como materia consumible. No hay ética del trabajo digna de ese nombre si su medida es cuánto dolor soporta una persona antes de quebrarse.

Este lenguaje tiene consecuencias. El trabajador responsable oye hablar de abuso y se dice: «Yo tengo principios; yo aguanto». Retrasa la consulta, minimiza el dolor, oculta la ansiedad y continúa hasta que el daño es mayor. A veces, la retórica que asegura combatir las ausencias contribuye así a prolongarlas. Nadie sensato desea una sociedad con más bajas; precisamente por eso conviene formular bien la pregunta. Si aumentan, averigüemos por qué enferma la gente, qué parte puede prevenirse, qué fallos existen en la organización o en la atención sanitaria y qué medidas permiten volver al empleo con seguridad. Esa investigación no es hostil a la empresa. Una organización que previene el daño, cuida sus equipos y favorece recuperaciones reales es también una organización más estable.

Podemos defender a la vez el cumplimiento de las obligaciones y la protección de la salud. Al empresario le corresponde certeza; al sistema, controles eficaces; al trabajador enfermo, la presunción de decencia. Lo que no cabe es usar una palabra como atajo para colocar bajo sospecha a personas en situaciones muy distintas. Una democracia social no se mide solo por los derechos que reconoce, sino por la posibilidad de ejercerlos sin ser humillado por ello. En el paso de «incapacidad temporal» a «absentismo» cambia algo más que el vocabulario: cambia el lugar desde el que miramos al otro. Reducir las bajas exige que menos personas enfermen, no que más personas se sientan culpables por enfermar. El trabajo merece respeto. La salud de quien trabaja, todavía más.

Mateo López Cuenca es trabajador y escribe a título estrictamente personal