Cuestionando la necesidad de la caza

Ya en 1974, en el capítulo “Cotos y montería” de El hombre y la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente advertía algo que hoy sigue siendo incómodo de escuchar: la naturaleza posee mecanismos propios de autorregulación y, salvo excepciones muy concretas, “nunca pasa nada” cuando el ser humano no interviene. Lo que sí suele pasar —y él lo decía con crudeza— es que, desde nuestro profundo desconocimiento, actuamos “como un grupo de niños con globos llenos de pintura en un museo”. Su alarma ante la posible extinción del lobo, el gran depredador que estructura la pirámide ecológica, resuena hoy con una vigencia dolorosa.

Nuestro deseo de cazar por deporte responde a un impulso competitivo impostado, muy alejado de la esencia primitiva que nos permitió sobrevivir: cazar para alimentarnos y encontrar la felicidad en la conexión respetuosa con el entorno. La ciencia ecológica lo ha mostrado una y otra vez: los ecosistemas funcionan mejor cuando cada especie cumple su papel sin interferencias artificiales. Los depredadores regulan a los herbívoros, los herbívoros modelan la vegetación y la vegetación sostiene al resto de la vida. Cuando sustituimos ese equilibrio por decisiones humanas guiadas por intereses recreativos, el resultado no es más estabilidad, sino más desorden.

La paradoja del jabalí es un ejemplo claro. A pesar de que numerosos estudios señalan que la presión cinegética desestructura los grupos sociales, elimina hembras adultas experimentadas y dispara la reproducción temprana —aumentando la proporción de juveniles—, muchos cazadores siguen defendiendo que su actividad es una herramienta eficaz de control. Sin embargo, la evidencia es tozuda: las poblaciones sometidas a caza intensa responden con mayor fecundidad, ciclos reproductivos más cortos y camadas más numerosas. Cuanto más se caza, más se acelera la dinámica poblacional. Y cuanto más se acelera, más se justifica seguir cazando. Un círculo vicioso difícil de sostener.

La situación en Sierra Morena de Córdoba resulta desalentadora para quienes solo queremos disfrutar del campo. No basta con encontrar fincas completamente valladas que fragmentan el territorio y dificultan el movimiento natural de la fauna —un problema reconocido en toda la Península—; además, debemos asumir que no podemos planificar una ruta con tranquilidad. En cualquier momento pueden aparecer advertencias que nos amedrentan incluso en zonas de dominio público. Esta fragmentación no solo limita nuestra libertad como ciudadanía: también compromete a especies que necesitan grandes áreas continuas para mantener poblaciones sanas, desde el lince ibérico hasta los propios ungulados que la caza dice gestionar.

En este clima de permanente defensiva, estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Somos primates hechos para vivir en colectividad, pero la falta de cumplimiento de las normas —y la permisividad ante quienes las vulneran— erosiona la convivencia y nos enfrenta. Defender el acceso responsable al medio natural no es una cuestión ideológica: es una necesidad ecológica y social.

A ello se suma un problema institucional grave. Según me explica el Coordinador de la UB‑1, en el año 2000 había 100 Agentes de Medio Ambiente en la provincia de Córdoba; en 2026 quedan 78. Próximamente, se jubilan 27, lo que reducirá la plantilla a 51: la mitad de los históricos. En la Unidad de Córdoba, de 12 Agentes se pasará en breve a tan solo uno, sin reposición prevista. Según la normativa andaluza, estos Agentes —funcionarios de la Junta— son la autoridad responsable del control y vigilancia de la actividad cinegética, a veces con apoyo del Seprona, también mermado y obligado a desplazarse desde puntos remotos. Con esta falta de personal, dejamos en abandono extremo nuestro patrimonio forestal y faunístico. Esta situación es extrapolable a toda Andalucía.

La situación invita a preguntarse si los beneficios económicos derivados de la actividad cinegética cumplen los requisitos que se exigen a cualquier otra actividad empresarial: beneficios declarados, impuestos pagados, IVA incluido. La normativa existe, pero sin personal suficiente para verificar su cumplimiento, queda en papel mojado. Un ejemplo elocuente: la norma contempla controles de alcoholemia a los participantes en las cacerías, pero los Agentes de Medio Ambiente no disponen de los dispositivos necesarios para realizarlos.