Adjudican el contrato para elaborar un censo de edificios con restos de amianto en Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba (GMU) ha adjudicado el contrato para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en el término municipal a la empresa Bureau Veritas Inspección y Testing, por un importe de 14.500 euros, con el que se pretende identificar y localizar, mediante técnicas de teledetección e inteligencia artificial, las cubiertas y elementos constructivos que contengan amianto tanto en edificaciones públicas como privadas de todo el municipio de Córdoba.

La elaboración de este censo responde a lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los ayuntamientos a identificar las instalaciones y emplazamientos con amianto existentes en su término municipal y a planificar un calendario para su retirada (el horizonte es 2028), priorizando los casos de mayor riesgo.

Dada la complejidad técnica de estos trabajos y la necesidad de valorar el riesgo potencial de los materiales detectados, el pliego establece la intervención de personal especializado con formación y experiencia acreditada.

El contrato contempla la adquisición de imágenes aéreas actualizadas de alta resolución —como ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) o similares—, debidamente georreferenciadas y corregidas, que cubrirán la totalidad del término municipal.

A partir de estas imágenes, se aplicarán sistemas de teledetección y algoritmos de inteligencia artificial entrenados específicamente para el municipio cordobés, con el objetivo de localizar cubiertas de amianto con una fiabilidad superior al 90 %. Los resultados estarán georreferenciados y se integrarán en un visor GIS.

El trabajo incluirá:

Toda la información se estructurará en una base de datos en formatos georreferenciados (SHP, KML, XLSX y GeoTIFF), preparada para su explotación futura y para incorporar nuevos casos que puedan detectarse con posterioridad.

Calendario de retirada

El contrato prevé la elaboración de una memoria técnica que permita a la GMU establecer una propuesta de calendario de retirada. La planificación tendrá en cuenta la proximidad de los elementos detectados a centros educativos, deportivos, sanitarios, zonas de juegos infantiles, edificios públicos y nodos de transporte.

En estos entornos con mayor presencia de población vulnerable, el documento propondrá la obligación de retirada prioritaria del material con amianto. Asimismo, la programación diferenciará entre titularidad pública y privada a la hora de establecer plazos y prioridades.

Cada inmueble censado contará con una ficha digital individualizada en formato PDF, vinculada a la base de datos, que recogerá datos como distrito, referencia catastral, año de construcción, superficie y volumen estimado de amianto, uso del inmueble, titularidad y fecha propuesta de retirada.

Entre las novedades del contrato figura la creación de un visor GIS externo a la GMU, que permitirá la visualización online del censo. Además, se habilitará un buzón web público para que la ciudadanía pueda comunicar voluntariamente la posible existencia de amianto en edificaciones, ya sea mediante búsqueda en mapa, referencia catastral o dirección postal.

Tras la publicación provisional del censo, se abrirá un plazo de tres meses para incorporar la información recibida a través de este canal y proceder a su actualización definitiva.

Aunque el amianto está prohibido en España desde 2002 (la prohibición entró en vigor el 14/06/2002), puede seguir presente en materiales instalados con anterioridad. Por eso, cuando se interviene, no vale “quitar y listo”: hay que hacerlo con procedimientos adecuados y con una gestión del residuo que termine en un gestor autorizado.