Joaquín Urías: “Los políticos están utilizando impunemente a los padres con hijos asesinados”

Hasta hace apenas tres semanas, el foco informativo de los medios de comunicación estaba centrado en el pequeño Gabriel y en la recogida de firmas que padres de hijos asesinados estaban realizando en contra de la derogación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, lo que ya se conoce como el caso Cifuentes ha destronado de la agenda informativa esta última cuestión. Pero sigue palpándose en el ambiente de la judicatura y en el de la Universidad. Los jóvenes estudiantes debaten con sus profesores la idoneidad -o necesidad- de esta nueva pena que muchos califican como cadena perpetua.

Joaquín Urías (Sevilla, 1969) no es un jurista al uso. No es hermético. Recibe a Cordópolis atendiendo, a la vez, una entrevista en directo en la radio vasca. Viene a Córdoba para hablar sobre populismo punitivo, una doctrina que España está heredando de Estados Unidos y que busca el endurecimiento penal con leyes “irracionales y electoralistas”. Urías se muestra en contra de este populismo y asegura que “los políticos buscan el voto antes que la justicia”. Cree en un Estado de Derecho en el que se respete a los presos, quienes no reciben un buen “tratamiento en España”.

Las jornadas se desarrollan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Preguntamos por el salón de grados y hacemos alusión al título de las jornadas. Nadie sabe nada. Un chico nos interpela: “¿Venís a las jornadas sobre la cadena perpetua?”. La belleza del lenguaje. O de la economía discursiva. O la realidad existente bajo el disfraz de lo políticamente correcto.

PREGUNTA. ¿España es un país que se aprovecha de los dramas humanos?

RESPUESTA. No solamente España. Esto ocurre en muchos países del mundo. En Argentina, hace poco hubo un asesinato horrible y la gente salió inmediatamente a la calle pidiendo cadena perpetua. La gente, ante un delito muy grave y que los medios lo agrandan, se indigna y pide venganza. Esto viene pasando desde la Edad de Piedra. Entonces, que la gente pida venganza no es algo que ocurra solamente en España.

P. ¿Los medios acrecientan ese sentimiento de venganza?

R. Claro. Los medios buscan la noticia pero también la audiencia. Desde la época del periódico El Caso, siempre ha dado audiencia el contar noticias escabrosas. Al retroalimentarse un medio con otro medio, crece la competencia y eso tiene un daño colateral en la gente, que se indigna y se vuelve a indignar. Cuanto más detalles sabe sobre un caso, más se indigna y, al final, se convierte en un clamor.

P. ¿Cuanto más sabe la gente, más quiere?

R. No, al revés. Cuanto menos sabe la gente, más cadena perpetua quiere. La gente que de verdad sabe que España es el país que tiene las penas más duras de Europa, piensa diferente. La gente que sabe que en España se tarda mucho más tiempo en salir de la cárcel comparado con otros países europeos, quiere menos penas. Hay una encuesta muy curiosa en la que se pregunta a los ciudadanos cuál sería la pena adecuada para una persona que roba un bolso por el procedimiento del tirón. De las respuestas, el 93% de la gente pide una pena menos grave de la que existe actualmente. Es decir, la gente piensa que las penas son mucho menos graves de lo que realmente son.

P. ¿Por qué quienes defienden la prisión permanente revisable aseguran rotundamente que en España no se cumplen íntegramente las penas?

R. Es que eso es totalmente falso. Puede ser que haya casos en los que no haya quedado determinado que se ha cometido un delito y el preso sale antes. Pero en España... Te puedo decir muchos casos. Mira, el caso Bretón aquí en Córdoba es un ejemplo. Al padre lo han condenado a 40 años y hasta los 20 no tiene derecho a la primera revisión que le va a dar derecho al tercer grado. Es decir, como mínimo va a estar 20 años en prisión. Otro ejemplo: la gente se indigna cuando ponen en libertad a los etarras, pero ellos están en la cárcel entre 22 y 25 años de media. La gente no entra y sale de la cárcel como si nada. En España, quien comete un delito grave está más tiempo en la cárcel de lo que suele estar en otros países europeos.

Cuanto menos sabe la gente, más cadena perpetua quiere

P. ¿Estamos entonces ante una balsa de desconocimiento total?

R. Lo que hay son muchos rumores que son aceptados de manera muy propensa por parte de la gente. Un caso muy típico: interceptaron una carta del asesino de Diana Quer en la que decía a sus padres que en siete años estaría en la calle. Eso fue una cosa que él le contaba a sus padres para tranquilizarlos o porque habría escuchado un rumor. Bueno, pues los medios de comunicación lo han dado por auténtico y me encuentro a diario con gente que me dice que este asesino estará libre en siete años. Esto no es así. En España, ningún asesino está en la calle con menos de 15 años en la cárcel. Corren rumores, nadie sabe temas de Derecho y mientras menos saben, más se indigna.

P. ¿La difusión de esa carta supone una violación de los derechos de este preso?

R. Claro. España tiene unas cárceles muy buenas pero el tratamiento que se da a los presos es de los peores de Europa. Y en muchos sentidos. No hay un tratamiento de reinserción, tampoco educativo, no se trabaja con los presos y no se respetan sus derechos. Es muy frecuente en España que se filtren fotografías de presos en la cárcel o de cartas que han mandado. Eso sólo lo puedo hacer un funcionario. Imaginarse que esto ocurre te demuestra que los funcionarios no tienen conciencia sobre su trabajo. Eso dificulta mucho la reinserción. Si lo propios funcionarios no son lo bastante profesionales y si, encima, hay muchos de seguridad pero pocos de tratamiento, podemos decir que la cárcel en España no cumple su función.

P. ¿Hay cauce legal para penar esta violación de derechos?

R. En España, las filtraciones están castigadas pero casi nunca se investigan. En el Tribunal Constitucional se filtra lo que se está hablando y nadie lo investiga, y en las cárceles ocurre lo mismo. En la práctica, la sanción real no funciona.

P. ¿Qué es el populismo punitivo?

R. El populismo punitivo es utilizar las leyes penales no con una finalidad del bien de la sociedad sino de manera populista para conseguir votos. Es dictar leyes que castigan a algunos ciudadanos para contentar a una mayoría de la sociedad que, en un determinado momento, pide venganza o dureza. Aunque esta parte de la sociedad no tenga razón, por contentarlos, se dictan normas.

España es el país que tiene las penas más duras de Europa

P. Ahora asistimos a un repunte de este populismo punitivo en España pero no es nuevo en la historia.

R. Claro. Pero en todo esto hay una confusión. Una cosa es que los ciudadanos tengan que participar en la elaboración de las normas, que tienen que reflejar el sentir popular. Y otra cosa es que una norma muy específica, que atenta contra los derechos de una determinada parte de la sociedad, se base puramente en motivos electorales. Son dos cosas muy distintas.

P. ¿Le resulta extraño que en España se empiece a hablar ahora de populismo punitivo?

R. En España hay un retroceso de derechos fundamentales. Hace 20 años, nadie hubiera imaginado que habría un movimiento social pidiendo la cadena perpetua, y lo tenemos. Igual que hace años nadie habría imaginado la existencia de otro movimiento que pidiera la pena de muerte que, dentro de nada, lo tendremos. En España estamos en una situación en la que la conciencia social de cuáles son los derechos de los ciudadanos está retrocediendo. La libertad de expresión o el derecho al voto de los ciudadanos españoles en el extranjero están retrocediendo, por ejemplo. Estamos perdiendo derechos y la sociedad lo está aceptando como algo normal.

P. ¿Se pueden establecer las causas de este repunte?

R. Creo que hay varias. Una de ellas es el no haber reformado la Constitución y no haber creado una cultura constitucional. La gente que vivió la Transición es consciente de que hay derechos presentes en la Constitución que no te pueden quitar. Todo el mundo tiene derecho a la huelga aunque moleste. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse aunque moleste. Esa conciencia se está perdiendo cada vez más y la gente te dice: “Hombre, ¿cómo va a haber huelga? ¿Y ahora cómo voy yo al trabajo? ¿Cómo va a haber libertad de expresión si estás diciendo algo que va contrario a mis opiniones?”. Cada vez más, la gente pierde conciencia de los derechos porque no ha participado en la recuperación de esas libertades. Si hiciéramos un nuevo proceso de elaboración de una nueva Constitución y tuviéramos que debatir sobre libertades pues, quizás, la gente recuperaría esa conciencia. Pero lo vemos ya tan lejos... En el año 78, si te dice alguien que la huelga no se puede hacer porque molesta te diría: “Pues claro, para eso es la huelga”.

P. Apuesta por una reforma de la Constitución.

R. Sí, sí. Lo que pasa es que me da mucho miedo porque si se hace ahora mismo, sin un debate previo o una movilización popular, lo que va a hacer la gente es quitar libertades. Es lo que ocurre con las Comunidades Autónomas, que no funcionan porque se han interpretado en la Constitución de una manera muy restrictiva. Le han quitado todas las competencias y ahora tenemos una duplicidad: los Ayuntamientos, el Estado y las Comunidades Autónomas en medio, sin competencias. Ahora mismo, una reforma de la Constitución llevaría a quitarles más competencias y, quien dice eso, dice también retroceder en derechos. Hay que reformar la Constitución pero antes hay que abrir un proceso de debate para que la gente sea consciente de lo que vota. Si haces un referéndum estamos perdidos porque haríamos una Constitución nueva que sería peor de la que tenemos.

En España no se respetan los derechos de los presos

Además, hay una clave coyuntural para entender esta situación en relación al populismo punitivo: hay una pelea en la derecha por la hegemonía de la derecha que hace que tanto el Partido Popular como Ciudadanos se peleen para ver cuál de los dos partidos es más duro. Cuando llega un candidato para la derecha, lo primero que pide nada más llegar es cárcel o cadena perpetua para los presos. En este momento histórico en España, estos dos partidos se retroalimentan. Si el PP dice cadena perpetua, Ciudadanos dice: “No, no. Cadena perpetua pero dos veces”. Esto forma parte del problema, aunque no es lo único.

P. Ciudadanos ha manifestado una doble posición con respecto a la prisión permanente revisable. Primero defendió su retirada y, posteriormente, dijo lo contrario. ¿Está cambiando su posición por sus valores ideológicos o mirando la calculadora electoral?

R. Por sus cálculos electorales exclusivamente. Cuando Ciudadanos no tenía muchos votos y quería adquirir una imagen moderada decía lo que era razonable: la prisión permanente revisable es contraria a la Constitución por mucho motivos, porque no permite la reinserción y porque da igual que sea revisable. Ciudadanos sabía que era inconstitucional. Ahora, que se ve peleando por el primer puesto en la derecha junto con el PP, a Ciudadanos no le importa lo que diga la Constitución y lo que le interesa es conseguir más votos.

P. ¿Las firmas que está recogiendo el PP por toda España en favor de la prisión permanente revisable pueden influir en el recurso de inconstitucionalidad?

R. Los magistrados del Tribunal Constitucional son muy susceptibles a la presión social. Si tienes millones de españoles a favor de la cadena perpetua, al Tribunal Constitucional le cuesta más trabajo anularla. Lo que está haciendo el PP es meter presión sobre el Constitucional. Si éste se encuentra con que hay cuatro millones de ciudadanos que han firmado por la cadena perpetua, no tiene narices para declararla inconstitucional. Esto es lo que está haciendo el PP, que últimamente lo que hace es coger batallas, igual que cogió la batalla del Impuesto de Sucesiones aquí en Andalucía. El PP coge batallas que parece que les da votos y no hace política de verdad.

P. Da miedo pensar que cuatro millones de personas puedan ejercer tal presión en una institución tan fundamental como es el Constitucional.

R. Claro, pero es que este tribunal depende mucho de lo que diga la sociedad. Es un tribunal que tiene que solucionar problemas que el Parlamento mismo no ha sido capaz de solucionar y para los que la Constitución no es tan clara. En el caso del matrimonio homosexual, en la sentencia que argumenta que no es anticonsitucional, el mismo tribunal dice que la Constitución recoge que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer pero como la sociedad ya admite que se puedan casar personas del mismo sexo, nosotros también. En este caso concreto me parece muy bien, pero demuestra que el tribunal, cuando dicta sentencia, se rige por lo que la sociedad quiere en cada momento. Esto abre el camino a que se pueda presionar. Las leyes penales dejan muy poco margen de interpretación pero la Constitución deja muchas cosas abiertas. Se hizo en 1978 y no se quería decir si el aborto estaba permitido o no y se dejó para después. No se quería decir si se podían casar los homosexuales y se dejó para después. La Constitución es una norma abierta y por eso necesita interpretarse. Cada uno hace esto según su ideología.

El populismo punitivo es utilizar las leyes penales para conseguir votos

P. ¿La libertad de expresión está sufriendo esa variabilidad interpretativa?

R. Por supuesto que sí. La libertad de expresión debería recoger el derecho a que todo el mundo pueda expresar lo que quiera siempre y cuando no utilice la palabra para causar un daño. Si es para defender una idea siempre se puede usar la palabra y ahora estamos aceptando que esto no es así. Hemos empezado a decir que si defiendes ideas que son machistas te pueden meter en la cárcel. Mira, pues no. Te pueden meter en la cárcel por hacer actos machistas. Por defender ideas, no. Al aceptar que puedes ir a la cárcel por defender ideas, tenemos que tener a alguien que diga cuáles son buenas y cuáles son malas. ¿Quién puede hacer eso? Los jueces. Ellos se han visto que, de pronto, tienen el poder de decidir qué ideas son positivas y cuáles negativas.

P. ¿En este populismo punitivo se está denigrando a los expertos en la materia?

R. Pierden valor. En España hay 130 catedráticos de Derecho Penal. Han firmado contra la cadena perpetua 115. Es decir, el 90% de los catedráticos de Derecho Penal de todas las ideologías considera que es inconstitucional. Luego, los técnicos en la materia están en contra y dicen que esta pena no vale para nada, no aporta nada nuevo y es inconstitucional. Sin embargo, la sociedad piensa lo contrarios. Es lo que te decía antes: cuanta menos información tiene la gente, más disparates dice. En el populismo punitivo se prefiere una opinión no informada de la sociedad antes que la opinión de un experto.

Los medios de comunicación tampoco han sido capaces de gestionar esto, aunque no creo que voluntariamente, sino motivados por las audiencias. Para un medio de comunicación es noticia que una persona salga muy pronto de prisión. Sin embargo, no es noticia que se pase 20 años dentro. Decir que José Bretón va a estar más de 20 años sin poder salir, ni siquiera para un permiso, no es noticia. Si a José Bretón le dieran un permiso a los siete años sí sería noticia. Los medios buscan lo noticioso y la gente confunde la normalidad con la excepcionalidad. Esto pasa con los crímenes. España es el cuarto país del mundo con menos homicidios pero como cada vez que matan a alguien sale en la tele, la gente dice: “Es que matan a muchas personas”. Y no es eso sino que, simplemente, los medios lo cuentan. El problema es que esta conciencia equivocada no puede servir para dictar las normas jurídicas. La democracia exige información: si tú no estás informado, no puedes participar. Esto se ha dicho desde los griegos. El paso previo a la democracia es la información.

P. ¿El Gobierno conoce la existencia de esta encuesta?

R. Sí. El Gobierno lo sabe pero le da igual. El Gobierno dice: “¿Qué prefiero? ¿Que todos los especialistas de España me digan que no sirve para nada o que hay cinco millones de personas que creen que sirve para algo y que me van a votar? Aunque no sean expertas y hablen sin saber”. La gente no es consciente de lo duras que son las penas en España. La gente, sin conocer el sistema, tiene una opinión formada y darle más prioridad a esto que a los expertos, nos lleva a leyes movidas por impulsos y que no obedece a la idea coherente.

Hay una pelea en la derecha por la hegemonía de la derecha

P. ¿El populismo punitivo deshumaniza al delincuente?

R. Claro. Hay una estadística que te pregunta cuánto tiempo piensas que una persona debe estar en la cárcel. La gente responde que 40 años, pero si ya le preguntas que si el culpable fuera tu marido o tu mujer, ya dicen que eso le puede pasar a cualquiera y que no debe estar más de diez años. Cuando uno se pone en la situación, no la juzga de manera distinta a si la ve desde fuera. Nadie se pone en la piel de los delincuentes. Todo el mundo quiere más pena y cuanto más duro sea todo, mejor. Esto ha pasado también con los refugiados. Con la guerra de Siria salieron cinco millones de personas, se fueron a países del alrededor y en España no se habló de nada. Cuando 200.000 personas llegaron a Europa, ya todo el mundo hablaba de la crisis de los refugiados. Nosotros hemos empezado a hablar de esto cinco años después de la salida de los primeros refugiados. Cuanto más lejos vemos una noticia, menos humana vemos a la víctima.

P. En esta deshumanización del delincuente vemos también cómo, a través de las redes sociales, se difunden mensajes que dejan ver que la concepción de preso va pareja a tener menos derechos que otra persona.

R. Sí. Hay muchos tópicos y quiero vivir en un país donde todos tengan los mismos derechos fundamentales. Quiero vivir en un país en el que a todo el mundo se le considere un ser humano y a los presos se les considera, cada vez, menos seres humanos. La gente protesta porque en las cárceles hay aires acondicionados, que no tienen; porque tienen actividades y talleres en verano, cuando asisten un 30% o 40%; porque tienen piscina, que no se usan porque ahora están prohibidas; que qué bien viven y no sé cuántas cosas más. La gente cree que si estás en la cárcel no debes tener derechos. Pero por mucho que estés ahí, tú tienes derecho a lo básico, como poder leer, ver la tele, hacer tus necesidades en un sitio digno... Una serie de derechos que da igual que estés en prisión porque están vinculados a nuestro concepto de ser humano. Si estos derechos se los empiezas a quitar a los presos, se lo acabas quitando a todos tus enemigos.

P. Numerosas críticas ha tenido la recién inaugurada cárcel de Archidona por las imágenes difundidas en las que se ve sus instalaciones.

R. La gente que critica esto es porque no ha tenido a ningún familiar en la cárcel. Para empezar, el 60% de las personas que sale de prisión sale consumiendo droga porque la cárcel provoca ansiedad y porque en ella circulan estas sustancias. También está el problema de la violencia. En la cárcel, uno está sometido a una situación de violencia por parte de los presos. Por otro lado, en España tenemos a un montón de presos que sólo tienen una hora de patio. Es verdad que en muchas cárceles hay gimnasio, pero es que lo mínimo es que las personas se puedan ejercitar porque están siempre metidos en una celda. Con respecto a las piscinas, como dije antes, no se usan y se construyeron en su momento para no tener que poner aire acondicionado. Y, después, tenemos otro problema. Yo soy de las personas que piensa que la cárcel debe educar al delicuente y para eso tiene que haber unas condiciones mínimas. Por ejemplo, el hecho de que hubiera piscina podía ayudar a que muchos internos estuvieran más relajados para que los expertos pudieran tratar su problema. Hay que entender que si queremos un tratamiento, tenemos que poner a los internos unas condiciones mínimas para que no estén deshumanizados. En España, la persona que pasa 20 años en la cárcel pierde todas las capacidades de reinserción porque la propia prisión te hace que pierdas la esperanza en la vida. Tienes que tener capacidad para entretenerte, pensar en tu vida y trabajar en tu futuro. Quien piense que en las cárceles se vive muy bien es porque no ha estado en ninguna o porque no es consciente de para qué sirven las cárceles.

P. ¿El énfasis en el castigo hacia los presos intenta desviar la atención sobre las obligaciones del Estado en la prevención?

R. Claro. Es que la gente no conoce la Constitución. El artículo 25 dice que la prisión está destinada a la rehabilitación del delincuente. Punto. Nada más que eso. La gente piensa que no, que la cárcel tiene que ser para castigar y por eso se están saltando la Constitución. Posiblemente, quien dice eso también asegura que se debe respetar la ley. Bueno, pues empieza respetándola tú.

Estamos perdiendo derechos y la sociedad lo está aceptando como algo normal

P. ¿Los políticos realmente empatizan con las familias que piden la no derogación de la prisión permanente revisable?

R. Creo que en este país, los políticos no sienten empatía por nadie, sólo por los que les dan los votos. De hecho, ahí está el dato de cómo se está utilizando a las víctimas de delitos graves. Están utilizando impunemente a los padres cuyos hijos han sido asesinados y algunos de ellos están participando de ello. Yo respeto muchísimo el dolor de las víctimas y perder a un hijo tiene que ser algo terrible, pero cuando alguno de estos padres tiene cargo en el Partido Popular, pide el voto para otro partido o se sienta a dar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, ahí está entrando en el juego político. Los partidos no tienen una empatía especial y los utilizan. Los llevan cuando les conviene y cuando defienden sus ideas. La presidenta del Parlamento los recibe en la puerta porque coinciden con las ideas de la presidenta y no por que sea empática. Ya el otro día hubo un problema en la concentración en Huelva...

P. Las propias familias se están dividiendo.

R. Es que Ruth Ortiz [madre de los niños asesinados por José Bretón y que pidió al Partido Popular que no utilizara a sus hijos] iba a una cosa y se encontró con otra. Se creía que iba a un acto por la prisión permanente revisable, que ya en sí es un acto político, pero se encontró con que fue la gente del PP y se hizo fotos. Lo peor no es esto sino que le han contestado los padres de otras víctimas... Hombre, en el momento en que las familias empiezan a apoyar a un partido, no sé quién usa a quién. Entonces, sinceramente, ya no las veo como víctimas sino como personas que tienen una posición política que yo no comparto. Ahí sí me siento legitimado para rebatirles.

Lo mismo ocurre con la rueda de prensa que dieron los padres de víctimas en la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí son políticos y me impactó mucho que Juan José Cortés se enfadara y dijera que en el debate por la prisión permanente revisable se habían citado frases de la madre de Gabriel. A ver, ¿ellos tienen derecho a opinar en el Parlamento pero la madre de Gabriel no porque opina de manera diferente? Cuando el PSOE utiliza palabras de la madre de Gabriel está haciendo lo mismo que el PP. Ese indignarse demuestra que no predomina el ser víctimas, sino su actitud política.

P. La actitud de los padres de Gabriel parece la nota discordante en todo este clima de venganza.

R. Son los únicos que están hablando como demócratas y que dicen: “La persona que ha matado a mi hijo es un malnacido, pero como demócrata yo no quiero que esto se utilice socialmente para crear una situación de odio”. Tengo claro que si tienen ese sentimiento no quieren que eso colabore a una sociedad donde las personas se odien entre sí. Esta actitud les honra y no como padres, sino como demócratas. Como padres tendrán su dolor, pero se lo guardan.

P. Segundos después de detener a Ana Julia ya se le estaba llamando “asesina”.

R. Esto es una prueba de la relación de los medios de comunicación con algunos funcionarios de la justicia. La autopsia de Gabriel se conoció antes de que la viera el juez. En el camino, un funcionario la vio, la filtró y antes de que el juez la tuviera en su mesa se enteró por los medios. La lucha por la audiencia te lleva a que olvides las consecuencias sociales de tu discurso. Los medios de comunicación crean alarma y sensación de que hay muchos delitos. Pero no todo vale por la audiencia.

Quien piense que en las cárceles se vive muy bien es porque no ha estado en ninguna

P. También fue muy cuestionado que el debate sobre la prisión permanente revisable coincidiera con el entierro del pequeño.

R. Eso estaba previsto de antemano y no fue culpa de nadie.

P. ¿Se podía haber cambiado el día?

R. Sí, pero no me preocupa tanto. Más grave hubiera sido que hubiera políticos que desde la capilla ardiente hicieran declaraciones políticas. Esa conexión ya es utilizar a las víctimas.

P. Cuando se aprobó en 2015 la prisión permanente revisable, ¿qué pensó?

R. Me impactó. Pensé que en España nunca habría cadena perpetua. Tenía la idea de que España iba a ir a mejor. Es como si mañana aprueban la pena de muerte. Habría los mismos argumentos: que si los presos no se van a reinsertar, que si en Estados Unidos existe... Cuando yo estudiaba, que alguien hubiera dicho que la cadena perpetua se iba a implantar en España habría sido imposible.

P. ¿Qué ambiente se respira en las facultades de Derecho con respecto a esta cuestión?

R. La mayoría de los estudiantes está en contra porque están informados. Cuando la gente recibe información sobre cómo son las penas en España, cambia su perspectiva.

P. ¿Qué nos dice que esta pena se haya aplicado en un único caso?

R. Que los jueces no están convencidos de que esa pena sea constitucional. Los jueces son técnicos y ven que esta prisión no es muy conforme a la Constitución. Aunque la tengan, intentan no aplicarla. De hecho, unas de las cosas que se le reprocha a la prisión permanente revisable es que no admite gradación. Si se cumplen X delitos, prisión permanente revisable, y no puedes modularla. Si tienes un asesinato de un menor, automáticamente tienes que aplicar esta pena. Los jueces se sienten incómodos.

La autopsia de Gabriel se conoció antes de que la viera el juez

P. ¿Recuerdas en España algún otro repunte de estas características

R. Sí. Con cierta frecuencia. Hay un caso terrible que no deberíamos olvidar y que se debería estudiar en las facultades: el caso del asesinato de Rocío Wanninkhof. La prensa y la policía empezaron a acusar a Dolores Vázquez, la novia de la madre, y empezaron a decir que si era muy fría y calculadora. Pues esa persona fue declarada culpable por un jurado a pesar de que no había pruebas, todo ello por presión de los medios de comunicación y por un aquelarre social, que hicieron que la persiguieran. Todo el mundo consideraba que era culpable. Los medios crearon una situación tal que el jurado, sin pruebas, la declaró culpable. Luego, el Tribunal Supremo la absolvió y, pasados unos años, se encontró al verdadero asesino. Pero esta mujer estuvo tres o cuatro años por culpa de los medios de comunicación, que crearon una situación de odio hacia ella. Ese precedente habría que estudiarlo para que no se repita. Que la gente no se acuerde de lo que pasó con Dolores Vázquez da mucho miedo porque dices: “¿Y si pasa otra vez”?

P. A lo largo de esta entrevista ha sido muy crítico con el Tribunal Constitucional, del que usted ha formado parte. En alguna ocasión ha asegurado que este tribunal no está protegiendo nuestros derechos como ciudadanos.

R. El Constitucional empezó como un tribunal en la época en la que España no era una democracia y lo hizo defendiendo los derechos fundamentales. Así empezó. Pero la calidad de los magistrados ha bajado. Antes iban a él los mejores juristas de España: García Pelayo, Díez-Picazo, Cruz Villalón, Rodríguez Viñero, Rubio Llorente, Tomas y Valiente... Los número uno. Ahora entra gente normal, cualquiera. De hecho, hay un magistrado ahora que durante 17 años fue diputado del Partido Popular. Hemos ido bajando el nivel de los magistrados y cada vez son más politizados y que se sienten más en deuda con los partidos políticos que los han elegido. Es más, los magistrados del tribunal tienen miedo de quedar mal con los partidos y, en vez de defender al ciudadano que viene con una queja, defiende al poder.

Hace falta un Tribunal Constitucional que sea valiente y que le pueda plantar cara al poder

P. ¿Viviremos una reforma de la elección de los miembros de este tribunal?

R. Yo creo que sí. El stablishment político no quiere modificar el Constitucional porque es muy cómodo: seis magistrados del PP y seis del PSOE. Creo que la ciudadanía toma más conciencia de que el tribunal, tal y como está ahora, no cumple su función. Luego, hace falta un tribunal que sea valiente y que le pueda plantar cara al poder. Creo que tarde o temprano no quedará más remedio que cambiarlo pero, sobre todo, cada vez más gente es consciente de que los magistrados no están ahí para defender a la Constitucional sino a los que los han puesto. Es bastante grave.

P. Como profesor de Universidad que es, ¿se puede aprobar un Trabajo Fin de Máster con dos asignaturas suspensas?

R. (Risas) Poder no se puede. El caso de Cristina Cifuentes es complicado y huele mal, pero puede haber habido error [esta entrevista se realizó justamente dos días después de que saltara el escándalo de la presidenta de la Comunidad de Madrid]. Todos los profesores nos hemos equivocado alguna vez al pasar una nota. Por ahora, lo que ha explicado Cifuentes es insatisfactorio pero tampoco me atrevería a decir que sea imposible. No creo que haya pruebas suficientes para decir que haya una falsificación claramente. Es dudoso, sí, pero si yo fuera un juez, no me atrevería a decir claramente, sin lugar a dudas, que todo es una falsificación.

P. ¿Ha recibido alguna denuncia tras su foto en Twitter en la que colocó su imagen a un retrato de Cristo?

R. No. Sabía que no pasaría. No se atreven. El número dos de la hermandad de ese Cristo es fiscal en Jaén y presenta una denuncia en una ciudad pequeña en la que todo el mundo se conocen y dicen: “A este tío lo vamos a crujir”. Le ponen una pena, que luego convierten en multa y se quedan más anchos que panchos. La hermandad debería aprender una cosa: al final, por haber denunciado el caso de un pobre muchacho, lo que ha conseguido es que media España haya hecho caricaturas de su Cristo y ha tenido que aguantarse con ver todos los días memes. Si no hubiera denunciado al muchacho, nadie nunca más se hubiera metido con algo que considera ofensivo. Lo que hay que hacer es respetar la libertad de expresión. Mucha gente me siguió después.

Hay que respetar la libertad de expresión