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Gabriel Sánchez Bellón: “La eutanasia es un acto de valentía”

Entrevista N&B a Gabriel Sánchez Bellón

Aristóteles Moreno

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Gabriel Sánchez Bellón pudo haber contraído el compromiso con el derecho a una muerte digna a través de la militancia cívica. Que también. Pero tomó conciencia de la indignidad del dolor y el naufragio humano cuando contempló a un ser querido arrasado por la esclerosis múltiple. Ese desmoronamiento lento y cruel de la vida hasta reducirte a un montón de huesos inmóviles. Fue aquel trance desgarrador el que lo empujó a implicarse en la batalla ciudadana en defensa de la eutanasia.

Su amiga asumió su destino con una naturalidad encomiable. Jamás se quejó de su fatal desventura ni se planteó por asomo el último recurso a la muerte asistida. Pero Sánchez Bellón sacó conclusiones éticas que aún hoy, muchos años después, vertebran su vida. Lo primero que hizo fue redactar su propio testamento vital, mucho antes de que la eutanasia se vislumbrara en el horizonte como un proyecto de ley. Y se incorporó a la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). En 2016, fue invitado a Córdoba el doctor Luis Montes, ceñudamente perseguido por la Comunidad de Madrid a cuenta del polémico caso de las sedaciones en enfermos terminales. Fue un punto de inflexión. Se creó un grupo local estable y activo en una ciudad secularmente adormecida. Desde 2022 Sánchez Bellón preside DMD Andalucía.

Acaban de cumplirse tres años de la Ley de Eutanasia, un hito histórico que coloca a España en la vanguardia de los derechos civiles. El pasado año, 323 personas ejercieron su derecho a la muerte digna, un 12% más que en 2022. Entre obstáculos administrativos y resistencias ancestrales, la ley se abre paso, día a día, para ofrecer a miles de enfermos sin retorno una salida más allá del dolor desmedido y la vida que ya no merece ser vivida.

PREGUNTA. Si somos dueños de nuestra vida, ¿somos dueños de nuestra muerte?

RESPUESTA. Con muchos paréntesis.

P. ¿Qué paréntesis?

R. Vivimos en sociedad y estamos condicionados por un montón de aspectos de tipo social, político, cultural o familiar. Cada persona pretende vivir lo más libremente posible y también tener libertad para la muerte. Hay que distinguir entre el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. De hecho, la Ley de Eutanasia plantea dos contextos distintos. Uno es la enfermedad grave, irreversible, con grandes dolores, sufrimiento físico o psíquico y sin perspectivas. Ese es el caso clásico en los países europeos y en Canadá. Aquí no. Aquí el caso mayoritario es el supuesto de las enfermedades neurodegenerativas, donde hay un padecimiento insoportable aunque sin perspectiva de muerte inminente. Pueden ser quince, veinte o treinta años.

Fijar el día de tu propia muerte no es fácil

P. ¿El Estado tiene derecho a opinar sobre nuestra elección a morir?

R. No tiene derecho pero en parte sí. Estamos en una sociedad muy amplia, muy variada. El Estado, según la Constitución, tiene el deber de proteger la vida de los ciudadanos. Si alguien intenta quitártela es sancionado con un castigo. Y tiene el deber de favorecer tu vida con un sistema educativo y sanitario, con el derecho a la vivienda o con un trabajo digno que te permita vivir. Tradicionalmente se ha dicho que no se podía legislar sobre la eutanasia porque es justo lo contrario. Pero la legislación sobre la eutanasia se basa en el artículo 1 de la Constitución: la libertad como base esencial de todo. O el artículo décimo, que habla de la dignidad. O el 15, que se refiere a la integridad. Una persona libre y consciente tiene el derecho reconocido en esta ley a decir: “Yo no quiero llegar a tal situación. Yo quiero intervenir en mi muerte”. Y, en función de esa libertad, de esa autonomía y de esa integridad de la persona, se reconoce este nuevo derecho, que es un derecho fundamental.

P. ¿La Ley de Eutanasia garantiza realmente que somos dueños de nuestra muerte?

R. Hay una serie de controles muy fuertes. La ley española es muy garantista. Una primera deliberación se produce con el que será médico o médica referente. Y se pide la solicitud. A los quince días se repite. Y otra nueva solicitud. Después se presenta a la comisión de garantías aunque primero hay otro paso: un médico o médica consultora tiene que dar su opinión. Normalmente es un especialista de la enfermedad. Entonces la comisión designa a un médico y a un jurista que revisa todo esto. No hay un derecho al suicidio como tal. Esto debe quedar claro. Es muy distinto. Aquí lo que tú pides es que un médico o una médica te administre un fármaco por una vía que en cinco minutos pone fin a tu vida. O que te receten un producto que te tomas oralmente y tú eres quien abre la llave. Eso es el suicidio médicamente asistido. No tiene que ver con el suicidio clásico.

Hay un objetivo a largo plazo que es lo que se llama la libre disponibilidad de la propia vida. Puede haber situaciones de personas que no tienen una enfermedad grave mortal inminente. Tiene 80 años, achaques, no se puede mover bien, su familia está lejos, no le gusta como está el mundo y no quiere seguir viviendo aquí. Cree que su vida se ha acabado. Entonces pide que se le reconozca el derecho a morir pero con un control médico. Eso no existe ahora mismo. En Holanda ya ha habido dos o tres veces proyectos de ley que nunca han salido adelante. Lo que se llama los proyectos de ley de vida cumplida.

En el primer caso de eutanasia de Córdoba, el paciente se murió tres días antes

P. ¿Cuál es el país más avanzado en el mundo?

R. Países Bajos.

P. ¿Y cuál fue el primero?

R. Países Bajos también.

P. ¿Muchos países han legalizado la eutanasia?

R. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España. Se aprobó en Portugal pero no va a salir. El presidente de la República lo retuvo muchísimo tiempo y ahora encima ha ganado las elecciones la derecha. Hay proyectos en Austria y en Alemania, donde se produjo una sentencia constitucional clave. Luego está Canadá, Colombia, Perú y varios estados de México y de Estados Unidos, pero solo suicidio médicamente asistido. También en la mayor parte de los estados de Australia. Y hay un caso muy especial: Suiza. Allí la eutanasia no está permitida pero sí el suicidio médicamente asistido.

Gabriel Sánchez Bellón (Úbeda, 1952) ha sido profesor de enseñanza media toda su vida profesional. Se estrenó en el instituto de Baena el mismo año en que los ayuntamientos recuperaban su pulso democrático tras la larga pesadilla franquista. “Fue un año estupendo”, afirma sentado en un banco del parque Juan Carlos I, en Ciudad Jardín. Al curso siguiente se incorporó al equipo del López Neira, donde trabajó 33 años consecutivos hasta su jubilación.

Ha estado vinculado permanentemente en causas ciudadanas de distinto signo. En los ochenta, frecuentaba el Círculo Cultural Juan XXIII y se implicó en la campaña anti OTAN que fracturó al país y centrifugó a la izquierda. La paz y el desarme ha estimulado gran parte de su compromiso cívico, principalmente de la mano del ya desaparecido Instituto de Estudios Transnacionales, y ha participado activamente en algunos cineclubes.

P. Casi dos terceras partes de las solicitudes de eutanasia en Andalucía no se cumplen. ¿Sabe por qué?

R. Hay mucha diferencia entre las solicitudes y la prestación de ayuda a morir. Lo que ocurre es que la solicitud lleva mucho tiempo y en Andalucía encontrar médico responsable o consultor es bastante difícil.

P. ¿Por qué?

R. Primero porque hay muchos médicos objetores, aunque tampoco haya una masa, ni mucho menos.

P. Poco más de 1.300, ¿no?

R. Exacto. O sea, que en comparación con el total de sanitarios es poca gente. Pero hay muchos que no se han inscrito en el registro de objetores de conciencia y cuando se encuentran con la eutanasia se declaran objetores.

La eutanasia se está practicando casi únicamente en la sanidad pública

P. ¿Por qué?

R. Hay una actitud de la Junta que no es que boicotee la ley, pero no se está haciendo lo suficiente para que el personal médico de enfermería esté informado bien de qué es la norma y qué supone. Lo que nosotros pedimos a la Junta es algo que en otras comunidades está funcionando muy bien: que se creen equipos de referentes. Es decir: médicos, médicas, enfermeros que estudien la ley bien y conozcan el proceso. El tema de las solicitudes iría mucho mejor de cómo ha ido. En 2022 hubo 81 solicitudes y 29 casos de eutanasia. Mucha gente estaba muy mal, sobre todo de oncología, y la pidió. Pero como el proceso era tan lento y funcionaba tan mal mucha gente se murió antes de la eutanasia. En 2023 ha habido solo 56 solicitudes y 24 casos de ayuda a morir. Porcentualmente ha subido un poco. ¿Qué pasa? Puede ser que la gente se haya enterado mejor y, por tanto, haya habido más solicitudes autorizadas.

P. 24 muertes asistidas en 2023 y cuatro en Córdoba. ¿Todo en orden?

R. No se trata de hacer un campeonato a ver quién tiene más cifras. Ganaría Cataluña por supuesto. El tema no es tanto el número sino la manera en que se haga y, sobre todo, si las solicitudes siguen rápidamente su curso. Si en vez de 75 días de media fueran los 35 o 40 días que dice la ley muchas más de esas solicitudes acabarían en prestación de ayuda a morir. El primer caso que se autorizó en Córdoba, la persona se murió tres días antes. Hay muchos de esos casos. Y hay casos de maltrato administrativo. Médicos que empiezan a boicotear. Gente que lo hace porque ideológicamente está en contra.

P. ¿Y la administración lo permite?

R. Lo que no debería de haber es la posibilidad de que intervinieran. Pero sabemos que ha habido algunos casos. Va subiendo el número de eutanasias. El primer año fueron quinientas y pico solicitudes y doscientas y pico prácticas. Este año han sido 727 solicitudes y 323 prácticas.

P. ¿La eutanasia es un acto de valentía o un signo de cobardía?

R. De valentía total. Todos queremos vivir. Tú ves qué situación tienes y dices: “Yo quiero afrontar esto sin sufrimiento”. Y fijas el día de tu propia muerte. Eso no es fácil hacerlo. Saber que hoy me despido, que dentro de diez minutos me van a poner la vía y adiós mundo cruel. La gente que se opone a la ley dice que no habría eutanasia si hubiera buenos cuidados paliativos y la persona tuviera el cariño de su familia y de la sociedad. No estamos de acuerdo. Los paliativos se contraponen muchas veces a la eutanasia. Y son paralelos. Son dos tipos de actos médicos. Nadie quiere sufrir. En DMD estamos a favor de los paliativos totalmente. La experiencia de Bélgica y Países Bajos indica que cuando se aprobó la ley los paliativos se dispararon. ¿Por qué? Hasta la Ley de Eutanasia y, sobre todo, a partir de la persecución del doctor Montes no había muchos médicos que se atrevieran a aplicar paliativos en serio. Te podían denunciar y acusar de haber matado a un paciente. ¿Por qué hay que esperar diez días de sufrimiento cuando a lo mejor en ocho o diez horas se va a morir?

P. Se cumplen tres años de la Ley. ¿Conclusiones?

R. Hay un hecho positivo: la Ley se ha puesto en marcha y se está cumpliendo. Con muchas dificultades y desigualdades enormes entre territorios. Cataluña o Navarra no tienen nada que ver con Extremadura, Murcia o Andalucía. Y además se está practicando casi únicamente en la sanidad pública. Aquí no ha habido como en el aborto aquel movimiento de objeción absolutamente absurdo. Hasta las limpiadoras decían que eran objetoras a la Ley del Aborto. Se temía que ahora hubiera una derivación a centros privados, como pasó con el aborto, pero eso no se ha producido. La valoración negativa es que no ha habido por parte de todos los gobiernos autónomos el esfuerzo de información, de formación y de difusión. En el norte de España la sociedad parece mucho más abierta.

La Junta no hace lo suficiente para formar a los sanitarios

P. España registra una tasa del 0,07% sobre el total de fallecimientos, una cifra muy baja con respecto a Europa. ¿Dónde está el atasco?

R. Primero: estamos empezando. Luego, todas esas dificultades de formación del personal sanitario. Y que hay una presión a veces muy fuerte, que en otros países no existe. En Bélgica la Iglesia católica lógicamente se ha opuesto a la Ley de Eutanasia, igual que algunos partidos de la derecha, pero no ha habido una guerra tremenda como aquí.

P. La Ley fue aprobada en el voto contrario de PP, Vox y UPN. ¿Casualidad?

R. No. Es lógico. Son los partidos de la derecha muy relacionados con la Iglesia. El PP se opuso sistemáticamente al divorcio porque iba a ser el fin de la familia. Luego al aborto. Más tarde a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora se ha opuesto a la eutanasia. Todo lo que sea avance de derechos personales los partidos de la derecha en España se oponen. Aunque luego en la práctica ya hacen otra cosa. El caso más llamativo fue la oposición al matrimonio igualitario cuando dijeron que era el colmo y el fin de la familia. Y, al poco, el señor Maroto se casó con su novio y hasta Aznar y Rajoy fueron a la boda. Entonces, ¿para qué tanta manifestación con los obispos?

P. ¿Hay ideología en la muerte asistida?

R. No tiene por qué haber. En todo caso, la ideología de la libertad, de la dignidad y la autodeterminación de la persona. Politizarlo aquí en España creo que se ha llegado demasiado al extremo y se ha utilizado la Ley como un arma contra el Gobierno. El clima político en España no tiene comparación con un país como Bélgica.

P. La Iglesia cree que la muerte está en manos de Dios.

R. No solo la Iglesia católica. Todas las religiones piensan que la vida es algo que Dios nos da. Y, por tanto, Dios nos quita. La Iglesia ha dado algunos pasos. La Conferencia Episcopal publicó un documento en el cual recomienda que se haga un testamento vital, pero no se puede rechazar la alimentación por sonda nasogástrica ni la hidratación. Y además tienes que poner una coletilla advirtiendo que no quieres que te practiquen la eutanasia. Es absurdo. Acepta también los paliativos. Y ahora cada vez más ya proclama que no se debe de hacer la obstinación terapéutica: empeñarse en poner tratamientos a una persona con siete cables y un montón de tubos.

P. ¿La derecha española está cautiva de la Iglesia católica en asuntos morales?

R. Cautiva no. Se utilizan mutuamente. La derecha sabe que cuenta con la Iglesia para muchos temas y eso te da un altavoz y una legitimación social. Y la Iglesia lo mismo. En determinados puntos están totalmente de acuerdo. Pero no podemos olvidar que luego hay situaciones muy diferentes. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco publica una encíclica y pone el sistema capitalista como algo criminal. Ahí la derecha no dice nada.

La derecha española se opone a todo lo que sea avance de los derechos personales

P. Uno de cada tres solicitantes fallece antes de recibir la eutanasia.

R. Eso es lo más grave ahora mismo. Los retrasos en enfermedades neurodegenerativas no son tan graves. Que una persona que sabe que le quedan todavía diez años de esclerosis le den la eutanasia en cuarenta o en cincuenta días no es tan grave. Pero en enfermedades oncológicas o insuficiencia grave respiratoria o hepática diez días son muchos días. Que este año hayan muerto tantas personas durante la tramitación de la primera solicitud e incluso gente con el sí indica que hay un problema grave.

P. ¿La objeción de conciencia es un derecho que niega otro derecho?

R. La Constitución española solo incluye una objeción: el servicio militar. Aquello dejó de tener sentido cuando se aceptó la prestación social sustitutoria y luego se acabó el servicio militar obligatorio. Cuando se plantea la Ley del Aborto hay esa enorme presión por parte de los colegios médicos, la Iglesia y los partidos de la derecha. Hay personas que consideran que la vida va desde el momento de la concepción hasta su final natural. Lo natural durante milenios ha sido que la gente se moría antes de los cuarenta años y de cada cien niños que nacían se morían setenta. Ahora se ha incluido la objeción para la prestación de ayuda a morir. Eso tiene un problema: choca con otro derecho. El derecho de la persona que solicitó la muerte digna. En caso de choque de los dos derechos tiene que primar el derecho del paciente.

P. Más de 1.300 sanitarios se han declarado objetores en toda Andalucía. ¿Muchos o pocos?

R. En cifras globales son pocos. Lo que pasa es que están desigualmente repartidos. Es curioso que el porcentaje respecto a los médicos, el primer sitio con más objetores sea Sevilla pero el segundo es Córdoba cuando por su población debería estar en cuarto lugar.

P. ¿Por qué?

R. Estamos en una sociedad muy especial. Tal vez en el personal médico de Córdoba hay más peso de las creencias religiosas o de un planteamiento filosófico en contra. La gente que presenta la objeción desde el principio es porque ya ideológicamente lo tiene claro. Pero luego está la objeción sobrevenida de gente que no ha objetado pero le pesa ponerse con este tipo de expedientes. Lo que hay que hacer es favorecer que se encuentren con la suficiente información y formación para que no se asusten.

P. Leo en la prensa lo siguiente: “Hay denegaciones inaceptables que incumplen la ley”.

R. Sí. Hay casos muy fuertes. Por ejemplo, en Valencia una mujer dice que en el momento en que ella no sepa quién es ni conozca a nadie pide la ayuda médica a morir. Y el informe de los médicos dice que la mujer no muestra ningún síntoma de sufrimiento. Y la mujer no tiene por qué estar retorciéndose en la cama.

P. Hay que respetar su voluntad.

R. O, por ejemplo, en Andalucía un hombre con esclerosis desde 2010 y que va cada vez peor y el médico rechaza la petición porque el paciente se niega a probar nuevos tratamientos. Y el hombre dice que en función de la ley de 2002 tiene derecho a rechazar un tratamiento. ¿Para qué quiero yo un tratamiento que me va a mantener en una situación que yo considero insoportable por más años?

Córdoba es la segunda provincia con más objetores cuando es la cuarta en población

P. Andalucía registra solo el 0,59% de testimonios vitales, muy por debajo de la media española. ¿Qué nos pasa en el sur con la muerte?

R. Las sociedades en el norte son un poco distintas y aquí el tema de la muerte no tiene tanto predicamento. Hay un problema con el testamento vital y es bastante grave. Nunca la Junta hizo campañas amplias de difusión de este derecho. Eso no se ha hecho y lo pedimos por activa y por pasiva continuamente. Pero es que hay más problemas. Hay en Andalucía 55 puntos de registro. Eso no significa que durante todos los días haya funcionarios que están atendiendo, sino que a lo mejor es una mañana o dos a la semana. Hay poca gente para la demanda que hay, que ha aumentado mucho en estos años. Ante esa situación la Junta no está haciendo el esfuerzo que pedimos de que se extiendan más los centros. Y hay otro problema últimamente que es gravísimo: la aplicación informática falla cada dos por tres.

P. ¿Casualidad o boicot?

R. Cada cual puede hacer su valoración. Lo que no parece normal es que pase en una administración del potencial de la Junta de Andalucía, con la cantidad de funcionarios y los equipos informáticos. Eso demuestra que hay poco interés.

P. Todos somos iguales ante la muerte dependiendo en qué comunidad autónoma nazcas.

R. Desgraciadamente ese es el problema. No es lo mismo que te mueras en Navarra o que te mueras aquí. Y no solo eso. Es que dentro de las comunidades también depende de los médicos.

P. ¿Qué le pide a la consejera del ramo?

R. No tenemos contacto directo con la consejera. Pero a la Junta siempre le pedimos lo mismo. Respecto al testamento vital, una campaña amplia de difusión, ampliar los puntos y las horas de registro y un sistema informático que funcione. En cuanto a la eutanasia, mucha más información, formación del personal y como punto clave la creación de los equipos de referencia.

P. ¿Los europeos se mueren mejor?

R. Depende del país. Los franceses se van a Bélgica para poder disponer de ese derecho a morir dignamente que en Francia, el país de las libertades y de las revoluciones, aun no ha llegado. El presidente Macron anunció una ley pero muy restrictiva. En otros países como Hungría o Italia no es lo mismo. En Italia, el Tribunal Constitucional dijo que había que legislar para reconocer el derecho a ayudar a otros a morir yendo a Suiza. Dio un año para que el Parlamento legisle, pero el Parlamento Italiano no estaba para esa idea y no ha legislado.

Todas las religiones piensan que la vida es algo que Dios nos da y Dios nos quita

P. ¿Elegir cómo queremos morir es un signo de modernidad?

R. Jordi Ibáñez Fanés escribió un libro titulado Morir o no morir. Un dilema moderno. Si entendemos por modernidad el cambio radical de la Ilustración y la revolución liberal, cuando aparecen las libertades y los derechos personales, este nuevo derecho es otro signo de modernidad.

P. ¿Qué caso le atravesó el corazón?

R. El más importante que hemos tenido ha sido el caso de José Díaz en Huelva. El presidente de la comisión decía: “Esto es la ley de Murphy. Si puede salir mal, sale peor”. Este es un hombre que se intoxica y le ocasiona un problema cerebral que cada vez se va haciendo más grave. Empieza a perder la vista, la capacidad de hablar y la movilidad. Entonces ya en 2022 hace una solicitud de ayuda a morir. Tardan un montón de tiempo en encontrar un médico dispuesto a ser el referente del caso y cuando lo encuentran dice que José Díaz no está para la eutanasia. Entonces el paciente y su familia recurren al contencioso administrativo. Y el tribunal de Huelva le da la razón a la comisión y al médico.

Entonces el hombre está cada vez peor. Y a finales de 2023 empieza el proceso nuevo, pero no hay quien haga de médico referente en Huelva. Hasta que llega una médica de un centro de salud y empieza un proceso pero muy mal llevado. Por fin hace los papeles en regla y da el primer paso. El segundo paso es el médico consultor. Y le dicen que solo hay un neurólogo en Huelva dispuesto, pero tiene una lista de espera de un año. ¿Cómo es posible que el Servicio Andaluz de Salud llegue a decir esa barbaridad cuando sabes que son siete días? Se ofrece una médica que era rehabilitadora pero el SAS dice que no.

P. También leo en prensa lo siguiente: “Los centros privados no garantizan el derecho en las mismas condiciones que la pública”.

R. Esto es una irregularidad absoluta. La prestación de ayuda a morir está incluida en la cartera de servicios. Y eso sirve para la sanidad pública y para Muface, que lo tiene incluido. Pero no lo han puesto en marcha. Hubo en Andalucía un par de casos que fueron derivados a la sanidad pública y la Junta incluso anunció que estaba dispuesta a asumir todos los casos que hubiera pero las compañías dijeron que no. La verdad es que tienes que pasarte a la pública para recibir la ayuda a morir.

P. ¿Cuál será su última voluntad?

R. Que se cumpla mi testamento vital. Que en el momento en que yo no sepa quién soy ni reconozca a mis familiares y amistades, se me practique la ayuda a morir.

Hay casos de maltrato administrativo, con médicos que boicotean la eutanasia

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