UGT alerta de “las barreras laborales” que afrontan las mujeres migrantes en la provincia

El sindicato UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, a través de su Secretaría de Igualdad, ha elaborado un informe sobre mujeres migrantes y empleo en la provincia que analiza las principales barreras que encuentran estas trabajadoras para acceder al mercado laboral, desarrollar su carrera profesional y conciliar su vida laboral y familiar.

El estudio parte de “una idea esencial”, según ha señalado en una nota la secretaria de Igualdad de UGT SP Córdoba, Carmen Donoso, y es que, “detrás de cada cifra hay una mujer, una historia y un proyecto de vida”. El sindicato ha subrayado que “las dificultades que afectan al conjunto de las mujeres en materia de empleo, promoción o cuidados pueden agravarse cuando se suman factores como el origen, la falta de redes familiares, la situación administrativa o los obstáculos para reconocer la formación y la experiencia profesional adquiridas fuera de España”.

Donoso ha apuntado que no quieren “hablar de las mujeres migrantes desde la compasión ni convertirlas en víctimas, sino hablar de ellas desde el reconocimiento de su aportación a Córdoba y de la necesidad de garantizar que puedan trabajar y desarrollar su proyecto de vida con los mismos derechos y oportunidades”.

El informe recoge que en 2025 había 17.963 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en la provincia. De ellas, el 35,56% eran mujeres, frente al 64,44% de hombres. También constata una fuerte concentración del empleo extranjero en determinadas ocupaciones. El 76,68% de los contratos realizados a personas extranjeras correspondió a ocupaciones elementales, frente al 45,46% entre las personas españolas.

“Estos datos no significan que las personas migrantes tengan una menor preparación”, ha advertido la secretaria de Igualdad ugetista. “Entre las mujeres migrantes hay universitarias, técnicas, profesionales, emprendedoras y trabajadoras con una amplia experiencia, pero el problema aparece cuando una titulación o una trayectoria profesional no pueden hacerse valer por las dificultades de homologación o acreditación, y tener un título que no se reconoce no significa tener menos capacidad”, ha añadido Donoso.

UGT SP Córdoba pone igualmente el foco en los cuidados. El informe recuerda que, en 2025, el 36,2% de las mujeres de entre 18 y 74 años tenía alguna responsabilidad de cuidado, frente al 30,6% de los hombres. Entre las personas desempleadas, la diferencia alcanzaba el 39,5% de las mujeres frente al 25,2% de los hombres. Estos porcentajes corresponden al conjunto de mujeres y hombres y no específicamente a la población migrante, pero permiten dimensionar el impacto que las responsabilidades de cuidados tienen sobre el empleo femenino.

Conciliación

Para Donoso, “en el caso de muchas mujeres migrantes la conciliación puede ser todavía más complicada porque no cuentan con una red familiar cercana y se produce, además, una paradoja que no se puede ignorar, que hay mujeres que trabajan cuidando a nuestros mayores, limpiando nuestros hogares o atendiendo otras necesidades de la sociedad y que, al mismo tiempo, tienen enormes dificultades para cuidar a sus propias familias”.

El sindicato considera que esta reflexión debe trasladarse también a las Administraciones Públicas. UGT Servicios Públicos ha defendido que “el empleo público debe ser un espacio de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación”, y ha reclamado que “el acceso a la información, el reconocimiento de las titulaciones o las necesidades de conciliación no se conviertan en barreras que impidan una igualdad efectiva de oportunidades”.

“No estamos pidiendo privilegios, sino reclamando que la igualdad sea real”, ha afirmado la secretaria de Igualdad, para advertir de que “un empleo estable supone independencia económica, seguridad y capacidad para decidir sobre la propia vida, y los servicios públicos tienen que estar a la altura de la sociedad diversa a la que sirven”.

UGT SP Córdoba ha rechazado, asimismo, “los discursos que presentan de forma genérica a las personas migrantes como una amenaza para el empleo o los servicios públicos”. El informe recuerda la importancia del trabajo de la población migrante en ámbitos como los cuidados, la limpieza, la agricultura y la hostelería, entre otros.

“No se podemos necesitar su trabajo y al mismo tiempo negar su dignidad o tolerar que se vulneren sus derechos, porque la explotación laboral no tiene nacionalidad y los derechos tampoco, así que frente a los prejuicios se necesitan más hechos y menos bulos, más convivencia y menos enfrentamiento”, ha sostenido Donoso.

La organización sindical ha recordado también que “Córdoba y Andalucía conocen bien la emigración y durante décadas, numerosas familias andaluzas tuvieron que abandonar su tierra para buscar empleo y oportunidades en otras zonas de España o en otros países”. “No se trata de comparar migraciones distintas, sino de recordar nuestra propia historia, y quien recuerda que también tuvo que marcharse puede comprender mejor a quien hoy llega”, ha apuntado la responsable sindical.

Así, Donoso ha declarado que “las mujeres migrantes no son sólo cifras, sino que son vecinas, compañeras de trabajo, profesionales, cuidadoras, estudiantes, madres y emprendedoras, son parte de Córdoba y contribuyen cada día a construir la sociedad, por lo que defender sus derechos no significa dar más derechos a unas mujeres que a otras, sino defender los derechos de todas”.