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El PSOE pide a la Junta que “cumpla con su palabra” y divida en dos el Área Sanitaria Sur

Rafi Crespín y Rafael Llamas en Montilla.

Redacción Cordópolis

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La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado este lunes a la Junta que “cumpla con la palabra dada” y subdivida en dos el Área Aanitaria Sur de la provincia para “garantizar la cobertura sanitaria por comarcas”, un área en la Subbética y otra en la Campiña, y “dar marcha atrás a la decisión de crear una macroárea que no ha contentado ni a los profesionales sanitarios, ni a los gobiernos locales de los municipios afectados, ni a los ciudadanos”.

Precisamente, la Plataforma Ciudadana en defensa de la Sanidad Pública ha convocado el jueves 26 de octubre una marcha de protesta que arranca a las 17,30 horas desde el Ayuntamiento de Montilla para “reivindicar un Hospital de Montilla 100% operativo que garantice la cobertura sanitaria pública y de calidad a la comarca”.

En una atención a medios junto al alcalde montillano, el socialista Rafael Llamas, Crespín ha afirmado que ha querido estar en Montilla “para pedirle a la gente que no falte a la convocatoria en defensa del Hospital de Montilla” y ha referido que “hace años que venimos denunciando la estrategia y el objetivo del PP de desmantelar la sanidad pública, y el tiempo desgraciadamente está dando la razón”.

Para la socialista, “no es suficiente la voz de alarma de los partidos de izquierda y de los sindicatos generales y sectoriales de la sanidad, sino que necesitamos que los ciudadanos que ven cómo les recortan sus derechos y los servicios sanitarios salgan a la calle y protesten”, tanto este jueves en Montilla, como en la movilización convocada por las mareas blancas el sábado 28 de octubre para que “la calle ruja contra la privatización de la sanidad y grite basta ya”.

Crespín ha mencionado “los 734 millones de euros desviados por la Junta a la sanidad privada para atajar las listas de espera, a los que se suman otros 30 millones para clínicas privadas en atención de salud mental”, algo que ha tildado de “indecente, porque es la prueba de que el gobierno de Moreno Bonilla pone precio a la sanidad y hace de la salud un negocio en lugar de un derecho”.

“Lo hace ya sin disimulo ni pudor: por un lado desvía 734 millones de euros de dinero público de todos los andaluces a las clínicas privadas para que resuelvan las listas de espera, incluso con operaciones de andaluces en otras comunidades autónomas, en lugar de invertir en más profesionales y medios en nuestra sanidad pública andaluza, y por otro prepara un nuevo convenio por valor de 30 millones de euros para derivar a clínicas privadas los pacientes de salud mental, dado el colapso que hay en el servicio desde la pandemia, un cuello de botella que se traduce en que la petición de citas para salud mental ha aumentado un 20% en los últimos dos años”, ha manifestado.

En su opinión, “desvalijan los hospitales comarcales a lo largo y ancho de la provincia”, a la vez que ha apoyado “las denuncias sindicales presentadas en el Área Sanitaria Córdoba Guadalquivir por sobreexplotación de las funciones de los médicos y por bloqueo y secuestro de información relativa a turnos, plantillas y guardias de enfermeros y fisioterapeutas”.

“Explotación de sanitarios”

Por otra parte, Crespín se ha referido a “la denuncia presentada por el Sindicato Médico y CCOO de Córdoba ante la decisión de la Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir para que los médicos de Familia hagan guardias obligatorias de 17 o 24 horas de domingo a viernes en las urgencias extrahospitalarias del Sector Sur y del Castilla del Pino, en la capital cordobesa, además de continuar en sus consultas, porque no hay profesionales suficientes para atender las urgencias extrahospitalarias”.

Ha recordado que, “por Ley, tras una guardia no se puede trabajar”, por lo que “esto supondrá que los demás profesionales tendrán que asumir los pacientes del médico que haya hecho guardia, que en la práctica se va a traducir en un aumento en las listas de espera en Atención Primaria”, ha advertido.

“No es cierto el mantra que repite la Junta de que no hay médicos; es falso”, ha dicho Crespín, para apostillar que “no hay médicos que quieran trabajar en las condiciones que año tras año ofrece la Junta y que elevan la tasa de enfermedades profesionales”.

La socialista también ha comentado que “Satse se ha tenido que ir a los juzgados para proteger y defender a los enfermeros y fisioterapeutas del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir ante la fata de transparencia y el secuestro de información sobre turnos, guardias y plantillas por parte de la Delegación de Salud”.

“Apoyamos las denuncias de obscurantismo y obstrucción lanzadas por el Sindicato Profesional de Enfermería contra la Delegación de Sanidad, así como el proceso judicial iniciado con fecha del 2 de octubre, para proteger los derechos e intereses del colectivo”, ha señalado.

Llamamiento a la ciudadanía

Mientras, el alcalde de Montilla ha apuntado a la problemática que sufren con el Hospital de Montilla “como consecuencia de la macroárea sanitaria de la zona Sur de Córdoba, que afecta a los hospitales de Cabra, Puente Genil y Montilla”, y en la que reivindican a la Junta que se divida en dos, una de la Subbética y otra de la Campiña, “en virtud de un acuerdo que la delegada de Salud firmó con los sindicatos días antes de las elecciones andaluzas y que además fue refrendado por la Diputación”, ha señalado.

“Como no han cumplido su palabra, la iniciativa social y ciudadana se ha puesto al frente de esta reivindicación ante la falta de respuesta”, ha trasladado Llamas, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de toda la comarca el jueves 26 para participar en la marcha convocada por la defensa del hospital.

El regidor ha hecho alusión a “un documento elaborado por el Satse, de cómo tendría que ser nuestro hospital para adaptarse a la población a la que tienen que dar servicio en cuanto a camas, urgencias, profesionales y operatividad, y estamos viendo cómo la gestión de la Junta responde a todo lo contrario, una estrategia para desviar recursos públicos a la privada”.

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