El PP defiende aplicar medidas contra la crisis del sector agroalimentario

El diputado nacional del PP de Córdoba, Andrés Lorite

El diputado nacional del PP por Córdoba Andrés Lorite ha destacado este lunes que su partido llevará al pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que propone un Plan de Contingencia con 30 medidas concretas para hacer frente a la crisis del sector agrario, pesquero y del sistema alimentario.

En una nota, el popular ha subrayado que “ante la inacción del Gobierno de Sánchez hay que tomar la iniciativa para proteger al sector primario cordobés y español, que lo están pasando mal y que merece mucho más por parte del Ejecutivo”.

“El campo español está pidiendo en la calle que el Gobierno haga algo, que tome medidas reales y efectivas para paliar una situación que ya era deficiente antes de la pandemia, y que en estos dos años se ha agravado de forma incontrolable más aún con el aumento de los precios de la energía y los combustibles”, ha afirmado.

En palabras de Lorite, “es una situación desesperada, en la que están lanzando un SOS y el Gobierno no puede seguir cruzado de brazos, sino que tiene que actuar ya”.

En el pleno del Congreso de los Diputados, que tendrá lugar este martes, se debatirá la iniciativa del PP que contempla medidas que aseguren la producción de alimentos y la suficiencia alimentaria. “Es fundamental dotar al sistema alimentario de seguridad, estabilidad y rentabilidad con propuestas para aumentar ingresos y producción del sector y otras para que reduzca los gastos”, ha argumentado.

Concretamente, en la iniciativa del PP se insta al Gobierno a llevar a cabo medidas para resolver la situación crítica que vive el sector desde hace tres años; además para analizar el impacto, presente y futuro de esta situación en el sistema agroalimentario y el escenario que se puedan derivar de la invasión rusa de Ucrania, y en consecuencia ordene las actuaciones a desarrollar y los recursos disponibles tanto procedentes de la Unión Europea, como nacionales.

Disponibilidad alimentaria

Entre las medidas para garantizar la disponibilidad alimentaria se encuentran: asegurar con la Comisión Europea que la nueva Política Agraria Común (PAC) prioriza la disponibilidad de alimentos y la soberanía alimentaria de Europa sobre cualquier otra consideración en los términos previstos en el Acuerdo de París.

También, plantean promover ante la Unión Europea la revisión del Pacto Verde Europeo y paralización de la 'Estrategia de la Granja a la Mesa' y la 'Estrategia sobre Biodiversidad para 2030', a fin de “priorizar y garantizar la producción de alimentos y evitar pérdida de competitividad y potencial productivo en el sector agroalimentario europeo y nacional, sin datos de beneficio ambiental que lo justifiquen”.

Asimismo, proponen proceder, siguiendo las recientes recomendaciones del Consejo Europeo de Agricultura, a la modificación de la propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España, remitido en diciembre a la Comisión Europea; garantizar el correcto flujo de la cadena alimentaria, asegurando la recogida de productos en origen, su transformación y comercialización, tanto para la exportación como para el abastecimiento en todo el territorio nacional.

Respetar, en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, los compromisos de regulación e inversiones en nuevos regadíos incluidos y comprometidos en los Planes Hidrológicos de Cuenca vigentes y aún sin ejecutar, y anular la incorporación del lobo en el listado de especies protegidas, atendiendo a los informes técnicos de las comunidades autónomas con experiencia en gestión del lobo, a fin de preservar la conservación de la especie y de la ganadería en España.

Aumentar ingresos y producción

Respecto a las medidas para aumentar ingresos y producción, piden aplicar un fondo extraordinario de 5.000 millones de euros que “dé liquidez inmediata al sector”. Para ello, se procederá a la modificación de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, ampliando su objeto de aplicación, de modo que “no sólo opere ante situaciones de pérdidas producidas por sequía, sino también por otras situaciones excepcionales que provoquen pérdidas de competitividad y desequilibrios en los mercados como la actual”.

De igual modo, reclaman complementar hasta el 200% por parte del Gobierno las ayudas del fondo de Reserva de Crisis --64,5 millones de euros--, tal y como prevé la Comisión Europea en su aprobación; concretar e implementar, de forma urgente, el destino de los fondos aprobados por la UE sobre la Reserva de Crisis prevista en el Reglamento sobre la Organización Común de Mercados y en el reglamento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y la Acuicultura, de tal forma que “se puedan financiar medidas excepcionales para contrarrestar la interrupción del mercado, que ya se registra en algunos sectores”.

Además, aprovechar la flexibilidad que ha dado la Comisión Europea sobre el anticipo e incremento del pago de la PAC para Pagos Directos y de Desarrollo Rural hasta el 70% y flexibilizar los criterios de cultivos a fin de aprovechar al máximo el rendimiento de todas las parcelas manteniendo al mismo tiempo el nivel completo del pago por greening para los agricultores, entre otras medidas.

Reducir costes

En cuanto a las medidas para reducir costes, apuntan a aplicar la reducción de los tipos del IVA al 0% para bienes y servicios que atienden a necesidades básicas, especialmente alimentos, de acuerdo con la autorización del Consejo Europeo a los estados miembros de diciembre de 2021 y recomendada por la Comisión Europea el día 23 de marzo.

Proceder, “de manera inmediata”, a la regulación que contemple la posibilidad de contratar dos potencias de energía eléctrica diferentes a lo largo de un año, en función del consumo real a los agentes del sistema alimentario, tal y como estaba previsto en la Ley 1/2018, y aplicar, “con carácter inmediato”, las bonificaciones ya previstas en la normativa vigente, como mínimo hasta un 35% de la factura del gasóleo y un 15% de los plásticos y fertilizantes para uso agrícola.

Igualmente, desde el PP abogan por establecer bonificaciones adicionales sobre el gasto incurrido por la compra del combustible, piensos y fertilizantes con sobrecostes derivados del conflicto bélico; la aplicación de un tipo del 4% del Impuesto sobre el Valor Añadido a las compras realizadas por los productores agrarios de aquellos medios de producción necesarios para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, como 'inputs' agrarios y materias primas.

Desarrollar, en el caso de la actividad pesquera, medidas similares a la reducción de las tasas sobre los carburantes y la generación de ayudas en base a un marco temporal excepcional a nivel europeo, además de conseguir reducciones en otros elementos de los costes de explotación, como las tasas portuarias en los muelles de interés general del Estado, y la revisión del enfoque de la transición energética en España, para adaptarlo a la situación actual y evitar la dependencia provocada, entre otras acciones.

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