Firmado en el Sercla el acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo en Elecnor

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, junto con la empresa Elecnor, subcontrata de Endesa y responsable del servicio de distribución eléctrica en Córdoba, han firmado este viernes un acuerdo en el ámbito del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), que beneficia a 190 personas trabajadoras y que “supone definitivamente la desconvocatoria de la huelga prevista para tres semanas y que se suspendió el pasado 13 de abril, tras un principio de acuerdo en este servicio”.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, tras tres sesiones de negociación celebradas en el Sercla (20 horas), se ha llegado a un acuerdo “por dos años, que supone la mejora en las condiciones de trabajo de la plantilla”. Las cuestiones acordadas se centran en guardias y retenes; dietas y festivos; descanso entre jornadas, y promoción interna.

Tanto el presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, José Manuel Gómez, como la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez, se han mostrado “satisfechos” por el acuerdo alcanzado en el Sercla y han agradecido, tanto a empresa como a los trabajadores, “su implicación y su trabajo” por resolver la situación, “apostando por el diálogo y el entendimiento”.

También han querido felicitar a los mediadores del Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía, por su trabajo y por demostrar que este recurso que ofrece la Junta es el más eficaz a la hora de “contribuir al desenvolvimiento pacífico de las relaciones laborales y a la gestión normalizada de la conflictividad laboral”.

Andalucía cuenta desde 1999 con un Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales propio, el Sercla, gestionado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. Este sistema tiene un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución.