¿Y a nosotros quién nos paga?

Un grupo de antiguos trabajadores del Córdoba ha entregado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 un escrito de alegaciones en el que pide la suspensión y paralización de la venta de la unidad productiva de la entidad blanquiverde. El documento, que ha sido presentado por el procurador Francisdo Hidalgo y firmado por la abogada Magdalena Entrenas, expone la demanda de profesionales como Enrique Martín Monreal -técnico que se desvinculó en la jornada nueve por “un problema personal”- y sus colaboradores Javier Ramos y Alfredo Sánchez Benito, el ex director deportivo Rafael Berges, el ex secretario del consejo Juan Ramón Berdugo, el ex director de comunicación y marketing Antonio Viola, la entidad García Amado Consulting SL y la firma Sanivo Abogados SLP. Todos ellos consideran lesionados sus intereses por el proceso de concurso de acreedores y posterior venta de la “unidad productiva” del Córdoba. Por eso piden la nulidad del auto dictado por el Juzgado.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, exponen que “como profesionales deportivos, de comunicación y/o jurídicos, que han prestado sus servicios, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia, con dedicación y buen hacer, en muchos casos sin haber cobrado durante mucho tiempo y ahora se ven abocados a no cobrar lo que legítimamente les corresponde, de continuar adelante con la venta autorizada por este Juzgado en condiciones muy favorables para los compradores y absolutamente nefastas para quienes, como los comparecientes, ostentan créditos legítimos contra la concursada”.

En el escrito de alegaciones se pone de manifiesto que “no se trata de la venta de una de las unidades productivas que pueda tener una empresa, sino de la única unidad productiva, lo que equivale tanto como decir la venta del Córdoba Club de Fútbol, dejando atrás sus deudas y con clara vulneración del principio fundamental que rige en cualquier concurso”.

Según los demandantes, “se encubre, en este caso, la venta completa de la empresa, libre de cargas, como una sola unidad productiva y dejando atrás a sus acreedores”. En sus alegaciones, reflejan que les eesulta “curioso y contradictorio” que Francisco Estepa, administrador judicial, diga públicamente que “la deuda de la SAD con más de diez millones de euros” y que “en 24 horas decida, ya nombrado como administrador judicial, vender todos los activos de aquella por 3 millones, proponiéndolo en unas condiciones leoninas que impiden, por cómo lo plantea, que pueda haber mejores ofertas”.

“A la vista de los requisitos leoninos establecidos en el Auto es imposible que puedan hacerse otras ofertas, pues ya para empezar el requisito estéril de que el ofertante tenga que ser una SAD constituida ex novo impide que cualquiera que esté interesado pueda dar cumplimiento a este requisito en cinco días hábiles”, subrayan los demandantes, que insisten en calificar el proceso de estéril “porque, además, para competir en la Segunda B no es necesario tener la forma jurídica de SAD”.

En el escrito, en el que ponen en duda la eficacia de la operación que está planteada como “salvación” del Córdoba Club de Fútbol, cierran con una dura advertencia. “Siendo los comparecientes personas que trabajan en el mundo del fútbol desde hace muchos años (...) llaman la atención de su señoría del precedente que de continuar adelante se sentaría no solo en el ámbito deportivo, sino en el de cualquier empresa a la que para dejar atrás sus deudas le bastara con conseguir vender como una unidad productiva todo lo bueno y continuar adelante, como si nada, con una nueva empresa que hiciera lo mismo con los mismos activos y hasta con los mismos trabajadores... Eso tiene un nombre. En el mundo del fútbol crearía un precedente terrible que abriría la puerta al fraude y a la inseguridad jurídica más evidente”.

Los próximos días serán determinantes en el desenlace de una operación que todavía aguarda el visto bueno fundamental de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuyo gabinete jurídico mantiene en estudio esta fórmula que no cuenta con precedentes en el mundo del fútbol. Mientras tanto, una oferta en firma -la del grupo Infinity, con capital de un fondo de inversión de Baréin-, duerme en el cajón de un despacho del Juzgado a la espera de su activación.

Infinity envía un mensaje: pagarán

Crowe, firma que representa en España al fondo de inversión Infinity -y cuyo responsable de oficina en Madrid, Javier González, se postula como próximo presidente blanquiverde-, ha reaccionado ante la presentación al juzgado del escrito de alegaciones de los extrabajadores del Córdoba. La inquietud por el cobro de sus deudas está, según expresan desde la entidad, garantizado para todos los empleados, tanto los que actualmente prestan sus servicios como los que lo hicieron anteriormente en distintas áreas de funcionamiento del club.

Desde Infinity aclaran que la apertura de un nuevo proceso de concurso de acreedores no supondría quita de parte de la deuda anterior. El mensaje de tranquilidad ha sido transmitido después de que saliera a la luz la alegación al proceso de venta de la unidad productiva del Córdoba por parte de un grupo de extrabajadores que, además de sentirse perjudicados, expresan sus dudas sobre la idoneidad de la operación de salvación del Córdoba.