El Córdoba CF SAD, con 1,8 millones de déficit en la 2018-19 y un futuro incierto

Administradores judiciales del Córdoba CF SAD, en una comparecencia de prensa | TONI BLANCO

Asunto zanjado. Pero no totalmente, claro está. Todavía requiere la aprobación de una junta general de accionistas que ya está convocada. En concreto, como se conociera este lunes, la asamblea está fijada el 26 de agosto. Va a ser entonces cuando quede resuelto o no el tema en cuestión, que no es otro que la conformidad -o no si así fuera decidido- de las cuentas del Córdoba CF SAD de las dos últimas temporadas. Para ser más exactos, en revisión van a estar en dicho encuentro el balance de la 2018-19 y el presupuesto de la 2019-20, después de que la administración judicial de la sociedad -a cargo de Francisco Estepa y Javier Bernabéu- finalizara el exhaustivo examen de la documentación requisada en noviembre tras la detención de su entonces presidente, Jesús León. En una primera exploración de los datos un aspecto sobresale: el informe de los auditores expone una falta de opinión debido a la situación incierta del club.

Sin ahondar en detalles de las cuentas, así como del informe de gestión, que han visto la luz este lunes tras su publicación por parte de la entidad califal -esto corresponde a un análisis más detenido-, el principal apunte del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018-19 refleja un déficit de 1,8 millones de euros -de 1.814.000,15 para ser más concretos-. Un resultado negativo que se suma al ya sufrido por parte de la SAD en el anterior curso económico (2019-20), que tras revisión arroja un saldo en rojo de cuatro millones -de 4.090.000,60-. Tal circunstancia viene a significar que la entidad continúa en una causa de disolución de la que se supiera a finales de 2018 y que se tratara de solventar con ingresos extras como por ejemplo con traspasos.

Pero este último objetivo no se ha alcanzado, a la vista está. Ni siquiera cuando a lo largo de la campaña 2018-19 las arcas del conjunto blanquiverde recibieron la entrada de 9,2 millones de euros -la cifra es de 9.230.000,44- únicamente por traspasos. Baste con observar, grosso modo, los guarismos de gastos en casos muy concretos. Como lo son, sin ir más lejos, los de gastos en plantilla deportiva -esto es al completo-, que son de casi 6,5 millones -de 6.476.000,69-, o los referidos a otros de explotación, que ascienden a casi seis -son 5.974.000,10-. Lógicamente, no es el único flujo de salida el mencionado en estas partidas. Por otro lado, queda reconocido el abono total de las cantidades restantes del convenio del concurso de acreedores de 2012, si bien resta el nombramiento de nuevo juez por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se produzca el cierre del mismo.

En cuanto al presupuesto de la temporada 2019-20, que también está atrasado -pues es la ya terminada-, los administradores judiciales cierran con una previsión de un superávit mínimo de poco más de 15.000 euros. La cuantía exacta es de 15.000,98, si bien el resultado va a variar -y probablemente de manera notable-. De tal forma queda expuesto en la documentación elaborada por Francisco Estepa y Javier Bernabéu. “La ejecución del presupuesto con posterioridad al cierre se ha visto afectada por los problemas de liquidez, la declaración de concurso y la pandemia declarada en marzo de 2020”, se señala. Por tanto, “se va a ver modificado en determinadas partidas en base a los acontecimientos acaecidos en la sociedad y las proyecciones de la misma”.

Lo cierto es que la inquietud en torno al futuro del Córdoba CF SAD no desaparece. Más bien lo contrario, habida cuenta las consideraciones de la administración judicial y la auditoría encargada de supervisar la formulación de las cuentas. La primera de las partes ha querido indicar en su informe de gestión que “dada la situación concursal, la crisis generalizada y las expectativas derivadas de la situación de pandemia que se ha venido sufriendo y cuyo escenario pudiera repetirse en los próximos meses, no es posible determinar cuál será dicha evolución”. En este sentido se hace referencia a la evolución previsible de la entidad, que depende de “diversos factores no controlables ni valorables en estos momentos”.

Un poco más allá van incluso los auditores, que no emiten opinión sobre los datos al no contar “con una base suficiente y adecuada” para ello. En su informe, explican más adelante que “las condiciones anteriores son indicativas de una incertidumbre material sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas”. Con todo, deja claro que las cifras “han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará”. Los factores que entran en juego en este caso son la causa de disolución y el segundo concurso de acreedores, así como la venta de la unidad productiva y la falta de liquidez. Es necesario apuntar al respecto que la realidad o no de algunos de estos puntos dependen de que obtengan firmeza jurídica.

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