Dos años de inhabilitación al presidente del Calahorra
El Comité de Competición sanciona a Francisco José Montes “por agresión al colegiado” Guillermo Ávila, de 15 años, durante un partido de alevines | Traslada el caso a la Fiscalía y a la Subdelegación del Gobierno
La justicia deportiva ya ha dictaminado: dos años de sanción para el presidente del Calahorra, Francisco José Montes, por el caso de la agresión al joven árbitro de 15 años Guillermo Ávila durante un partido alevines, el Salvador Allende-Calahorra, celebrado el pasado mes de diciembre. El Comité de Competición de la Federación Cordobesa, en su informe final del caso después de la toma de declaraciones a los protagonistas, indica que “queda acreditado unánimemente por los comparecientes, que en un momento determinado del partido y con ocasión de una parada del juego, el Sr. Montes Merino penetró en el terreno de juego y golpeó a éste con su mano, mientras le recriminaba sus decisiones, en una zona comprendida entre el cuello y la cara, acción que corresponde a la reflejada en el acta como ”un puñetazo“, y en cualquier caso constitutiva de agresión en normativa deportiva, y de la que subyace una relación causal evidente con las lesiones sufridas por el colegiado acreditadas en los documentos médicos aportados”.
La sanción de inhabilitación por un periodo de dos años se aplica, según el acta del Comité, “por la agresión al colegiado, dado que queda acreditada la existencia de baja laboral o equivalente del agredido y la condición de directivo del autor al momento de los hechos (art. 44.3). Y multa de 520 euros según la circular nº 7 de la FCF”. Además, se prolonga el castigo con “un mes por los insultos y amenazas reiteradas realizadas al árbitro (art. 36.3). Y multa de 20 euros según la circular nº 7 de la FCF”. Igualmente, el comité sanciona con un periodo de cuatro meses de inhabilitación al delegado del club, Francisco José Cerezo.
En su resolución, el Comité de Competición confirma que inicia los procesos para “trasladar el expediente a la Fiscalía, por si de los hechos relatados pudiera derivarse responsabilidad penal por la comisión de un presunto delito de falsificación de documento público”, al igual que “a la Subdelegación del Gobierno, por si la comisión de los hechos relatados pudiera ser constitutiva de infracción administrativa o de la normativa vigente en materia de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos”.
Tras este dictamen de la justicia deportiva queda por saber la sentencia por la vía judicial, tras la denuncia que presentó el árbitro y a la que se adhirieron la Federación Cordobesa y la Federación Andaluza. También queda pendiente una posible sanción por parte del Comité Antiviolencia.
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